La Impunidad, Caro Quintero y Manuel Bartlett frente a las Memorias del presidente Miguel de la Madrid

Por Bernardo León-Olea
@bernardomariale

“No hay lugar donde esconderse para ninguna persona que secuestre, torture y mate a un agente norteamericano de la ley.”

Merrick B. Garland

Abogado General de Estados Unidos

El 30 de mayo de 1984, el periodista Manuel Buendía fue asesinado en Reforma. En sus memorias, Miguel de la Madrid narra que los móviles del homicidio eran muy confusos y que tenía dudas sobre la posibilidad de encontrar al culpable, sus pesquisas no fueron conclusivas y el crimen no se resolvió durante su sexenio pero permitieron detener a José Antonio Zorrilla cabeza de la Dirección Federal de Seguridad, en el sexenio siguiente. En una nota de pie de página el ex Presidente señala:

 
Éste resultó ser ( el asesino, me permito intervenir) el licenciado José Antonio Pérez Zorrilla, quien fungía, en el momento del crimen, como titular de la Dirección Federal de Seguridad(DFS). Al parecer, Pérez Zorrilla había observado que las investigaciones que realizaba Buendía sobre narcotráfico lo estaban alcanzando.

En noviembre de ese mismo año, la policía y el ejército con base en informaciones de la DEA y por presión de la Embajada de Estados Unidos lograron decomisar 10 mil toneladas de marihuana del Rancho “Búfalo” en Chihuahua.

 
Unos meses después el agente de la DEA Enrique Camarena y el piloto Alfredo Zavala quienes descubrieron “Búfalo” fueron secuestrados y después de torturarlos los mataron; El experto Luis Astorga, refiriéndose a los acontecimientos de 1984-85 reflexiona:

 
El peor error que pudieron cometer fue haber secuestrado y asesinado en Guadalajara en 1985 al agente de la DEA, Enrique Camarena, y al piloto mexicano Alfredo Zavala. El traficante sinaloense Rafael Caro Quintero fue señalado como responsable (…) Para la DEA, los nexos entre la DFS y la Policía Judicial Federal (PJF) con los traficantes eran evidentes y tenían información al respecto. (…) Según un informante que la DEA consideraba confiable, la DFS era el verdadero cerebro de la reorganización de los grupos de traficantes en México y también funcionaba como brazo armado para eliminar a la competencia de los protegidos.

El ex presidente de la Madrid recuerda: 

La respuesta de la DEA, (…) ha consistido en orientar su ataque a los países productores.

Este cambio de estrategia hace que la atención se centre sobre nuestros problemas de corrupción e ineficiencia, y no sobre los suyos. Lo grave de este enfoque es que si tenemos cola que nos pisen. En México existe corrupción en la policía y las sumas millonarias del narcotráfico han creado complicidad o tolerancia de algunas autoridades.

 
Mas adelante escribe: 

“El domingo 24, Francis Mullen concedió una entrevista a la cadena de televisión norteamericana ABC, en la que acusó a la Policía Judicial Federal y a la Dirección Federal de Seguridad de México de brindar protección a los narcotraficantes que presuntamente secuestraron a Enrique Camarena.

 
De hecho Mullen dio a conocer datos que desgraciadamente resultaron ciertos. Y añade: 

La situación, compleja de por sí, se enturbió más ese mismo día (25 de febrero), porque la Policía Judicial Federal tuvo que reconocer que Rafael Caro Quintero, presunto narcotraficante y sospechoso del secuestro de Enrique Camarena, había huido en avión amparado por credenciales de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial de Jalisco.

 
Adicionalmente; “... el encargado de seguir el tráfico de estupefacientes en el Departamento de Estado, John Thomas, declaró ante una comisión senatorial que en México el tráfico de drogas continuaba con la aparente bendición de algunos dirigentes gubernamentales. Lo trágico de sus aseveraciones es que en buena medida eran ciertas(...) Por ello... la Procuraduría General de la República reconoció la existencia de nexos delictuosos entre narcotraficantes y agentes policiales, y presentó ante el Ministerio Público Federal a 13 elementos de corporaciones policiales del estado de Jalisco y federales, de quienes se presumía que estaban involucrados en el secuestro y posterior asesinato del famoso agente estadounidense.

 
“...yo tengo que trabajar apoyándome en estructuras tan vulnerables como las corporaciones policiacas, que están carcomidas por la corrupción” . Se lamentó el ex Presidente.

 
Desde el principio de su sexenio Miguel de la Madrid había hecho algunos esfuerzos por depurar a las policías, el 12 de enero de 1983, apenas mes y medio después de haber tomado posesión tomó la decisión de desaparecer a la Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) de la Policía del Distrito Federal:

 
En su memorias recuerda: 

“El día 12 de enero, ordené la reestructuración de los cuerpos policiacos, pues la Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia era un nido de hampones .

La DIPD, sucesora del llamado Servicio Secreto, había sido un instrumento eficaz para el combate y control de la delincuencia en el DF y, de vez en cuando, en otras partes del país, sin embargo, sus métodos de investigación, el uso indiscriminado de la tortura y la corrupción que imperaba la hacían una policía temible y que gozaba de gran impunidad.

 
En la Ciudad de México cometieron gravísimos crímenes que quedaron impunes, según Héctor A. Gonzales, el director de la Policía del DF durante el periodo 76-82 Arturo Durazo Moreno, el director de la DIPD, Miguel Nassar Haro y Francisco Sahagún Baca, a través de un grupo llamado “Jaguares” articularon la masacre de once narcotraficantes colombianos y un taxista mexicano, cuyos cuerpos aparecieron en “la Lumbrera No. 8, última compuerta del Emisor Central del Sistema de Drenaje Profundo, en el pueblo de San José Acoculco, municipio de Atotonilco, estado de Hidalgo”.
En cuanto a la Dirección Federal de Seguridad, Jorge Carrillo Olea , en una entrevista que le concedió a Sergio Aguayo Quezada publicada en su libro La Charola acerca de las instrucciones que había recibido del entonces candidato y posteriormente presidente electo De la Madrid, con respecto a los asuntos de seguridad, le explica lo siguiente:

 
“...me instruyó (Miguel de la Madrid) para que hiciera un diagnóstico en asuntos de seguridad.
Me dedicó mucho tiempo para conversar sobre la materia. Yo preparaba documentos amplios que leía con cuidado y que me regresaba con observaciones o preguntas al margen de la página. De esta manera empezó a definirse una agenda de inteligencia que terminaría siendo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Ya electo, me invitó a desayunar un sábado para informarme de su decisión de nombrarme subsecretario de Gobernación (antes incluso de que Bartlett supiera formalmente que iba a ser el titular), y me ratificó formalmente su intención de crear un servicio de inteligencia, expresándome su interés de que algún día pudiera llegar a ofrecer inteligencia sobre asuntos financieros.”
No obstante lo anterior, De la Madrid pareció dudar, quizás por tener que enfocar sus energías en el grave problema económico y financiero que enfrentaba, sin tenerse que ocupar del espinoso tema de la reforma de las policías federales, o porque Bartlett (quien sería Secretario de Gobernación 82-88) pensaba que necesitaba de esas policías para mantener el control y la estabilidad del país y una reforma debilitaría esa política, el caso es que dejó en manos de Bartlett y no de Carrillo Olea el control de las policías federales. Carrillo Olea recuerda:

...Sin embargo, en los primeros años no pude avanzar porque la misma tarde de la toma de posesión, Bartlett me dijo que él ejercería la dirección de la DFS y que ratificaría a Zorilla. Tenía, por supuesto, la facultad reglamentaria para hacerlo.

Informé al presidente, quien guardó silencio .

Una vez que el asesinato del periodista Buendía, del rancho “Búfalo” y del homicidio de Enrique Camarena y Alfredo Zavala hicieron crisis en las relaciones con Estados Unidos y en la confianza del presidente en esas instituciones de seguridad escribió:

...empecé a recibir noticias, información y chismes de que la DFS andaba mal. Bartlett siempre defendía a Zorrilla. Cuando se da el asesinato de Camarena y la fuga de Rafael Caro Quintero, Bartlett estuvo de acuerdo en que había que quitar a Zorrilla... […]... Al mes regresa Bartlett para decirme que había descubierto una gran cantidad de irregularidades y que no se le podía tener confianza a Zorrilla.
En noviembre de 1985 Miguel de la Madrid desapareció la DFS y creó de la mano de Carrillo Olea la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DISEN) que luego se convertiría en el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional).

