Lázaro Cárdenas, Lenin y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea: La Supremacía de los intereses del Estado frente a los derechos individuales

Por Bernardo León

“… siendo uno el Estado, uno es también el Poder, así se divida para su ejercicio, por la razón política apuntada y por un principio de especialización de funciones, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. División de poderes no significa, por ende, separación ni distanciamiento entre ellos, sino colaboración estrecha para el logro de los fines del Estado.”

Lázaro Cárdenas

El 12 de septiembre de 1934 Lázaro Cárdenas (siendo todavía presidente electo) envío al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 94 constitucional, que hicieron suya los diputados Michoacán, Tabasco, Distrito Federal y Oaxaca, con el fin de que todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cesarán en su encargo y él pudiera nombrar al 100% de los ministros de la nueva Corte.

En la iniciativa no sólo se preveía el cese de todos los ministros, sino que también se proponía que aquellos que fueran nombrados después de la reforma durarán un periodo de 6 años en lugar de ser inamovibles como hasta ese momento.

El argumento de Lázaro Cárdenas era el siguiente:

"Se propone que el período por el cual desempeñen sus funciones los magistrados judiciales, sea de seis años -a semejanza de lo que la Constitución establece para que el Presidente de la República y los senadores al Congreso de la Unión - porque, en esa forma se conectará más estrechamente a la judicatura con la marcha general de la administración, y se ahorrarán, hasta donde es posible, los inconvenientes propios del tiempo de experimentación de los nuevos funcionarios.”

"Debe, pues, insistirse en que la reforma que se inicia no se endereza a restar la independencia al Poder Judicial de la Federación, no se pretende que claudique de sus atribuciones y sea instrumento sumiso del Ejecutivo; se le pide sólo que establezca una colaboración estrecha con los otros dos Poderes…”

Al parecer para Lázaro Cárdenas, los 130 diputados y los 39 senadores y las legislaturas de los estados que la aprobaron por unanimidad, el hecho de que el presidente nombrará al 100% de sus ministros, con la aprobación del senado donde el 100% de sus miembros fueran del partido del presidente, no les quitaba independencia a los nuevos ministros de la Suprema Corte.

Todavía más, en la propia iniciativa añadía que: “…en orden a que lo esencial para que puedan realizarse en su integridad los postulados sociales de la Constitución General de la República y las fórmulas de coordinación social contenidas en el Programa de Gobierno del Partido Nacional Revolucionario, consiste en que se verifique una plena interpretación revolucionaria de las leyes, por hombres que sinceramente sientan la Revolución, que sean cabalmente conscientes de su responsabilidad; que tengan verdadero cariño a las masas proletarias, y que perciban con amplitud el espíritu y las necesidades históricas que inspiraron las normas y las doctrinas que se ha dado el pueblo en sus generosas luchas, para que de esta manera las ejecuten con resolución y honradez, a fin de lograr el programa colectivo. Porque, si en el seno de una Administración Pública, los hombres llamados a colaborar en ella actuaron con divergencia de criterio, sin ideología común y sin disciplina, llevarían indiscutiblemente al fracaso a la mejor de las ideas y al más bien meditado plan de gestión.”

Ni John Locke ni el Barón de Montesquieu hablan de “colaboración de poderes”, ni de “interpretación revolucionaria de las leyes”, hablaban de equilibrios y contrapesos para la protección de las libertades constitucionales de los individuos, las palabras de Cárdenas las pudo haber dicho Lenin en el Estado y la Revolución y en ¿Qué Hacer? señalando que una Corte independiente protegería los intereses de la burguesía deteniendo la marcha revolucionaria.

Hoy en la mañana (22 de febrero de 2024) el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en el programa de Ciro Gómez Leyva dijo textualmente: “La coordinación, el diálogo entre poderes no solo es positivo sino me parece que es necesario, el poder del Estado es uno que se divide para sus funciones en beneficio de la gente en beneficio del pueblo, cuando estamos en presencia de una fuerza del crimen organizado como la que tenemos ahora se hace todavía más importante que haya diálogo entre poderes.

En todas las presidencias de la Corte siempre hubo diálogo respetuoso y una coordinación entre poderes…”

Con una Corte así, ¿Quién se atrevería a defender su derechos individuales frente a los intereses del Estado?

Jueces Electos o Jurados

Por Bernardo León-Olea
@bernardomariale

 “… el pueblo nombra a quien hace la ley y a quien la ejecuta; el mismo forma el jurado que castiga las infracciones de la ley. No solamente las instituciones son democráticas en su principio, sino también en todo su desarrollo.”

 “La institución del jurado puede ser aristocrática o democrática, según la clase donde se tome a los jurados; pero conserva su carácter republicano, en cuanto que coloca la dirección real de la sociedad en manos de los gobernados o de una parte de ellos, y no en la de los gobernantes.”

Alexis de Toqueville

La Democracia en América

El 27 de mayo de 1996 se celebró el primer juicio por jurados en la ciudad de Palencia, España. Ocho hombres y una mujer, (una enfermera, un médico, un abogado, un empleado de Renault-España, un minero, un decorador, un jubilado, un técnico y un agricultor), designados de entre los vecinos de esa ciudad y alrededores debían decidir la culpabilidad o inocencia de un tal A.A.R.

