Elegir y Revocar a los Fiscales

Por Bernardo León

@bernardomariale

 

Fiscales electos popularmente 

 

El 10 de septiembre de 1832 los 48 delegados a la Convención Constitucional del estado norteamericano de Mississippi se reunieron en el pequeño pueblo de Jackson (hoy su capital) para hacer una nueva constitución estatal^[1]. 

 

El mandato de la Convención era muy puntual, ampliar el control democrático del gobierno. Para ello se hicieron dos propuestas fundamentales; a) que todos hombres blancos pudieran votar (antes sólo los que tuvieran propiedades o pagaran impuestos); y b) que los jueces, los fiscales regionales (ministerios públicos) y los fiscales estatales, así como otros cargos públicos estatales y municipales fueran de elección popular (no por designación).

 

A principios del siglo XIX los fiscales regionales en Estados Unidos eran funcionarios judiciales que representaban al gobierno en asuntos penales y civiles, sin embargo, con el tiempo fueron tomando importancia sobre todo porque decidían, de manera discrecional, si se formulaba una acusación o no contra una persona. Esta facultad sobre la acusación los obligó casi de manera natural a trabajar con las policías (recién creadas) y a ser considerados más parte del poder ejecutivo que del judicial.

 

La cuestión de fondo es que los fiscales regionales además del enorme poder que fueron adquiriendo, eran nombrados por las legislaturas estatales (uno por distrito judicial) con base en cuotas derivadas de las negociaciones políticas entre los partidos; el llamado “patronazgo” que era el reparto de cargos públicos entre amigos, socios, compadres o familiares de los diputados locales y de los partidos.

 

Este sistema provocaba muchas injusticias e impedía que los ciudadanos se sintieran representados por sus fiscales porque respondían a quien los nombró y no a quienes debía representar (víctimas y ciudadanos) y no sentían que se hacía justicia.

 

Por ello, en la nueva Constitución Estatal de Mississippi se tomó la decisión de que los fiscales fueran electos por el pueblo, uno por cada condado o distrito, para asegurar que los representaran en los tribunales o que les fuera revocado el cargo. Lo mismo hicieron con el Fiscal General del Estado que también es electo.

 

Estados Unidos es el único país del mundo donde de los 2,341^[2] fiscales de distrito y los fiscales generales de los estados son electos por voto popular y a partir de que Mississippi decidió que fueran electos y al día de hoy solamente tres estados (Alaska, Connecticut y Nueva Jersey) no eligen a sus fiscales (estatal y de distrito) sino que son designados por el gobernador y aprobados por la legislatura estatal.

 

Es importante mencionar que a nivel federal el Fiscal General de la República y los fiscales federales de distrito (93) son designados por el Presidente y aprobados por el Senado. 

 

Crisis y Reforma de la Justicia Penal

Entre 1960 y 1990 Estados Unidos vivió una fuerte crisis de seguridad representada por el incremento de las tasas de homicidios de 4 hasta 11 por cada 100 mil habitantes^[3]. Durante esos años las políticas fueron muy duras con los criminales y el número de personas en prisión se cuadruplicó desde 1970. La población privada de la libertad en Estados Unidos es de 2.2 millones de personas^[4], por mucho la más grande del mundo.

 

Ahora la tasa de homicidios es mucho menor (5 por cada 100 mil habitantes)^[5] y en la mayoría de las ciudades la criminalidad está bajo control (con sus excepciones), pero esto ha permitido hacer una revisión de las políticas que se han implementado y los efectos que han tenido en la sociedad.

 

Una ONG dedicada a revisar las políticas de prisión encontró que el 74%^[6] de las personas que están en prisión no están sentenciadas y siguen detenidas porque no pueden pagar una fianza, medio millón de personas están en prisión por crímenes no violentos^[7] y el 45% de los presos son negros, aunque sólo representan el 13% de la población^[8].

 

Fiscales Electos y Reforma al Sistema de Justicia

 

Estos datos aunados a los abusos documentados de algunas policías contra la población negra y latina han generado un movimiento muy grande para reformar el Sistema de Justicia Penal. Lo interesante del caso es que el primer frente de batalla para la Reforma al Sistema de Justicia Penal se ha centrado en la elección de los fiscales de distrito. La idea es que puedan llevar a cabo las reformas como reducir el encarcelamiento de delitos menores, reducir las fianzas, centrarse en los delitos mas violentos, no pedir la pena de muerte y tener un acercamiento a las drogas mas centrado en la salud pública que en el delito.

 

El Movimiento de Fiscales Progresistas no es una organización sino un movimiento de personas que buscan ser elegidas o ayudar a elegir a los que le llaman “fiscales progresistas” que con sus facultades (básicamente dirigir las investigaciones de la policía, acusar a los probables responsables, litigar el juicio y solicitar las penas) apliquen estas políticas y así reformen el sistema penal.