Hoy Zorrilla está en la cárcel y Caro Quintero esperando su extradición. Después de 37 años, la DEA celebra que no va a haber impunidad por el homicidio de Enrique Camarena y afirma que no hay lugar para esconderse si se comete un crimen contra sus agentes. La seguridad que eso les debe dar en su trabajo a esos agentes de la ley ha de ser enorme. En México según el proyecto Azul Cobalto (https://proyectoazulcobalto.com/homicidios.php) llevamos de 2017 a la fecha 2,153 policías asesinados. ¿Tendrán donde esconderse sus asesinos para quedar impunes?

Miguel De la Madrid Hurtado (2004). Cambio de rumbo. México: Fondo de Cultura Económica pp. 50, 296, 397,398, 401, 403, 400. 

 

Luis Astorga (2003). Conferencia dictada en la VIII Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado. Análisis histórico del narcotráfico en Colombia. Bogotá: División Educativa y Cultural del Museo Nacional de Colombia, Embajada de Estados Unidos en Colombia y Embajada de México en Colombia. https://www.museonacional.gov.co/imagenes/publicaciones/analisis-historico-del-narcotrafico-en-colombia.pdf

  Héctor A. González (1984). México desgraciado. La matanza de Río Tula. Recuperado de

http://mexicodesgraciado.blogspot.mx/2007/05/la-matanza-de-rio-tula.html

 

Jorge Carrillo Olea fue un militar de carrera, Subsecretario de Gobernación (1982-1988) y fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 

Sergio Aguayo Quezada (2001). La charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México. México: Grijalbo pp.242, 243, 244.

Imputación, Vinculación o Acusación: El Sinuoso Camino de la Presunción de Inocencia

Por Bernardo León-Olea
@bernardomariale

“Ninguna persona debe ser sometida a un proceso penal si no hay una acusación en su contra…”

Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos

Ser sometido a un proceso penal tiene que ser una experiencia terrible. Si se es culpable por la alta probabilidad de perder la libertad y si se es inocente por la amargura de ser acusado públicamente de la comisión de un delito y el esfuerzo que implica demostrar la falsedad de la acusación y probar la propia inocencia.

Un sistema de justicia civilizado sabe que someter a proceso a una persona no puede tomarse a la ligera porque, aunque el acusado sea declarado inocente al final del proceso, el haber sido acusado y tener que defenderse por meses o años dejará marcada a la persona en lo personal y frente a la sociedad. 

Por ello, como su nombre lo indica, el sistema acusatorio requiere de una “Acusación” para que una persona sea sometida a proceso. Una “Acusación” que implica demostrar con medios de prueba establecidos en artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que se cometió un delito y que la persona acusada lo cometió o participó en su comisión.

En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se requiere para los delitos graves que un Gran Jurado, es decir un grupo de ciudadanos revisen la evidencia presentada por la fiscalía y decidan si hay pruebas suficientes para que se formule una acusación.

Una vez formulada la acusación ante un juez, éste revisa si se cumplen todos los requisitos necesarios en la acusación y libra una orden de aprehensión o un citatorio que obligan a la persona acusada a presentarse a una audiencia donde le informarán que ha sido acusada de un delito. 

La revisión judicial de la acusación implica necesariamente que la investigación está terminada, tiene todas las pruebas necesarias para someter a una persona a un juicio y buscar una sentencia condenatoria, esto sin menoscabo de que pueda haber pruebas o hechos posteriores a la acusación que no se conocían en el momento de hacerla. 

La diferencia fundamental con el sistema inquisitivo es que en ese sistema no hay realmente una acusación. La investigación es un proceso que se litiga primero ante el ministerio público y luego frente al juez, en la mayoría de los casos la persona se encuentra detenida durante el proceso y la investigación continúa durante el proceso sin que la persona sepa exactamente de que la acusan (solo había un documento que se llamaba auto de formal prisión que establecía los hechos y las responsabilidades pero estas podían cambiar en el transcurso de la “instrucción” que era una investigación judicial con la persona detenida o sometida a proceso en libertad).

Finalmente, en el viejo sistema inquisitivo después de la instrucción había una etapa de juicio donde el ministerio público podía ofrecer conclusiones acusatorias o no acusatorias y en su caso el juez sentenciaba. Evidentemente todo por escrito.

En esta peculiar modalidad de sistema acusatorio que hemos adoptado en México persisten muchos de los vicios del sistema inquisitivo.

Las investigaciones del Ministerio Público se siguen litigando ante este funcionario, las agencias del ministerio público, las llamadas mesas de trámite y los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) en sede ministerial resuelven entre el 75% y el 85% de los procedimientos penales en México sin la intervención de un juez.

En el resto de los casos derivado de la investigación se puede librar una orden de aprehensión con un estándar de prueba muy bajo sin que la persona esté acusada de ningún delito y una vez detenida, es imputada con un nuevo estándar de prueba bajo, luego vinculada a proceso que deriva en un periodo de investigación complementaria bajo control judicial -como la vieja instrucción – y finalmente después de meses o años en que se lleva a cabo la investigación complementaria, la persona – que en muchos casos está en prisión preventiva oficiosa o justificada – es acusada de algún delito.

La ausencia de la acusación como requisito para solicitar una orden de aprehensión y para someter a una persona a proceso permite que personas como el exprocurador Murillo Karam o en su momento Rosario Robles, José Manuel del Río Virgen, el exprocurador de Veracruz Jorge Winckler y muchos más estén en prisión sin estar acusados realmente de nada.

La cuestión no solo es la prisión preventiva oficiosa o justificada, sino el requisito de “Acusación” porque aun cuando desparezca la prisión preventiva oficiosa permanecerá la prisión preventiva justificada y un proceso penal para personas que no estarán acusadas de nada hasta después de la imputación, la vinculación a proceso y la investigación complementaria.

El “Principio Acusatorio” es quizás la garantía más importante de un sistema democrático de justicia porque implica que una persona sabe de qué la acusan y de que se está defendiendo. Evidentemente si no conoces de que te acusan no sabes de que te defiendes lo cual te pone en una grave situación de inseguridad jurídica, particularmente si estas detenido y aunque no lo estés.

Es evidente que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la presunción de inocencia, pero es igual o más grave es que una persona esté sometida a un proceso penal – detenida o en libertad – sin que sepa de que la acusan. 

Introducir el principio acusatorio en nuestro sistema “Acusatorio” es clave para reformar nuestro sistema de justicia, ya no se diga para incentivar buenas investigaciones.

Articular la Política Criminal y una Secretaría de Justicia (Primera parte)

Por Bernardo León-Olea

@bernardomariale

El viernes 21 de febrero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación  un decreto que derogaba el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal desapareciendo la antigua Secretaría de Programación y Presupuesto e integrando prácticamente todas sus funciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La idea era articular la política económica en una sola secretaría: “…las atribuciones fiscal, financiera, crediticia y de gasto del Poder Ejecutivo Federal, además de las relativas a la planeación y a la información que le sirve de base a ésta, con el propósito de fortalecer la cohesión de la política económica y, con ello, contribuir a la consolidación, tanto de la recuperación económica, como de la estabilización y del financiamiento del desarrollo. Esto tendría lugar mediante la fusión de las actuales secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público.” 

La propuesta de fusión de ambas secretarías tenía por lo menos tres antecedentes; a) la grave crisis económica que sufría México desde 1982 debido a la reducción de los precios del petróleo (su principal fuente de ingresos en esa época) que pasaron de 36.31 dólares por barril en 1981 a menos de 12 dólares en 1986, lo que impedía que México pagará sus deudas con la banca internacional; b) el enorme déficit fiscal que provocó la disminución de los ingresos del gobierno generando inflaciones superiores al 100% anual destruyendo los ingresos y el ahorro de los mexicanos; y c) los pleitos que había entre los secretarios de hacienda y los de programación y presupuesto para articular una política económica congruente.