Los jurados escucharon las pruebas y alegatos de la fiscalía que solicitó inicialmente ocho años de prisión por un delito de homicidio donde el acusado A.A.R. mató a puñaladas a su hermano, mientras que la defensa pedía la absolución al considerar que había que aplicarle la eximente completa de enajenación mental al cometer el homicidio.

Tras casi dos horas y media de deliberación el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por unanimidad y el 30 de mayo de 1996 se firmó la sentencia del caso con la pena de seis años y un día de prisión.

Los juicios por jurado desparecieron de España desde la guerra civil (1936-1939) ya que el General Cabanellas (uno de los líderes del golpe de estado que desembocó en la guerra civil) los acusaba de haber sustituido “la recta administración de justicia por una notoria parcialidad… beneficiosa a sus bastardos intereses”, por lo que es necesario “… suspender el funcionamiento del jurado para que los tribunales de Derecho establezcan el imperio de la justicia misma, única e imparcial, columna básica que ha de sustentarse toda la sociedad organizada”.

No fue sino hasta el retorno de la democracia que la nueva Constitución de 1978 en su artículo 125 estableció que: “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine…”

En 1995, los legisladores españoles aprobaron la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado que implementaba la garantía del artículo 125 y especificaba en su artículo 1. Que “El Tribunal del Jurado, como institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por esta u otra Ley…” y enumeraba los delitos que debían ser juzgados con jurado, particularmente el homicidio, las amenazas, el allanamiento de morada, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, los fraudes y las negaciones prohibidas a funcionarios

El Jurado es la gran reivindicación de la democracia en materia judicial porque no limita el poder de los ciudadanos a emitir un voto el día de las elecciones, sino que los pone en el centro de la impartición de justicia no sólo como observadores sino como actores. Los jurados deben votar, no por un candidato, sino por la culpabilidad o inocencia de un acusado y a través de esos veredictos determinar hacia dónde va la justicia.

El jurado es una de las herramientas más poderosas contra la corrupción judicial porque los acusados que desconfíen de la parcialidad de un juez o tribunal (funcionarios de carrera del poder judicial), tienen derecho a ser juzgados por un jurado popular que no tiene compromisos con ninguna de las partes. 

Para asegurar su imparcialidad se escogen al azar un grupo de ciudadanos – unos treinta o cuarenta – que son entrevistados por los abogados de cada una de las partes y van eliminando a los que pueden ser parciales hasta llegar a nueve más dos suplentes en España y 12 en Estados Unidos que serán los encargados de juzgar al acusado.

En México, López Obrador propuso que los jueces de primera instancia, magistrados de los diferentes tribunales y ministros de la Suprema Corte fueran electos por el voto popular, bajo la hipótesis de que de esta manera actuarían a favor de las causas del pueblo y no de intereses ajenos a la justicia.

En Estados Unidos, los ciudadanos de 24 estados eligen a los jueces de la Suprema Corte Estatal, 25 eligen a los jueces de apelaciones y 23 eligen a sus jueces de primera instancia. La importancia de los jueces electos es que en teoría responden a los deseos de justicia del pueblo, por ejemplo, en Wisconsin los ciudadanos eligieron a la juez Janet Claire Protasiewicz como ministra de la Suprema Corte Estatal, lo que provocó que el equilibrio entre liberales y conservadores se inclinara hacia los liberales lo que permitirá que se despenalice el aborto.

Sin embargo, ninguno de los jueces federales de primera instancia, magistrados y Ministros de la Suprema Corte son electos por el pueblo, sino que son nominados por el presidente y aprobados por el Senado.

Los jueces tienen mucho poder porque toman decisiones que afectan la vida de los ciudadanos, en Estados Unidos todos los ciudadanos tienen derecho a un juicio con jurados tanto en materia civil como penal. En realidad, en Estados Unidos se llevan a cabo unos 155 mil juicios con jurado al año menos del 2% (en España unos 500 al año principalmente de homicidio), sin embargo, en vista de que todos los ciudadanos tienen derecho a un juicio por jurado, éste se convierte en una herramienta muy poderosa cuando algunas de las partes advierte que un juez está favoreciendo a alguna de las partes en cuyo caso puede preferir un juicio con jurados que le quitarán al juez el poder de juzgar.

Hay muchas críticas a los jurados, algunas más sofisticadas que otras, aunque la más recurrente es que el pueblo no está listo para impartir justicia y que eso debe ser exclusivamente tarea de los jueces que son abogados. En alguna época no muy remota se decía lo mismo del derecho al voto afirmando que el pueblo no estaba listo para elegir a sus gobernantes.

En realidad, los jueces, magistrados y ministros profesionales aciertan y se equivocan tanto como los jurados, pero los jurados son – donde existen – la gran herramienta de la democracia que como decía Toqueville: “…coloca la dirección real de la sociedad en manos de los gobernados o de una parte de ellos, y no en la de los gobernantes.” 

El Jurado es igual que el derecho al voto, es una forma de ejercer la soberanía y de equilibrar el poder de los jueces.