 

Otros miembros del movimiento – como el Marshall Project ^[9]– concientizan sobre la necesidad de la reforma a través del periodismo de investigación. La clave del movimiento, sin duda, es que los fiscales de distrito son electos (normalmente cada 4 años) y eso permite que estos grupos promuevan su agenda a través de candidatos que han ido ganando en diferentes distritos el cargo de fiscales y han ido aplicando estas políticas.

 

Los fiscales progresistas han ido ganando fiscalías de distrito en diferentes ciudades grandes como San Francisco, Los Ángeles, Filadelfia, Chicago, Boston, pero también en ciudades más pequeñas como Portsmouth en Virginia o San Luis Missouri. Sin embargo, a pesar de su aparente necesidad y lógica de implantar la reforma no ha sido fácil^[10].

 

Revocar al Fiscal: el Caso Chesa Boudin

 

Chesa Boudin es un abogado de 41 años que en 2019 ganó la elección para fiscal de distrito de San Francisco bajo la agenda de los fiscales progresistas^[11]. Su caso es paradigmático porque está considerado como uno de los fiscales progresistas más radicales, porque sus padres ambos estuvieron en prisión (su padre sigue en prisión) y tuvo que ser criado por padres adoptivos, pero sobre todo porque 83,000 ciudadanos de San Francisco han pedido la revocación de su mandato porque afirman que sus políticas de suavidad con el crimen, desencarcelamiento, etc., están aumentando la reincidencia y la criminalidad en la ciudad.

 

Uno caso que ponen como ejemplo sus detractores es el de Troy McAlister es un afroamericano de 45 años que – bajo las políticas de desencarcelamiento de Boudin – se le había otorgado la libertad condicional después de haber sido sentenciado por robo. Pero una vez que estuvo afuera la policía de San Francisco lo acusa de haber robado en una casa y en la prisa de escapar con un coche robado atropelló y mató a dos mujeres en un distrito turístico de San Francisco.

 

Boudin alega que de las personas que han liberado porque el delito que cometieron no ameritaba sentencias tan largas, muy pocas han reincidido y que sus detractores sólo se están fijando en los pocos casos en que si ha habido reincidencia.

 

Mas allá de la discusión de fondo, lo que es muy interesante es el hecho de que los fiscales pueden ser electos y revocados y que esto permite a los ciudadanos y a los medios, una discusión cercana, local y efectiva sobre la actuación y el desempeño del sistema de justicia y también permite ratificar o revocar al fiscal de la ciudad.

 

En un sistema donde los fiscales estatales son designados (ya sea por el gobernador o el congreso o por ambos) por periodos muy largos de tiempo y estos a su vez eligen y remueven a los fiscales de distrito (regionales) discrecionalmente, esta discusión y esta dialéctica de cambio y reforma es imposible.

 

¿Cómo revocamos a Gertz o a Ernestina Godoy? ¿Cómo hacemos para que el fiscal regional de nuestra ciudad o región nos responda a nosotros más que a su jefe que lo nombró? ¿Cómo discutimos la reforma y el desempeño del funcionario mas poderoso del sistema de justicia que es el fiscal desde la ciudad o el municipio?

 

Da la impresión que en México los ciudadanos somos unos simples espectadores y víctimas del sistema de justicia penal que no tenemos ninguna oportunidad de influir en mejorar su reforma o desempeño porque los fiscales no le deben el puesto a la ciudadanía ni tienen un compromiso con ella, sino que se lo deben a su jefe y con éste son sus lealtades.

 

Seguiremos discutiendo.

 

 

 

 

^[1] Ellis, Michael J. The Origins of the Elected Prosecutor, The Yale Law journal. 121: 1528 2012 Drake, Winbourne Magruder. “The Mississippi Constitutional Convention of 1832.” The Journal of Southern History, vol. 23, no. 3, Southern Historical Association, 1957, pp. 354–70, https://doi.org/10.2307/2954885.

^[2] https://www.cga.ct.gov/2003/rpt/2003-R-0231.htm

^[3] https://nap.nationalacademies.org/catalog/18613/the-growth-of-incarceration-in-the-united-states-exploring-causes

^[4] https://www.nbcnews.com/news/us-news/progressive-prosecutors-conservative-pushback-rcna14467 Prision Policy Iniciative.

^[5] https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2019/crime-in-the-u.s.-2019/tables/table-16

^[6] Op. Cit 4

^[7] Op. Cit 4

^[8] Op. Cit 4

^[9] https://www.themarshallproject.org/?ref=nav

^[10] https://www.theguardian.com/us-news/2019/jul/23/us-justice-system-progressive-prosecutors-mass-incarceration-death-penalty

^[11] https://www.nytimes.com/interactive/2022/03/01/magazine/chesa-boudin-interview.html?searchResultPosition=2