La cuestión era que dos presidentes de la República (Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari) habían sido secretarios de programación antes de ser presidentes (Zedillo también pero no inmediatamente antes de ser presidente) y la “grilla” entre los secretarios de Hacienda que querían políticas muy prudentes de restricción del gasto y los de programación que querían gastar (porque eso les daba bonos políticos) desarticulaban la política económica y mantenían a los mexicanos en una situación de crisis económica permanente.

La fusión de Hacienda y Programación y Presupuesto no fue la única medida estructural importante que le ha dado (pese a todo) estabilidad a la economía mexicana. En 1993, el Presidente Salinas de Gortari propuso una reforma al artículo 28 constitucional con el fin de darle autonomía al Banco de México de tal manera que la política monetaria no estuviera influida políticamente y fuera un contrapeso a las políticas y el poder de la propia “supersecretaria”. 

En el portal del Banco de México se puede leer: “Si bien durante las décadas conocidas como el desarrollo estabilizador se mantuvieron políticas fiscales y monetarias coordinadas y prudentes que permitieron un crecimiento sostenido con baja inflación, en los años setenta y ochenta la economía experimentó una etapa turbulenta, que se originó en la aplicación de políticas excesivamente expansivas, así como en la obligación que se impuso al Banco Central de extender crédito para financiar los déficit fiscales en los que se incurría. Esto condujo al deterioro de la estabilidad de los precios, generando inflaciones agudas, prolongadas y profundamente perjudiciales para la sociedad –las cuales alcanzaron niveles que rebasaron el 100% entre 1982 y 1988 (Banco de México, 2017).

Tras estos periodos de una profunda erosión del poder adquisitivo del dinero y pérdida de bienestar social, resultó clara la necesidad de separar de manera definitiva la función de crear dinero, de otras tareas del Estado en las que se enfrentan continuas demandas para aumentar el gasto. Por ello, se planteó cambiar la naturaleza jurídica del Banco de México, brindándole autonomía y otorgándole la finalidad prioritaria de procurar la estabilidad de precios con un compromiso de largo plazo.” 

Así la fusión en Hacienda (aunque muy criticada por la oposición de izquierda que votó en contra – una supersecretaria criticaban) permitió articular la política económica y eliminar muchos de los inconvenientes administrativos y políticos que provocaban dos secretarías que en más de un sentido duplicaban y obstruían las funciones de cada una en detrimento de la estabilidad y el crecimiento económico.

Bajo un solo mando las políticas financieras, de ingreso y de gasto se articularon y poco a poco permitieron la estabilidad económica de la que ahora seguimos disfrutando los mexicanos. Al mismo tiempo, la autonomía del Banco de México permitió equilibrar las necesidades de gasto del gobierno impidiendo políticas monetarias expansivas y manteniendo la inflación bajo control protegiendo la estabilidad económica y el poder adquisitivo del dinero.

Nada mal, una reforma estructural de gran calado le ha dado a México dos décadas de estabilidad pese a muchos desafíos en la economía y crisis en la economía internacional.

Mutatis mutandi (cambiando lo que se deba cambiar) la crisis que vivimos de seguridad está íntimamente relacionada con la forma en la que estructuramos las instituciones de seguridad y justicia penal en México y los procesos que desarrollan cada una.

Hasta antes de 1917 los Código de Procedimientos Penales establecían que la investigación del delito correspondía a la llamada “Policía Judicial”  que no era un cuerpo orgánico de policías como podrían ser hoy las policías ministeriales o investigadoras, sino que era una función de diferentes policías, como los inspectores de cuartel, los comisarios de policía, el inspector de policía, el ministerio público, los jueces correccionales y los jueces de lo criminal que además de sus tareas específicas estaban en “funciones” de policía judicial investigando algún delito.

Esta “función” investigadora tenía además la peculiaridad de que salvo casos muy excepcionales todos los delitos se investigaban de oficio, es decir, una vez que la policía judicial tenía conocimiento de un hecho posiblemente delictivo debía investigarlo sin mayor trámite.

Las policías dependían de los llamados “jefes políticos” (este nivel de gobierno intermedio entre los alcaldes y los gobernadores) a nivel local y de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, obviamente los jueces de lo criminal eran parte del poder judicial y el ministerio público (encargado de formular la acusación) una incipiente Procuraduría General de la República que estaba integrada en la Secretaría de Justicia.

Sin embargo, en 1917 los constituyentes decidieron (con base en información falsa y distorsionada del diputado y asesor de Carranza José Natividad Macías ) darle al Ministerio Público el monopolio de la acción penal y el control directo de la “policía judicial” con la peculiaridad de que la “policía judicial” ya no sería una función de todas las policías sino que sería un cuerpo de policías exclusivamente investigadores (Sección de Investigaciones le llamaron originalmente) que dependerían del ministerio público y en última instancia del procurador. 

El resto de los policías; municipales, estatales y federales serían considerados policías “preventivos” – “gendarme de la esquina” los llamó despectivamente José Natividad Macías, los cuales dependerían de las secretarías de gobernación a nivel federal y estatal y del alcalde a nivel municipal. Con esta medida separaron a las policías en “investigadoras” dependientes de las procuradurías y “preventivas” dependientes de gobernación o equivalente.

Todo esto olvidando (o ignorando) que el trabajo policial es integral y que la investigación y la prevención están íntimamente relacionadas, la prevención (patrullaje, vigilancia, proximidad con la sociedad, solución de conflictos, recepción de denuncias, etc.) es una parte fundamental de la investigación y al revés, una policía “investigadora” que no está involucrada en la prevención parte de cero en cada caso desconociendo los procesos criminales que hay en las comunidades.

Esta división empobreció a ambas policías y es uno de los principales factores de impunidad y por tanto de inseguridad que hay en México. Desde este nefasto diseño institucional, la política criminal está divida en dos en todo el país, por un lado, las secretarías municipales, estatales y federal que dirigen a las policías “preventivas” (que incluyen a la Guardia Nacional) y las fiscalías que controlan a las policías investigadoras.

Por si eso fuera poco, la investigación del delito corresponde al ministerio público – que también está en las fiscalías – y aunque el artículo 21 constitucional les otorga facultad de investigar a las policías (a todas) las pone bajo la “conducción y mando” del propio ministerio público lo que en la práctica deja la investigación en las manos exclusivas de esta autoridad.

Como las “grillas” entre los funcionarios de la antigua Secretaría de Hacienda y los de Programación y Presupuesto, que se acusaban de no tener un manejo prudente del presupuesto y los segundos de querer estancar la economía del país, las secretarías de seguridad y sus policías y las fiscalías y sus policías también se acusan de no prevenir los delitos y en contra parte de no investigarlos y procesarlos. Frases como “puerta giratoria”, “detenciones mal hechas”, “no saben llenar el informe policial”, “dejan libres a todos”, “no investigan” son parte del argot cotidiano de la impunidad.

El asunto se ha agravado en los últimos años con la autonomía de las fiscalías – que en realidad es una coartada para ocultar su dependencia del ejecutivo y legitimar persecuciones políticas u otorgar impunidad a aliados y asociados – porque la facultad de investigación de las policías preventivas depende de la “conducción y mando” del fiscal autónomo y no del presidente, el gobernador o el alcalde. Un esquema condenado al fracaso.

Sin duda, la “Estructura es la Estrategia” – como escribí en uno de mis libros  – entonces la estructura de las instituciones de seguridad y justicia penal en México que están divididas en “preventivas” e “investigadoras” impide una política criminal articulada que pueda investigar y perseguir a los criminales y a sus organizaciones eficazmente.

El esquema podría ser un paralelismo de los que fue la fusión de Hacienda con Programación y Presupuesto y la autonomía del Banco de México. Lo primero es desparecer esta división entre policías preventivas e investigadoras e integrar a ambos cuerpos bajo un solo mando con facultades plenas de investigación, así la retroalimentación entre policías uniformados y policías de no uniformados permitiría conocer a detalle el “universo criminal” de las comunidades y desarrollar investigaciones “proactivas” que permitan procesar a los criminales y sus organizaciones.