Si López Obrador quisiera realmente controlar el poder de los jueces, magistrados y ministros, elegirlos por voto popular en realidad no soluciona el problema, pero si lo que quiere -como ha sido su discurso – es darle el poder al pueblo, bien podría proponer el regreso de los jurados en materia civil y penal para que EFECTIVAMENTE el pueblo decida porque como decía Toqueville:  

“El Jurado es ante todo una institución política; se le debe considerar como una forma de soberanía del pueblo y sólo debe ser rechazado enteramente cuando se rechaza la soberanía del pueblo […] El jurado forma la parte de la nación encargada de asegurar la ejecución de las leyes, como las Cámaras son la parte de la nación encargada de hacerlas; y para que la sociedad esté gobernada de una manera exacta y uniforme, es necesario que la lista de los jurados se extienda o se reduzca con la de los electores.”

El Último Presidente de México

Por Bernardo León-Olea
@bernardomariale

“Y el estado levantará monumentos… para celebrar su memoria. Y se les ofrecerán sacrificios como a semidioses… como a hombres tocados por la gracia divina y semejantes a Dios.”

Platón

La elección de junio de 2024 tiene que ser la última en la que 130 millones de mexicanos depositamos nuestro destino como nación en manos de una sola persona. 

Karl Popper en su libro “La Sociedad Abierta y sus Enemigos” critica fuertemente a Platón afirmaba que este filósofo reducía el problema fundamental de la política a la pregunta ¿Quién debe gobernar? cosa que le parecía absurda porque a esa pregunta vendrán respuestas abstractas que no tienen aplicación práctica como, el mejor, el más sabio, la voluntad general, la raza superior, los obreros o el pueblo. 

Popper desconfiaba de Platón porque al primero le parecía que en general los políticos no son lo bastante buenos o sabios y “que no es nada fácil establecer un gobierno en cuya bondad y sabiduría pueda confiarse sin temor.” 

Si sabemos esto – se pregunta Popper – ¿por qué el pensamiento político no prevé desde un principio la posibilidad de un mal gobierno? Y propone cambiar la pregunta platónica de quién debe gobernar por otra mejor: “¿En qué forma podemos organizar las instituciones políticas a fin de que los gobernantes malos o incapaces no puedan ocasionar demasiado daño?”

El presidencialismo mexicano – como lo ha demostrado el gobierno de López Obrador – permite que el presidente de México determine la vida de 130 millones de personas y que haya muy pocos contrapesos que puedan detener sus caprichos, ambiciones o políticas.

Si el presidente decide cancelar un aeropuerto a medio construir, hacer una inútil refinería o destruir la selva de la península de Yucatán violando todo tipo de legislación al respecto, o paralizar al INAI, nadie puede pararlo ni hacerlos rendir cuentas. Si no aceptan su plan A, irá por el B, el C y así hasta el Z para debilitar y someter al INE, o a la Suprema Corte.

El diseño del presidencialismo mexicano permite que las políticas públicas dependan casi exclusivamente del carácter de quien es electo para ese cargo.

No todos los sistemas presidencialistas son iguales, en Estados Unidos el presidencialismo está muy acotado por la forma en que se eligen los diputados (todos por mayoría) y los senadores (1/3 cada dos años) y por las facultades presupuestales del presidente (que debe recibir aprobación del congreso permanentemente), además está muy acotado por un federalismo muy poderoso que descentraliza una enorme cantidad de decisiones de gobierno lejos de su alcance.

En Francia, aunque es un país muy centralista, el poder presidencial está muy restringido por la forma en que se elige el parlamento y la obligación de compartir el poder con un primer ministro designado por la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional. El presidente Francois Miterrand miembro del Partido Socialista, tuvo que cohabitar con un primer ministro liberal Jaques Chirac, quien a su vez siendo presidente tuvo que cohabitar con el socialista Lionel Jospin.

En América Latina el presidencialismo no parece tener muchos contrapesos, la corrupción y las tentaciones autoritarias brotan con frecuencia (el Brasil de Bolsonaro, El Salvador de Bukele, la Venezuela de Maduro, la Bolivia de Evo Morales, el Perú de Fujimori, etc.) por la ausencia de equilibrios y contrapesos de un sistema presidencial cuyo diseño no tiene los mecanismos de relojería del sistema norteamericano, ni del francés.

El 1 de octubre de 2024 tomará posesión (lo más probable) una nueva presidenta de México que heredará el enorme poder de la silla presidencial, Xóchitl o Claudia deberán tomar una decisión definitiva: conservar ese enorme poder o descentralizarlo y depurar el poder presidencial para hacerlo más efectivo y democrático.

Sin embargo, no será una cuestión de voluntad, ni una graciosa concesión, se requiere un cambio institucional – siguiendo a Popper – para estar preparados contra los malos gobernantes y cambiar el sistema presidencialista.

Durante el próximo sexenio, tiene que transitarse a un sistema parlamentario, donde el poder ejecutivo no esté depositado en una sola persona, sino en el gabinete y las decisiones sean colegiadas y ese gabinete sea aprobado por la mayoría de los diputados “otorgándole su confianza para gobernar”. 

En lugar de presidenta habría una primera ministra que sería “primera entre iguales” pero las decisiones serían del gabinete y no de la primera ministra. El truco está en que para que la cámara apruebe su gabinete tiene que estar compuesto por personas competentes para darles la confianza. Esto limitaría enormemente las ocurrencias, pero sobre todo la autocracia.

La primera ministra debe comparecer cada 15 días o cada mes ante el parlamento para responder a sus preguntas. ¿Se imaginan a AMLO compareciendo cada mes ante la Cámara de Diputados? 

Es interesante ver que – con la sola excepción de Estados Unidos – las democracias desarrolladas todas tienen sistemas parlamentarios o semi parlamentarios (como Francia), algunas son monarquías donde el rey es una figura ceremonial y en aquellos que son repúblicas el presidente es un funcionario que representa al Estado pero no tiene casi ningún poder, es igualmente una figura ceremonial.

Lo paradójico es que a pesar de que nadie tiene todo el poder concentrado (el Parlamento, el Gabinete, etc.), el Estado parece ser muy eficaz, aunque tengan buenos o malos gobernantes por ello, López Obrador debe pasar a la historia como el último presidente de México y Xóchitl o Claudia como las que hicieron la reforma para evitar que cada seis años la pregunta existencial del país sea ¿quién nos debe gobernar? y confiemos en nuestras instituciones para preservar la libertad y el bienestar. El gobernante será pasajero, la institución permanente.

Los sistemas parlamentarios tienen muchas instituciones de equilibrio, un sólido servicio civil de carrera, un poderoso poder judicial, un sistema de democracia directa, un sistema de partidos muy abierto, etc.

 Pero ya hablaremos de eso en otra entrega.

 

La Impunidad, Caro Quintero y Manuel Bartlett frente a las Memorias del presidente Miguel de la Madrid

Por Bernardo León-Olea
@bernardomariale

“No hay lugar donde esconderse para ninguna persona que secuestre, torture y mate a un agente norteamericano de la ley.”

Merrick B. Garland

Abogado General de Estados Unidos

El 30 de mayo de 1984, el periodista Manuel Buendía fue asesinado en Reforma. En sus memorias, Miguel de la Madrid narra que los móviles del homicidio eran muy confusos y que tenía dudas sobre la posibilidad de encontrar al culpable, sus pesquisas no fueron conclusivas y el crimen no se resolvió durante su sexenio pero permitieron detener a José Antonio Zorrilla cabeza de la Dirección Federal de Seguridad, en el sexenio siguiente. En una nota de pie de página el ex Presidente señala:

 
Éste resultó ser ( el asesino, me permito intervenir) el licenciado José Antonio Pérez Zorrilla, quien fungía, en el momento del crimen, como titular de la Dirección Federal de Seguridad(DFS). Al parecer, Pérez Zorrilla había observado que las investigaciones que realizaba Buendía sobre narcotráfico lo estaban alcanzando.

En noviembre de ese mismo año, la policía y el ejército con base en informaciones de la DEA y por presión de la Embajada de Estados Unidos lograron decomisar 10 mil toneladas de marihuana del Rancho “Búfalo” en Chihuahua.

 
Unos meses después el agente de la DEA Enrique Camarena y el piloto Alfredo Zavala quienes descubrieron “Búfalo” fueron secuestrados y después de torturarlos los mataron; El experto Luis Astorga, refiriéndose a los acontecimientos de 1984-85 reflexiona:

 
El peor error que pudieron cometer fue haber secuestrado y asesinado en Guadalajara en 1985 al agente de la DEA, Enrique Camarena, y al piloto mexicano Alfredo Zavala. El traficante sinaloense Rafael Caro Quintero fue señalado como responsable (…) Para la DEA, los nexos entre la DFS y la Policía Judicial Federal (PJF) con los traficantes eran evidentes y tenían información al respecto. (…) Según un informante que la DEA consideraba confiable, la DFS era el verdadero cerebro de la reorganización de los grupos de traficantes en México y también funcionaba como brazo armado para eliminar a la competencia de los protegidos.

El ex presidente de la Madrid recuerda: 

La respuesta de la DEA, (…) ha consistido en orientar su ataque a los países productores.

Este cambio de estrategia hace que la atención se centre sobre nuestros problemas de corrupción e ineficiencia, y no sobre los suyos. Lo grave de este enfoque es que si tenemos cola que nos pisen. En México existe corrupción en la policía y las sumas millonarias del narcotráfico han creado complicidad o tolerancia de algunas autoridades.

 
Mas adelante escribe: 

“El domingo 24, Francis Mullen concedió una entrevista a la cadena de televisión norteamericana ABC, en la que acusó a la Policía Judicial Federal y a la Dirección Federal de Seguridad de México de brindar protección a los narcotraficantes que presuntamente secuestraron a Enrique Camarena.

 
De hecho Mullen dio a conocer datos que desgraciadamente resultaron ciertos. Y añade: 

La situación, compleja de por sí, se enturbió más ese mismo día (25 de febrero), porque la Policía Judicial Federal tuvo que reconocer que Rafael Caro Quintero, presunto narcotraficante y sospechoso del secuestro de Enrique Camarena, había huido en avión amparado por credenciales de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial de Jalisco.