Para ello es indispensable crear una dependencia que integre la política criminal bajo un solo mando y articule la prevención y la investigación del delito. A nivel estatal y municipal pueden ser las secretarías de seguridad pública y a nivel federal podría eliminarse la secretaría de seguridad y diseñar una verdadera Secretaría de Justicia.

La fusión de las policías en una sola dependencia articula la investigación del delito, pero deja abierto la cuestión del ministerio público (MP) y su autonomía. Aquí es fundamental replantear la función de los fiscales como lo que siempre debieron haber sido: abogados que litigan las investigaciones de la policía, es decir, el MP debe transformarse en el despacho de abogados de las víctimas y de la sociedad, su trabajo es jurídico y por eso la ley le exige ser licenciado en derecho.

Una vez replanteada su función jurídica, los fiscales (no las fiscalías) regionales, estatales y federales deben conservar su autonomía ya sea a través de un sistema de carrera o de elección para ser directamente responsables ante las víctimas y la sociedad y para evitar que su función tenga motivaciones distintas a la procuración de justicia.

A nivel federal necesitamos una muy sólida Agencia de Investigación Criminal y un cuerpo de fiscales (abogados) autónomos que litiguen las investigaciones de dicha agencia con responsabilidad ante la nación y sin influencias políticas indebidas.

Sin duda la estructura es la estrategia y la unidad de mando en la política criminal y los equilibrios entre la investigación y persecución de los delitos puede tener los efectos en la impunidad que (simplificando un poco) tuvo la fusión de Hacienda y Programación y Presupuesto y la autonomía del Banco de México en la economía.

¿Quién paga la factura?

Por Bernardo León-Olea 
@bernardomariale

Mientras escribo estas líneas los diputados federales discuten la reforma eléctrica que propuso el presidente, así que a esta hora es imposible saber el resultado de la votación, aunque al parecer (ojalá) será rechazada.

La cuestión de fondo es la “inversión” es decir el dinero que se requiere para modernizar y ampliar la capacidad de producción de energía eléctrica y de hacerlo con base en energías limpias como las que aprovechan la energía solar o el viento. Y la pregunta sin duda será ¿Quién puede aportar ese dinero? Y ¿Quién va a pagar la factura de las industrias eléctricas que ya están operando en México? Y ¿Qué inversionista privado querrá invertir en México en el futuro sin la seguridad de sus inversiones?

Antonio Ortiz Mena fue secretario de Hacienda de México durante la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, en su libro “El desarrollo estabilizador: reflexiones sobre una época” (FCE:1998) explica que el crecimiento económico de México implicaba una demanda adicional de electricidad de 10% anual (México tenía 37 millones de habitantes) y que desde el inicio la electricidad en México la proveían dos grandes empresas extranjeras, la Mexican Light and Power (luego compañía de Luz Y fuerza) en el centro del país y la American Foreign Power (Impulsora de Empresas Eléctricas) en el norte del país y varias empresas mexicanas no tan grandes abastecían otras ciudades del país.

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (sobre todo después de la expropiación petrolera) el gobierno negó un aumento de tarifas y según Ortiz Mena “Con las bajas tarifas se redujo notablemente la rentabilidad de las empresas eléctricas” por ello, las empresas privadas (nacionales y extranjeras) entre 1945 y 1960 redujeron sus inversiones en electricidad “a causa de las bajas tarifas y de la incertidumbre prevaleciente en cuanto al marco regulatorio.”

Sin embargo, hasta 1960 el incremento en la inversión (que logró aumentar de 700 mil a 3 millones de kilovatios la generación de electricidad) fue compartida por mitades entre la CFE y las empresas privadas.

La forma de llevarla a cabo fue a través de la compra de acciones de las empresas privadas (fundamentalmente las extranjeras) a través de créditos a una tasa del interés del 6.5% y pagaderos a 15 años, en total la nacionalización costó 650 millones de pesos de esa época cuando el dólar estaba a 12.50 (0.0125 centavos de hoy). Para 1962 Ortiz Mena obtuvo un crédito de 130 millones de dólares para apoyar a la CFE y sus inversiones en la industria eléctrica y en 1963 estableció que la emisión internacional de bonos del gobierno mexicano sería para “la inversión en el sector eléctrico”.

Por su parte, en su libro “La Política Económica de México 1970-1976” (Siglo XXI:1993) Carlos Tello Macías (funcionario de Hacienda en esa época) criticaba los resultados del “desarrollo estabilizador” porque a pesar del “crecimiento económico, solidez monetaria, solvencia crediticia y estabilidad política…” había una creciente concentración de la riqueza, graves rezagos en los servicios sociales, desempleo y una limitada inversión pública. Paradójicamente, la respuesta de esos años fue aumentar el tamaño del gobierno y el número de empresas y entidades gubernamentales y el déficit fiscal.

Al día de hoy, la deuda del gobierno mexicano asciende a 10 billones 395 mil 86.6 millones de pesos (40% del PIB), 4.9% más que en 2020 y 11.4% que en 2019 . La recaudación está presupuestada en 7 billones de pesos que provienen fundamentalmente del Impuesto sobre la renta, el IVA, otros impuestos al consumo (como la gasolina) y las contribuciones a la seguridad social . 

Ósea de los impuestos que todos pagamos (no solo los que hacen su declaración), dicho de otra manera, la factura la pagamos y la hemos pagado nosotros. ¿No sería mejor gastar nuestro dinero en seguridad, justicia, educación, salud, etc., que en las ineficientes y caras empresas del gobierno?

LA TEOLOGÍA DE LA ESTATIZACIÓN AMLO y Mitterrand frente a la Reforma Eléctrica

Por Bernardo León
@bernardomariale

Conservar la cabeza vale más que conservar el sombrero

Proverbio nigeriano

Mitterrand: Modernizar o Morir

El 23 de septiembre de 1981 el presidente de Francia Francois Mitterrand se reunió con su Consejo de Ministros (El primer ministro y los miembros del gabinete) para discutir la Ley de Nacionalizaciones que se presentaría a la Asamblea Nacional. La idea general era – según ellos – estatizar grandes compañías y la banca francesa para dirigir la economía evitando criterios exclusivamente capitalistas (margen de rendimiento sobre las inversiones) y buscar el interés general.

El primer ministro, Pierre Mauroy expuso el proyecto, pero el gabinete se dividió en la discusión, Mitterrand quería que la nacionalización de las empresas privadas fuera al 100% es decir, que el gobierno expropiara (y pagara) el 100% de las acciones, mientras que el ministro de Planeación Michel Rocard proponía sólo comprar el 51% de las acciones porque era mas barato y porque con eso bastaría para controlar a las empresas y nombrar a sus directores.

Sin embargo, Mitterrand optó por el 100%. Cuando le preguntaron por qué señaló: “No quiero que se pueda dar marcha atrás. Hace falta que la extensión del sector público se convierta en irreversible”1 . Además, no quería parecer pusilánime con sus votantes comunistas que desde Lenin pensaban que los socialdemócratas (como Mitterrand) no eran mas que unos oportunistas y revisionistas.2

Con fuertes discusiones y debates entre los diputados, pero con la mayoría del gobierno y sus aliados se aprobó la ley que nacionalizaba al 100%, seis de las compañías industriales más grandes de Francia, en electrónica y telecomunicaciones, textiles, química, vidrio, papel, metales, acero, aviones, defensa, computadoras y farmacéutica además del 100% de los bancos privados franceses 3. El Monopolio de la Electricidad (Électricité de France) ya era propiedad del gobierno.

La Ley de Nacionalizaciones fue promulgada el 11 de febrero de 1982 y fue festejada como el cumplimiento de una de las promesas de campaña mas importantes del primer presidente Socialista (en coalición con los comunistas) de la V República Francesa, pero el costo sería enorme, el tesoro francés debió pagar 51 mil millones de francos (mmdf) que con intereses significaba pagar a 15 años unos 300 mmdf equivalente a una tercera parte del presupuesto anual de la Francia de esa época 4.

Una vez nacionalizados los bancos y los siete grupos industriales mas importantes, el gobierno francés generaría casi cuatro de cada cinco empleos, 30% de las exportaciones y 60% de la inversión industrial, además de manejar 87% de los depósitos bancarios, 81% de los créditos y el 100% de las empresas privadas dependerían del crédito de los bancos del gobierno 5.

Las nuevas empresas nacionalizadas enfrentaron por lo menos dos grandes problemas; a) problemas de gestión y b) problemas de financiación. En cuanto a los problemas de gestión, Mitterrand despidió a todos los directores y consejos de administración de las empresas y encontrar nuevos directores entre sus aliados socialistas, los que veían sus cargos en las empresas como trampolines políticos y como cuotas de grupos, mas que como una tarea gerencial. Adicionalmente, el ministro de Industria tomaba decisiones y hacia reestructuraciones sin avisarle a los directores y sin criterios de productividad y finalmente la ley impedía que hicieran compras o ventas de unidades de negocio (muy común en la iniciativa privada) y eso impedía una gerencia eficaz 6.

Por otro lado, la financiación se complicaba porque a finales de 1982 casi todas las empresas nacionalizadas estaban en números rojos (incluyendo muchos bancos) y el gobierno (con recursos presupuestales) les dotaba del capital que necesitaba aumentando el déficit público. Entre la empresa Sacilor, Usinor (acero) y Renault (coches) acumulaban perdidas de mas de 75 mmdf y el gobierno les dotó de 45 mmdf para sostenerlas 7.  

Durante el periodo “estatista” (1981-85) la economía creció 1.2% frente al 3.3% de 1976 a 1980, el desempleo subió 8.8% frente al 5.4, la inflación se mantuvo alta en 9.4 frente al 10.5 (debido a los altos precios del petróleo de los años 70) y el déficit fiscal 3.0 frente al 0.7 anterior (8). 

El proyecto “estatista” fue un rotundo fracaso que le costo las elecciones legislativas al Partido Socialista y Mitterrand decidió abandonar el proyecto, apenas en marzo de 1983, un año después de aprobada la Ley de Nacionalizaciones cesó al ministro de Industria y abolió el Ministerio del Plan.

Concebidas para esquivar las leyes del mercado mundial, el fracaso del estatismo permitió que la izquierda entendiera el valor de las empresas y rompió “con un socialismo trasnochado” Mitterrand entendió “…unos meses mas tarde que se había equivocado para que abandonara, de golpe, la teología nacionalizadora del Partido Socialista.”(9)  Los mecanismos del desarrollo serían otros.

Para las elecciones legislativas de marzo de 1986, el Partido Socialista perdió las elecciones y Mitterrand tuvo que aceptar la “cohabitación” es decir que el presidente Socialista debía nombrar a un primer ministro Liberal miembro de la coalición opositora que había ganado.

El nuevo primer ministro liberal Jacques Chirac logró la aprobación de la Ley de Privatizaciones (publicada apenas en julio de 1986) que regresaba a la iniciativa privada (vía venta de acciones en la bolsa) 65 grandes conglomerados empresariales, en total como 1,454 empresas. Esto permitió que mas de 3 millones de franceses fueran accionistas de esas empresas (muchos de ellos sus trabajadores) y que Mitterrand entendiera que no era una ruptura con el socialismo sino con “el anacronismo” 10.

Mitterrand y los socialistas (antes de las privatizaciones) creían que las empresas estatales pueden esquivar las leyes del mercado, que sin la ambición de la renta capitalista podían dirigir el rumbo de la economía a través de las grandes empresas del Estado sin embargo, los socialistas franceses de hace cuarenta años (que duraron 14 años en el gobierno) observaron como los impuestos de los franceses estaban financiado los números rojos de aquellas empresas y bancos y no los beneficios sociales que prometieron a sus electores. Los déficits crecieron, la economía se estancó y la inflación amenazó con diluir los salarios y los ahorros de los franceses.

Quizás los más grave es que la economía francesa se estaba volviendo obsoleta y era necesario un enorme esfuerzo para modernizarla. Por ello, tuvieron la osadía de cambiar, de encontrar nuevos métodos para lograr los fines de un socialismo democrático y no volver la vista atrás.

AMLO: Morir antes que Modernizar

En estos días se discutirá la reforma eléctrica propuesta por AMLO, su objetivo es “estatizar” de nuevo la generación de energía eléctrica bajo la premisa de que la CFE podrá esquivar las leyes del mercado y generar electricidad a precios bajos, esto permitirá dirigir la economía y controlar a muchas empresas con la herramienta del abasto de electricidad.

El resultado será el mismo, enormes déficits, ausencia de inversión y problemas de abastecimiento, una película que los mexicanos de los años ochenta y noventa vieron reiteradamente. ¿Por qué volver a ver una película de la que todo mundo conoce el trágico final?

AMLO no cree en la ley y por tanto desprecia a los organismos reguladores, la hipótesis central de su política y de su iniciativa es que el Estado (en realidad su gobierno) debe dirigir la economía y a través de las empresas como CFE controlar las imperfecciones del mercado y hasta proteger la soberanía.

¿Por qué vuelven a equiparar soberanía con empresas del Estado? 

A pesar de este tropezón de nostalgia autoritaria y nacionalista que ha convocado entre otros a Trump (EUA), Erdogan(Turquía), Orban(Hungría), Putin (Rusia), Bolsonaro (Brasil), Duterte (filipinas) y AMLO al mismo tiempo, la globalización es decir, el intercambio mundial de bienes y servicios, los sistemas financieros internacionales, el grave deterioro ecológico de todo el planeta, las telecomunicaciones, las redes sociales, la pandemia, la migración, etc., impiden volver a un pasado nacionalista y autárquico que partía de la base de países cerrados al comercio, que sustituían importaciones y gobernaban autoritariamente con la herramienta de las empresas del Estado, la deuda, los déficits fiscales y el argumento desgastado de la soberanía. Eso no existe mas, ni es sostenible.

Después de un viaje a Silicon Valey en 1983, Mitterrand quería que Francia se inspirara en ese lugar de alta tecnología para modernizarse “porque iban con retraso”. Una vez muerto el experimento estatista afirmó: “Francia ha optado por el riego de la modernidad contra el confort de la inmovilidad” 11.

¿Quién se anima a llevar a AMLO a Silicon Valley?

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1 Giesbert, Franz Olivier, Mitterrand El Presidente. Pp. 231Biografías Espasa 1991

 2 Lenin, Vladimir I. La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky https://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/lenin_renegado_kautsky.pdf

  3 Tiersky, Ronald, Francois Mitterrand, The Last French President. St. Martin´s Press 2000.

  4 Op. Cit. 1 pp. 230.

 5 Op. Cit 2 pp. 143

 6 Rodríguez Ondarza, José A. y Rubio Guerrero, Juan J. El Proceso de Privatización en Francia y en el Reino Unido, Papeles de Economía Española no. 38, 1989 pp.434.

  7 Op. Cit 5

  8 Op. Cit 5

  9 Op. Cit. 1

  10 OP. Cit 5

  11 Op. Cit. 1

 

 

Elegir y Revocar a los Fiscales

Por Bernardo León

@bernardomariale

 

Fiscales electos popularmente 

 

El 10 de septiembre de 1832 los 48 delegados a la Convención Constitucional del estado norteamericano de Mississippi se reunieron en el pequeño pueblo de Jackson (hoy su capital) para hacer una nueva constitución estatal^[1]. 

 

El mandato de la Convención era muy puntual, ampliar el control democrático del gobierno. Para ello se hicieron dos propuestas fundamentales; a) que todos hombres blancos pudieran votar (antes sólo los que tuvieran propiedades o pagaran impuestos); y b) que los jueces, los fiscales regionales (ministerios públicos) y los fiscales estatales, así como otros cargos públicos estatales y municipales fueran de elección popular (no por designación).