 
Adicionalmente; “... el encargado de seguir el tráfico de estupefacientes en el Departamento de Estado, John Thomas, declaró ante una comisión senatorial que en México el tráfico de drogas continuaba con la aparente bendición de algunos dirigentes gubernamentales. Lo trágico de sus aseveraciones es que en buena medida eran ciertas(...) Por ello... la Procuraduría General de la República reconoció la existencia de nexos delictuosos entre narcotraficantes y agentes policiales, y presentó ante el Ministerio Público Federal a 13 elementos de corporaciones policiales del estado de Jalisco y federales, de quienes se presumía que estaban involucrados en el secuestro y posterior asesinato del famoso agente estadounidense.

 
“...yo tengo que trabajar apoyándome en estructuras tan vulnerables como las corporaciones policiacas, que están carcomidas por la corrupción” . Se lamentó el ex Presidente.

 
Desde el principio de su sexenio Miguel de la Madrid había hecho algunos esfuerzos por depurar a las policías, el 12 de enero de 1983, apenas mes y medio después de haber tomado posesión tomó la decisión de desaparecer a la Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) de la Policía del Distrito Federal:

 
En su memorias recuerda: 

“El día 12 de enero, ordené la reestructuración de los cuerpos policiacos, pues la Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia era un nido de hampones .

La DIPD, sucesora del llamado Servicio Secreto, había sido un instrumento eficaz para el combate y control de la delincuencia en el DF y, de vez en cuando, en otras partes del país, sin embargo, sus métodos de investigación, el uso indiscriminado de la tortura y la corrupción que imperaba la hacían una policía temible y que gozaba de gran impunidad.

 
En la Ciudad de México cometieron gravísimos crímenes que quedaron impunes, según Héctor A. Gonzales, el director de la Policía del DF durante el periodo 76-82 Arturo Durazo Moreno, el director de la DIPD, Miguel Nassar Haro y Francisco Sahagún Baca, a través de un grupo llamado “Jaguares” articularon la masacre de once narcotraficantes colombianos y un taxista mexicano, cuyos cuerpos aparecieron en “la Lumbrera No. 8, última compuerta del Emisor Central del Sistema de Drenaje Profundo, en el pueblo de San José Acoculco, municipio de Atotonilco, estado de Hidalgo”.
En cuanto a la Dirección Federal de Seguridad, Jorge Carrillo Olea , en una entrevista que le concedió a Sergio Aguayo Quezada publicada en su libro La Charola acerca de las instrucciones que había recibido del entonces candidato y posteriormente presidente electo De la Madrid, con respecto a los asuntos de seguridad, le explica lo siguiente:

 
“...me instruyó (Miguel de la Madrid) para que hiciera un diagnóstico en asuntos de seguridad.
Me dedicó mucho tiempo para conversar sobre la materia. Yo preparaba documentos amplios que leía con cuidado y que me regresaba con observaciones o preguntas al margen de la página. De esta manera empezó a definirse una agenda de inteligencia que terminaría siendo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Ya electo, me invitó a desayunar un sábado para informarme de su decisión de nombrarme subsecretario de Gobernación (antes incluso de que Bartlett supiera formalmente que iba a ser el titular), y me ratificó formalmente su intención de crear un servicio de inteligencia, expresándome su interés de que algún día pudiera llegar a ofrecer inteligencia sobre asuntos financieros.”
No obstante lo anterior, De la Madrid pareció dudar, quizás por tener que enfocar sus energías en el grave problema económico y financiero que enfrentaba, sin tenerse que ocupar del espinoso tema de la reforma de las policías federales, o porque Bartlett (quien sería Secretario de Gobernación 82-88) pensaba que necesitaba de esas policías para mantener el control y la estabilidad del país y una reforma debilitaría esa política, el caso es que dejó en manos de Bartlett y no de Carrillo Olea el control de las policías federales. Carrillo Olea recuerda:

...Sin embargo, en los primeros años no pude avanzar porque la misma tarde de la toma de posesión, Bartlett me dijo que él ejercería la dirección de la DFS y que ratificaría a Zorilla. Tenía, por supuesto, la facultad reglamentaria para hacerlo.

Informé al presidente, quien guardó silencio .

Una vez que el asesinato del periodista Buendía, del rancho “Búfalo” y del homicidio de Enrique Camarena y Alfredo Zavala hicieron crisis en las relaciones con Estados Unidos y en la confianza del presidente en esas instituciones de seguridad escribió:

...empecé a recibir noticias, información y chismes de que la DFS andaba mal. Bartlett siempre defendía a Zorrilla. Cuando se da el asesinato de Camarena y la fuga de Rafael Caro Quintero, Bartlett estuvo de acuerdo en que había que quitar a Zorrilla... […]... Al mes regresa Bartlett para decirme que había descubierto una gran cantidad de irregularidades y que no se le podía tener confianza a Zorrilla.
En noviembre de 1985 Miguel de la Madrid desapareció la DFS y creó de la mano de Carrillo Olea la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DISEN) que luego se convertiría en el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional).