 

A principios del siglo XIX los fiscales regionales en Estados Unidos eran funcionarios judiciales que representaban al gobierno en asuntos penales y civiles, sin embargo, con el tiempo fueron tomando importancia sobre todo porque decidían, de manera discrecional, si se formulaba una acusación o no contra una persona. Esta facultad sobre la acusación los obligó casi de manera natural a trabajar con las policías (recién creadas) y a ser considerados más parte del poder ejecutivo que del judicial.

 

La cuestión de fondo es que los fiscales regionales además del enorme poder que fueron adquiriendo, eran nombrados por las legislaturas estatales (uno por distrito judicial) con base en cuotas derivadas de las negociaciones políticas entre los partidos; el llamado “patronazgo” que era el reparto de cargos públicos entre amigos, socios, compadres o familiares de los diputados locales y de los partidos.

 

Este sistema provocaba muchas injusticias e impedía que los ciudadanos se sintieran representados por sus fiscales porque respondían a quien los nombró y no a quienes debía representar (víctimas y ciudadanos) y no sentían que se hacía justicia.

 

Por ello, en la nueva Constitución Estatal de Mississippi se tomó la decisión de que los fiscales fueran electos por el pueblo, uno por cada condado o distrito, para asegurar que los representaran en los tribunales o que les fuera revocado el cargo. Lo mismo hicieron con el Fiscal General del Estado que también es electo.

 

Estados Unidos es el único país del mundo donde de los 2,341^[2] fiscales de distrito y los fiscales generales de los estados son electos por voto popular y a partir de que Mississippi decidió que fueran electos y al día de hoy solamente tres estados (Alaska, Connecticut y Nueva Jersey) no eligen a sus fiscales (estatal y de distrito) sino que son designados por el gobernador y aprobados por la legislatura estatal.

 

Es importante mencionar que a nivel federal el Fiscal General de la República y los fiscales federales de distrito (93) son designados por el Presidente y aprobados por el Senado. 

 

Crisis y Reforma de la Justicia Penal

Entre 1960 y 1990 Estados Unidos vivió una fuerte crisis de seguridad representada por el incremento de las tasas de homicidios de 4 hasta 11 por cada 100 mil habitantes^[3]. Durante esos años las políticas fueron muy duras con los criminales y el número de personas en prisión se cuadruplicó desde 1970. La población privada de la libertad en Estados Unidos es de 2.2 millones de personas^[4], por mucho la más grande del mundo.

 

Ahora la tasa de homicidios es mucho menor (5 por cada 100 mil habitantes)^[5] y en la mayoría de las ciudades la criminalidad está bajo control (con sus excepciones), pero esto ha permitido hacer una revisión de las políticas que se han implementado y los efectos que han tenido en la sociedad.

 

Una ONG dedicada a revisar las políticas de prisión encontró que el 74%^[6] de las personas que están en prisión no están sentenciadas y siguen detenidas porque no pueden pagar una fianza, medio millón de personas están en prisión por crímenes no violentos^[7] y el 45% de los presos son negros, aunque sólo representan el 13% de la población^[8].

 

Fiscales Electos y Reforma al Sistema de Justicia

 

Estos datos aunados a los abusos documentados de algunas policías contra la población negra y latina han generado un movimiento muy grande para reformar el Sistema de Justicia Penal. Lo interesante del caso es que el primer frente de batalla para la Reforma al Sistema de Justicia Penal se ha centrado en la elección de los fiscales de distrito. La idea es que puedan llevar a cabo las reformas como reducir el encarcelamiento de delitos menores, reducir las fianzas, centrarse en los delitos mas violentos, no pedir la pena de muerte y tener un acercamiento a las drogas mas centrado en la salud pública que en el delito.

 

El Movimiento de Fiscales Progresistas no es una organización sino un movimiento de personas que buscan ser elegidas o ayudar a elegir a los que le llaman “fiscales progresistas” que con sus facultades (básicamente dirigir las investigaciones de la policía, acusar a los probables responsables, litigar el juicio y solicitar las penas) apliquen estas políticas y así reformen el sistema penal.

 

Otros miembros del movimiento – como el Marshall Project ^[9]– concientizan sobre la necesidad de la reforma a través del periodismo de investigación. La clave del movimiento, sin duda, es que los fiscales de distrito son electos (normalmente cada 4 años) y eso permite que estos grupos promuevan su agenda a través de candidatos que han ido ganando en diferentes distritos el cargo de fiscales y han ido aplicando estas políticas.

 

Los fiscales progresistas han ido ganando fiscalías de distrito en diferentes ciudades grandes como San Francisco, Los Ángeles, Filadelfia, Chicago, Boston, pero también en ciudades más pequeñas como Portsmouth en Virginia o San Luis Missouri. Sin embargo, a pesar de su aparente necesidad y lógica de implantar la reforma no ha sido fácil^[10].

 

Revocar al Fiscal: el Caso Chesa Boudin

 

Chesa Boudin es un abogado de 41 años que en 2019 ganó la elección para fiscal de distrito de San Francisco bajo la agenda de los fiscales progresistas^[11]. Su caso es paradigmático porque está considerado como uno de los fiscales progresistas más radicales, porque sus padres ambos estuvieron en prisión (su padre sigue en prisión) y tuvo que ser criado por padres adoptivos, pero sobre todo porque 83,000 ciudadanos de San Francisco han pedido la revocación de su mandato porque afirman que sus políticas de suavidad con el crimen, desencarcelamiento, etc., están aumentando la reincidencia y la criminalidad en la ciudad.

 

Uno caso que ponen como ejemplo sus detractores es el de Troy McAlister es un afroamericano de 45 años que – bajo las políticas de desencarcelamiento de Boudin – se le había otorgado la libertad condicional después de haber sido sentenciado por robo. Pero una vez que estuvo afuera la policía de San Francisco lo acusa de haber robado en una casa y en la prisa de escapar con un coche robado atropelló y mató a dos mujeres en un distrito turístico de San Francisco.

 

Boudin alega que de las personas que han liberado porque el delito que cometieron no ameritaba sentencias tan largas, muy pocas han reincidido y que sus detractores sólo se están fijando en los pocos casos en que si ha habido reincidencia.

 

Mas allá de la discusión de fondo, lo que es muy interesante es el hecho de que los fiscales pueden ser electos y revocados y que esto permite a los ciudadanos y a los medios, una discusión cercana, local y efectiva sobre la actuación y el desempeño del sistema de justicia y también permite ratificar o revocar al fiscal de la ciudad.

 

En un sistema donde los fiscales estatales son designados (ya sea por el gobernador o el congreso o por ambos) por periodos muy largos de tiempo y estos a su vez eligen y remueven a los fiscales de distrito (regionales) discrecionalmente, esta discusión y esta dialéctica de cambio y reforma es imposible.

 

¿Cómo revocamos a Gertz o a Ernestina Godoy? ¿Cómo hacemos para que el fiscal regional de nuestra ciudad o región nos responda a nosotros más que a su jefe que lo nombró? ¿Cómo discutimos la reforma y el desempeño del funcionario mas poderoso del sistema de justicia que es el fiscal desde la ciudad o el municipio?

 

Da la impresión que en México los ciudadanos somos unos simples espectadores y víctimas del sistema de justicia penal que no tenemos ninguna oportunidad de influir en mejorar su reforma o desempeño porque los fiscales no le deben el puesto a la ciudadanía ni tienen un compromiso con ella, sino que se lo deben a su jefe y con éste son sus lealtades.

 

Seguiremos discutiendo.

 

 

 

 

^[1] Ellis, Michael J. The Origins of the Elected Prosecutor, The Yale Law journal. 121: 1528 2012 Drake, Winbourne Magruder. “The Mississippi Constitutional Convention of 1832.” The Journal of Southern History, vol. 23, no. 3, Southern Historical Association, 1957, pp. 354–70, https://doi.org/10.2307/2954885.

^[2] https://www.cga.ct.gov/2003/rpt/2003-R-0231.htm

^[3] https://nap.nationalacademies.org/catalog/18613/the-growth-of-incarceration-in-the-united-states-exploring-causes

^[4] https://www.nbcnews.com/news/us-news/progressive-prosecutors-conservative-pushback-rcna14467 Prision Policy Iniciative.

^[5] https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2019/crime-in-the-u.s.-2019/tables/table-16

^[6] Op. Cit 4

^[7] Op. Cit 4

^[8] Op. Cit 4

^[9] https://www.themarshallproject.org/?ref=nav

^[10] https://www.theguardian.com/us-news/2019/jul/23/us-justice-system-progressive-prosecutors-mass-incarceration-death-penalty

^[11] https://www.nytimes.com/interactive/2022/03/01/magazine/chesa-boudin-interview.html?searchResultPosition=2

Potencias Hegemónicas o Derecho Internacional: Una Oportunidad para el Derecho Internacional (Cuarta y última parte)

Por Bernardo León
@bernardomariale

“¿Existe algo que honestamente se pueda denominar sociedad civil internacional? Sí. ¿Crece y evoluciona? Sí. Pero sigue habiendo un problema. Nuestro mundo material, social y científico cambia ante nuestros propios ojos, y habrá cambiado mucho mas cuando nuestros hijos y nietos alcancen la madurez; pero los principales instrumentos para comprender estas transformaciones siguen siendo todavía las estructuras de estados-nación que tan familiares nos resultan, aunque sean palpablemente inadecuadas para las tareas que se avecinan.”

Paul Kennedy 

Una Oportunidad para el Derecho Internacional

¿Qué mecanismo de defensa tiene un ciudadano gobernado por una dictadura y un régimen autoritario?

El 24 de octubre de 1648 las principales potencias europeas firmaron en la sala del ayuntamiento de Münster una ciudad al oeste de Alemania, el Tratado de Westfalia que puso fin a las guerras religiosas y territoriales (la guerra de 30 años y la guerra de 80 años), pero sobre todo colocó a los estados-nación como el eje del poder mundial (Morgenthau:1948) .

Desde entonces, el derecho internacional se ha entendido y aplicado como un derecho entre estados-nación y la mucha o poca efectividad que tenga depende casi siempre de la voluntad de los gobiernos de cada país por cumplir y aplicar sus preceptos. Hasta ahora no hay una organización supranacional que someta a los estados-nación a la ley internacional. 

A veces con el apoyo de las grandes potencias se hace cumplir el derecho internacional como en el caso de la invasión de Irak a Kuwait o la guerra en la antigua Yugoslavia, pero someter a los países mas poderosos a la ley internacional es casi imposible. Dicho de otra manera, con ciertos matices, muchas de las relaciones internacionales se rigen todavía por la ley del más fuerte y por el equilibrio de poder entre estados-nación particularmente el equilibrio del armamento nuclear.

Frente a esta realidad no debería sorprendernos la invasión a Ucrania por parte de Rusia. 

Ni siquiera la disuasión nuclear tiene un impacto importante para detener la invasión Rusia a Ucrania, el 11 de marzo de 2022 ante la presión internacional para que Estados Unidos intervenga a favor de Ucrania el presidente Biden señaló que Estados Unidos no podía intervenir directamente en Ucrania contra la invasión rusa porque eso nos llevaría a la tercera guerra mundial, por lo que tampoco es una opción.

Por lo tanto, lo que queda son las sanciones económicas a Rusia que pueden tener efectos limitados (véase el caso de Cuba o Venezuela) y el apoyo en equipamiento militar a Ucrania que pueden tener un efecto de contención que también puede ser limitado. La expectativa es crearle una crisis económica y social a Putin que provoque un levantamiento donde los propios rusos derroquen a Putin que lleva mas de 20 años en el poder.

En ambos casos, los escenarios no son prometedores. Si Ucrania no logra resistir ni con el apoyo no-militar de la OTAN, el fin de Ucrania como país independiente se vuelve posible y las consecuencias de un triunfo ruso pueden generar incentivos de mayor expansión para Putin y cumplir su sueño de regresar a un mundo de esferas de influencia de tres potencias hegemónicas. Si Ucrania logra resistir es posible que se convierta en una guerra larga que dejará en ruinas a ese país y si por error o cualquier otra causa se comprometen intereses de la OTAN las consecuencias, como dijo el presidente Biden, son impensables.

¿Qué opciones quedan?

El nuevo Juramento de la Cancha de Tenis

Cuando Luis XVI convocó a los Estados Generales (La nobleza, el clero y la burguesía) estableció que cada estamento tendría un voto de tal manera que si el clero y la nobleza votaban en conjunto (para imponer nuevos impuestos) la burguesía (el tercer estado) tendría que asumir las consecuencias. La cuestión era que frente a un clero y nobleza quebrados y de pocos miembros, la burguesía (mucho mas numerosa y rica) tendría que pagar para sostener al régimen. Por ello, en junio de 1789, los representantes del tercer estado (a los que se unieron la mayoría de los clérigos y algunos nobles) decidieron asumir la soberanía y se autoproclamaron Asamblea Nacional donde cada diputado tendría un voto.

Así eliminaron los estamentos, asumieron la soberanía y la representación del pueblo por lo que cualquier ley o impuesto debía contar con su aprobación. Ante la amenaza de que los dispersaran, el 20 de junio de 1789 se reunieron en la cancha de tenis techada de Luis XVI y juraron mantenerse unidos hasta que le dieran a Francia una constitución. La soberanía pasó en este proceso del Rey a la Asamblea Nacional.

En su libro El Parlamento de la Humanidad, Paul Kennedy observa que el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas empieza diciendo: “Nosotros los Pueblos de las Naciones Unidas…” poniendo por encima de los estados-nación a “los pueblos” sin embargo, también hace notar que algunos párrafos mas adelante todo cambia para decir que los pueblos ahí están representados por sus gobiernos, en sus palabras:

“Por consiguiente, mientras que los primeros párrafos del texto de la Carta son una proclamación asombrosamente audaz e idealista del esfuerzo humano, al cabo de unas pocas páginas se afirma constantemente que los estados y los gobiernos son los únicos actores importantes.”   

Con base en ello se creó la Asamblea General donde están representados 193 de los 195 estados-nación que hay en el mundo. Sin embargo, habría que añadir que muchos de esos gobiernos no son democráticos así que no representan materialmente a sus pueblos. Y hay un agravante adicional, la Asamblea General tiene facultades muy acotadas para “legislar” en materia internacional, en realidad el poder está en el Consejo de Seguridad que tiene apenas 15 miembros y todavía mas restringido, en los cinco que son miembros permanentes con derecho de veto.

Aunque se ha propuesto en diferentes ocasiones la creación de un “Parlamento Mundial” de 600 miembros que represente cada uno a 10 millones de electores en el mundo  (mas allá de su nacionalidad) implican tantas complicaciones que tienen pocas probabilidades de llevarse acabo.

Sin embargo, no todo está perdido, Paul Kennedy argumenta que hay esperanza en las fuerzas emergentes no-estatales que cada vez influyen mas en el orden internacional como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las iglesias, las fundaciones internacionales, los medios internacionales de comunicación, etc., que en mas de un sentido representan a la sociedad civil internacional y que cada vez juegan un papel mas protagónico tanto en la protección de los derechos humanos como en otras muchas causas que superan las fronteras nacionales.

Por ello, la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) y el papel coadyuvante que juegan las ONG para denunciar, apoyar investigaciones y ofrecer pruebas es un paso en esa dirección, pero también el hecho de que muchos ciudadanos rusos están en contra de la invasión y eventualmente – si Putin cae – sea procesado ante la CPI y su sentencia y la presión internacional se convierta en una medida disuasiva que le de un valor renovado al derecho internacional y transforme las relaciones internacionales de las “esferas de influencia de las potencias hegemónicas” a uno donde el derecho internacional (como disuasión real) resuelva los conflictos internacionales, modere las ambiciones de los dictadores y efectivamente promueva la democracia.

Hannah Arendt en su libro “Sobre las Revoluciones” escribió: “…se ha convertido en rutina señalar que el fin de una guerra es la revolución y la única causa que podría justificarla es la revolucionaria causa de la libertad.”  