Hoy Zorrilla está en la cárcel y Caro Quintero esperando su extradición. Después de 37 años, la DEA celebra que no va a haber impunidad por el homicidio de Enrique Camarena y afirma que no hay lugar para esconderse si se comete un crimen contra sus agentes. La seguridad que eso les debe dar en su trabajo a esos agentes de la ley ha de ser enorme. En México según el proyecto Azul Cobalto (https://proyectoazulcobalto.com/homicidios.php) llevamos de 2017 a la fecha 2,153 policías asesinados. ¿Tendrán donde esconderse sus asesinos para quedar impunes?

Miguel De la Madrid Hurtado (2004). Cambio de rumbo. México: Fondo de Cultura Económica pp. 50, 296, 397,398, 401, 403, 400. 

 

Luis Astorga (2003). Conferencia dictada en la VIII Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado. Análisis histórico del narcotráfico en Colombia. Bogotá: División Educativa y Cultural del Museo Nacional de Colombia, Embajada de Estados Unidos en Colombia y Embajada de México en Colombia. https://www.museonacional.gov.co/imagenes/publicaciones/analisis-historico-del-narcotrafico-en-colombia.pdf

  Héctor A. González (1984). México desgraciado. La matanza de Río Tula. Recuperado de

http://mexicodesgraciado.blogspot.mx/2007/05/la-matanza-de-rio-tula.html

 

Jorge Carrillo Olea fue un militar de carrera, Subsecretario de Gobernación (1982-1988) y fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 

Sergio Aguayo Quezada (2001). La charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México. México: Grijalbo pp.242, 243, 244.

Imputación, Vinculación o Acusación: El Sinuoso Camino de la Presunción de Inocencia

Por Bernardo León-Olea
@bernardomariale

“Ninguna persona debe ser sometida a un proceso penal si no hay una acusación en su contra…”

Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos

Ser sometido a un proceso penal tiene que ser una experiencia terrible. Si se es culpable por la alta probabilidad de perder la libertad y si se es inocente por la amargura de ser acusado públicamente de la comisión de un delito y el esfuerzo que implica demostrar la falsedad de la acusación y probar la propia inocencia.

Un sistema de justicia civilizado sabe que someter a proceso a una persona no puede tomarse a la ligera porque, aunque el acusado sea declarado inocente al final del proceso, el haber sido acusado y tener que defenderse por meses o años dejará marcada a la persona en lo personal y frente a la sociedad. 

Por ello, como su nombre lo indica, el sistema acusatorio requiere de una “Acusación” para que una persona sea sometida a proceso. Una “Acusación” que implica demostrar con medios de prueba establecidos en artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que se cometió un delito y que la persona acusada lo cometió o participó en su comisión.

En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se requiere para los delitos graves que un Gran Jurado, es decir un grupo de ciudadanos revisen la evidencia presentada por la fiscalía y decidan si hay pruebas suficientes para que se formule una acusación.

Una vez formulada la acusación ante un juez, éste revisa si se cumplen todos los requisitos necesarios en la acusación y libra una orden de aprehensión o un citatorio que obligan a la persona acusada a presentarse a una audiencia donde le informarán que ha sido acusada de un delito. 

La revisión judicial de la acusación implica necesariamente que la investigación está terminada, tiene todas las pruebas necesarias para someter a una persona a un juicio y buscar una sentencia condenatoria, esto sin menoscabo de que pueda haber pruebas o hechos posteriores a la acusación que no se conocían en el momento de hacerla. 

La diferencia fundamental con el sistema inquisitivo es que en ese sistema no hay realmente una acusación. La investigación es un proceso que se litiga primero ante el ministerio público y luego frente al juez, en la mayoría de los casos la persona se encuentra detenida durante el proceso y la investigación continúa durante el proceso sin que la persona sepa exactamente de que la acusan (solo había un documento que se llamaba auto de formal prisión que establecía los hechos y las responsabilidades pero estas podían cambiar en el transcurso de la “instrucción” que era una investigación judicial con la persona detenida o sometida a proceso en libertad).

Finalmente, en el viejo sistema inquisitivo después de la instrucción había una etapa de juicio donde el ministerio público podía ofrecer conclusiones acusatorias o no acusatorias y en su caso el juez sentenciaba. Evidentemente todo por escrito.

En esta peculiar modalidad de sistema acusatorio que hemos adoptado en México persisten muchos de los vicios del sistema inquisitivo.

Las investigaciones del Ministerio Público se siguen litigando ante este funcionario, las agencias del ministerio público, las llamadas mesas de trámite y los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) en sede ministerial resuelven entre el 75% y el 85% de los procedimientos penales en México sin la intervención de un juez.

En el resto de los casos derivado de la investigación se puede librar una orden de aprehensión con un estándar de prueba muy bajo sin que la persona esté acusada de ningún delito y una vez detenida, es imputada con un nuevo estándar de prueba bajo, luego vinculada a proceso que deriva en un periodo de investigación complementaria bajo control judicial -como la vieja instrucción – y finalmente después de meses o años en que se lleva a cabo la investigación complementaria, la persona – que en muchos casos está en prisión preventiva oficiosa o justificada – es acusada de algún delito.

La ausencia de la acusación como requisito para solicitar una orden de aprehensión y para someter a una persona a proceso permite que personas como el exprocurador Murillo Karam o en su momento Rosario Robles, José Manuel del Río Virgen, el exprocurador de Veracruz Jorge Winckler y muchos más estén en prisión sin estar acusados realmente de nada.

La cuestión no solo es la prisión preventiva oficiosa o justificada, sino el requisito de “Acusación” porque aun cuando desparezca la prisión preventiva oficiosa permanecerá la prisión preventiva justificada y un proceso penal para personas que no estarán acusadas de nada hasta después de la imputación, la vinculación a proceso y la investigación complementaria.

El “Principio Acusatorio” es quizás la garantía más importante de un sistema democrático de justicia porque implica que una persona sabe de qué la acusan y de que se está defendiendo. Evidentemente si no conoces de que te acusan no sabes de que te defiendes lo cual te pone en una grave situación de inseguridad jurídica, particularmente si estas detenido y aunque no lo estés.

Es evidente que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la presunción de inocencia, pero es igual o más grave es que una persona esté sometida a un proceso penal – detenida o en libertad – sin que sepa de que la acusan. 

Introducir el principio acusatorio en nuestro sistema “Acusatorio” es clave para reformar nuestro sistema de justicia, ya no se diga para incentivar buenas investigaciones.

Articular la Política Criminal y una Secretaría de Justicia (Primera parte)

Por Bernardo León-Olea

@bernardomariale

El viernes 21 de febrero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación  un decreto que derogaba el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal desapareciendo la antigua Secretaría de Programación y Presupuesto e integrando prácticamente todas sus funciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La idea era articular la política económica en una sola secretaría: “…las atribuciones fiscal, financiera, crediticia y de gasto del Poder Ejecutivo Federal, además de las relativas a la planeación y a la información que le sirve de base a ésta, con el propósito de fortalecer la cohesión de la política económica y, con ello, contribuir a la consolidación, tanto de la recuperación económica, como de la estabilización y del financiamiento del desarrollo. Esto tendría lugar mediante la fusión de las actuales secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público.” 

La propuesta de fusión de ambas secretarías tenía por lo menos tres antecedentes; a) la grave crisis económica que sufría México desde 1982 debido a la reducción de los precios del petróleo (su principal fuente de ingresos en esa época) que pasaron de 36.31 dólares por barril en 1981 a menos de 12 dólares en 1986, lo que impedía que México pagará sus deudas con la banca internacional; b) el enorme déficit fiscal que provocó la disminución de los ingresos del gobierno generando inflaciones superiores al 100% anual destruyendo los ingresos y el ahorro de los mexicanos; y c) los pleitos que había entre los secretarios de hacienda y los de programación y presupuesto para articular una política económica congruente.

La cuestión era que dos presidentes de la República (Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari) habían sido secretarios de programación antes de ser presidentes (Zedillo también pero no inmediatamente antes de ser presidente) y la “grilla” entre los secretarios de Hacienda que querían políticas muy prudentes de restricción del gasto y los de programación que querían gastar (porque eso les daba bonos políticos) desarticulaban la política económica y mantenían a los mexicanos en una situación de crisis económica permanente.

La fusión de Hacienda y Programación y Presupuesto no fue la única medida estructural importante que le ha dado (pese a todo) estabilidad a la economía mexicana. En 1993, el Presidente Salinas de Gortari propuso una reforma al artículo 28 constitucional con el fin de darle autonomía al Banco de México de tal manera que la política monetaria no estuviera influida políticamente y fuera un contrapeso a las políticas y el poder de la propia “supersecretaria”. 

En el portal del Banco de México se puede leer: “Si bien durante las décadas conocidas como el desarrollo estabilizador se mantuvieron políticas fiscales y monetarias coordinadas y prudentes que permitieron un crecimiento sostenido con baja inflación, en los años setenta y ochenta la economía experimentó una etapa turbulenta, que se originó en la aplicación de políticas excesivamente expansivas, así como en la obligación que se impuso al Banco Central de extender crédito para financiar los déficit fiscales en los que se incurría. Esto condujo al deterioro de la estabilidad de los precios, generando inflaciones agudas, prolongadas y profundamente perjudiciales para la sociedad –las cuales alcanzaron niveles que rebasaron el 100% entre 1982 y 1988 (Banco de México, 2017).

Tras estos periodos de una profunda erosión del poder adquisitivo del dinero y pérdida de bienestar social, resultó clara la necesidad de separar de manera definitiva la función de crear dinero, de otras tareas del Estado en las que se enfrentan continuas demandas para aumentar el gasto. Por ello, se planteó cambiar la naturaleza jurídica del Banco de México, brindándole autonomía y otorgándole la finalidad prioritaria de procurar la estabilidad de precios con un compromiso de largo plazo.” 

Así la fusión en Hacienda (aunque muy criticada por la oposición de izquierda que votó en contra – una supersecretaria criticaban) permitió articular la política económica y eliminar muchos de los inconvenientes administrativos y políticos que provocaban dos secretarías que en más de un sentido duplicaban y obstruían las funciones de cada una en detrimento de la estabilidad y el crecimiento económico.