Ese podría ser el Nuevo Juramento de la Cancha de Tenis.

 

Potencias Hegemónicas o Derecho Internacional (Tercera Parte)

Por Bernardo León
@bernardomariale

En efecto, lo que se dice a la potencia imperialista es “hasta este punto y nada mas”, con la consiguiente advertencia de que un paso mas allá de ese punto implicaría una virtual seguridad de guerra.

Hans Morgenthau

Estados Unidos: ¿Disuasión o Apaciguamiento?

John Maynard Keynes fue asesor de la Secretaría de Hacienda del Reino Unido en la Conferencia de Paz de París y en el Consejo Supremo Económico en 1919. Ambos foros fueron convocados para determinar el futuro de la economía europea después de la I Guerra Mundial, sin embargo, Keynes renunció a esos encargos el 7 de junio de ese año cuando no pudo impedir que se firmaran los tratados de paz con Alemania, que en su opinión provocarían una crisis económica en Europa y una nueva guerra (como efectivamente sucedió).

Su crítica a los tratados de paz los publicó en el libro “las Consecuencias Económicas de la Paz” donde demostraba que la economía mas fuerte de Europa era la alemana y que en más de un sentido el bienestar del viejo continente dependía de la fortaleza de esa economía. 

Alemania era el principal socio comercial y proveedor de casi todas las economías europeas (incluyendo Gran Bretaña), pero, el ánimo de venganza de las potencias vencedoras obligaba a Alemania – de acuerdo con el tratado - a desmantelar una parte importante de su industria y a pagar enormes reparaciones de guerra tanto en dinero como en especie.

Keynes argumentaba que el desmantelamiento de su capacidad económica y los pagos generarían pobreza, una enorme inflación y pronosticaba que los alemanes seguirían a los líderes y las ideas que por ilusión, esperanza o venganza se levantarán contra la irracionalidad del tratado. El fascismo y la Segunda Guerra Mundial tristemente le dieron la razón.

Oppositum facto, cuando entre 1989 y 1991 cayó el régimen soviético, tanto Rusia como las nuevas repúblicas independientes (Ucrania, Bielorrusia, las repúblicas bálticas, etc.) y los antiguos satélites soviéticos, no sólo no tuvieron que pagar reparaciones de guerra, sino que al abandonar el comunismo y convertirse en democracias, se abrieron a la economía de mercado, algunos se incorporaron a la Unión Europea y recibieron inversiones, transferencias monetarias, tecnológicas, educativas, etc., que les permitieron aumentar su riqueza y mejorar el nivel de vida de su población.

El triunfo de Estados Unidos en la Guerra Fría lo dejó como la única potencia hegemónica en el planeta (China todavía no estaba en ese estatus) y una de las cosas para las que usó ese poder fue para hacer el papel de policía del mundo en ocasiones legítimamente y en otras violando la legalidad internacional. 

En 1991-92 intervino a la cabeza de una coalición internacional para revertir la invasión de Irak en Kuwait, el presidente Bush (padre) argumentaba que dejar que Sadam Hussein invadiera Kuwait impunemente equivalía al “apaciguamiento” que Gran Bretaña y Francia dispensaron a Hitler cuando se anexó Austria e invadió Checoslovaquia y si no “disuadía” a Hussein de salir de Kuwait entonces podría invadir Arabia Saudita y controlar así el mercado petrolero mundial y provocar otra guerra.

Bajo esta premisa el respaldo de la Resolución 678 del Consejo de Seguridad (CS) – aprobado por 12 votos (incluyendo Rusia) 2 en contra (Cuba y Yemen) y la abstención de China – intervino a la cabeza de una coalición internacional que por la fuerza expulsó al ejército iraquí de Kuwait.

Entre 1991y 1999 su participación fue fundamental para detener las masacres y la “limpieza étnica” que hubo en Bosnia Herzegovina y crear el tribunal internacional que juzgó los crímenes en la antigua Yugoslavia y luego detener las masacres en Kosovo, la primera y la segunda con autorización del CS y la tercera sin dicha autorización ya que Rusia (donde Putin empezaba a ser protagonista) y China amenazaron con vetar cualquier resolución que favoreciera una intervención armada. 

De cualquier manera, la OTAN intervino (bajo la premisa de una intervención humanitaria) lo que permitió concluir la guerra, generar acuerdos de paz y juzgar y sentenciar a muchos de los criminales de guerra. Sin embargo, con la llegada de Putin al poder (primero como director de la CIA Rusa en 1998, luego como primer ministro desde agosto de 1999 y como presidente desde enero del 2000), los votos y los vetos de Rusia en el CS empezaron cuestionar el papel de potencia hegemónica de Estados Unidos.

Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York permitieron que el CS aprobara por unanimidad su condena al terrorismo y la Resolución 1368 en su punto 5 señalaba que el CS:

“5. Expresa que está dispuesto a tomar todas las medidas que sean necesarias para responder a los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 y para combatir el terrorismo en todas sus formas, con arreglo a las funciones que le incumben en virtud de la Carta de las Naciones Unidas;

Como respuesta a los atentados y con las resoluciones del CS, el 7 de octubre de 2001 Estados Unidos y sus aliados empezaron la invasión a Afganistán (Operación Libertad Duradera) y el 17 de diciembre derrocaron a los talibanes. Rusia apoyó dicha invasión, sin embargo, Estados Unidos decidió permanecer en Afganistán hasta 2021 lo que superaba con mucho las resoluciones del CS y la legalidad internacional.

Adicionalmente, el gobierno de Estados Unidos amplió su guerra contra el terrorismo a Irak señalando que estaba desarrollando armas de destrucción masiva (ADM) químicas y nucleares y que el CS debía autorizar el uso de la fuerza para intervenir en Irak, sin embargo, no encontró consenso en el CS (sobre todo porque no había ninguna prueba de que hubiera ADM´s) y con sus aliados, en franca violación del derecho internacional, invadió Irak, derrocó a Hussein e impuso un nuevo gobierno. Ningún político de esa alianza será juzgado nunca por un tribunal internacional.

Por su parte la Rusia de la década de los noventa (bajo Yeltsin) y la primera década del siglo XXI enfrentó una complicadísima transición de un régimen comunista a uno democrático con una economía de mercado, pero también de ser una superpotencia con gran influencia en todo el mundo a convertirse en un país con gran capacidad bélica y armas nucleares, pero con una mucho menor influencia política y económica.

A partir de llegada de Putin en el 2000, el gobierno ruso poco a poco ha buscado recuperar su poder e influencia interviniendo en diferentes conflictos y políticas de sus antiguos satélites o aliados (Georgia, Chechenia, Siria y por supuesto Ucrania). Al mismo tiempo Putin se ha mantenido en el poder estos 22 años a través del fraude electoral y de la represión a la oposición y el homicidio a líderes opositores. 

Sin embargo, la reacción de Estados Unidos ha sido de “apaciguamiento” a diferencia de Irak o de los países de la antigua Yugoslavia, Estados Unidos fue complaciente con Putin y ha pasado por alto su dictadura y su intervención en Siria, en la elección de Estados Unidos, y sobre todo la invasión de Crimea (Ucrania) en 2014 que no pasó de algunas sanciones con efectos menores. 

Con estos antecedentes Rusia se sintió segura de invadir Ucrania sin la expectativa de mayores represalias por parte de Estados Unidos y de sus aliados. Su sueño de regresar a un mundo de esferas de influencia en detrimento del derecho internacional se empezó a materializar.

Quizá la pregunta más importante en este momento es, si frente a la amenaza nuclear que poseen las potencias nucleares, especialmente Rusia ¿es posible la “disuasión” militar a Putin? ¿Sería el inicio de una confrontación nuclear? ¿Existe alguna manera de que el derecho Internacional supere el poder de unos cuantos políticos que amenazan la paz mundial y los someta a la justicia? ¿El hecho de que los políticos (particularmente los dictadores) pudiesen ser sometidos a la Corte Penal Internacional sería la verdadera disuasión contra la guerra?

Siguiente entrega y última: Una Oportunidad para el Derecho Internacional