Bajo un solo mando las políticas financieras, de ingreso y de gasto se articularon y poco a poco permitieron la estabilidad económica de la que ahora seguimos disfrutando los mexicanos. Al mismo tiempo, la autonomía del Banco de México permitió equilibrar las necesidades de gasto del gobierno impidiendo políticas monetarias expansivas y manteniendo la inflación bajo control protegiendo la estabilidad económica y el poder adquisitivo del dinero.

Nada mal, una reforma estructural de gran calado le ha dado a México dos décadas de estabilidad pese a muchos desafíos en la economía y crisis en la economía internacional.

Mutatis mutandi (cambiando lo que se deba cambiar) la crisis que vivimos de seguridad está íntimamente relacionada con la forma en la que estructuramos las instituciones de seguridad y justicia penal en México y los procesos que desarrollan cada una.

Hasta antes de 1917 los Código de Procedimientos Penales establecían que la investigación del delito correspondía a la llamada “Policía Judicial”  que no era un cuerpo orgánico de policías como podrían ser hoy las policías ministeriales o investigadoras, sino que era una función de diferentes policías, como los inspectores de cuartel, los comisarios de policía, el inspector de policía, el ministerio público, los jueces correccionales y los jueces de lo criminal que además de sus tareas específicas estaban en “funciones” de policía judicial investigando algún delito.

Esta “función” investigadora tenía además la peculiaridad de que salvo casos muy excepcionales todos los delitos se investigaban de oficio, es decir, una vez que la policía judicial tenía conocimiento de un hecho posiblemente delictivo debía investigarlo sin mayor trámite.

Las policías dependían de los llamados “jefes políticos” (este nivel de gobierno intermedio entre los alcaldes y los gobernadores) a nivel local y de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, obviamente los jueces de lo criminal eran parte del poder judicial y el ministerio público (encargado de formular la acusación) una incipiente Procuraduría General de la República que estaba integrada en la Secretaría de Justicia.

Sin embargo, en 1917 los constituyentes decidieron (con base en información falsa y distorsionada del diputado y asesor de Carranza José Natividad Macías ) darle al Ministerio Público el monopolio de la acción penal y el control directo de la “policía judicial” con la peculiaridad de que la “policía judicial” ya no sería una función de todas las policías sino que sería un cuerpo de policías exclusivamente investigadores (Sección de Investigaciones le llamaron originalmente) que dependerían del ministerio público y en última instancia del procurador. 

El resto de los policías; municipales, estatales y federales serían considerados policías “preventivos” – “gendarme de la esquina” los llamó despectivamente José Natividad Macías, los cuales dependerían de las secretarías de gobernación a nivel federal y estatal y del alcalde a nivel municipal. Con esta medida separaron a las policías en “investigadoras” dependientes de las procuradurías y “preventivas” dependientes de gobernación o equivalente.

Todo esto olvidando (o ignorando) que el trabajo policial es integral y que la investigación y la prevención están íntimamente relacionadas, la prevención (patrullaje, vigilancia, proximidad con la sociedad, solución de conflictos, recepción de denuncias, etc.) es una parte fundamental de la investigación y al revés, una policía “investigadora” que no está involucrada en la prevención parte de cero en cada caso desconociendo los procesos criminales que hay en las comunidades.

Esta división empobreció a ambas policías y es uno de los principales factores de impunidad y por tanto de inseguridad que hay en México. Desde este nefasto diseño institucional, la política criminal está divida en dos en todo el país, por un lado, las secretarías municipales, estatales y federal que dirigen a las policías “preventivas” (que incluyen a la Guardia Nacional) y las fiscalías que controlan a las policías investigadoras.

Por si eso fuera poco, la investigación del delito corresponde al ministerio público – que también está en las fiscalías – y aunque el artículo 21 constitucional les otorga facultad de investigar a las policías (a todas) las pone bajo la “conducción y mando” del propio ministerio público lo que en la práctica deja la investigación en las manos exclusivas de esta autoridad.

Como las “grillas” entre los funcionarios de la antigua Secretaría de Hacienda y los de Programación y Presupuesto, que se acusaban de no tener un manejo prudente del presupuesto y los segundos de querer estancar la economía del país, las secretarías de seguridad y sus policías y las fiscalías y sus policías también se acusan de no prevenir los delitos y en contra parte de no investigarlos y procesarlos. Frases como “puerta giratoria”, “detenciones mal hechas”, “no saben llenar el informe policial”, “dejan libres a todos”, “no investigan” son parte del argot cotidiano de la impunidad.

El asunto se ha agravado en los últimos años con la autonomía de las fiscalías – que en realidad es una coartada para ocultar su dependencia del ejecutivo y legitimar persecuciones políticas u otorgar impunidad a aliados y asociados – porque la facultad de investigación de las policías preventivas depende de la “conducción y mando” del fiscal autónomo y no del presidente, el gobernador o el alcalde. Un esquema condenado al fracaso.

Sin duda, la “Estructura es la Estrategia” – como escribí en uno de mis libros  – entonces la estructura de las instituciones de seguridad y justicia penal en México que están divididas en “preventivas” e “investigadoras” impide una política criminal articulada que pueda investigar y perseguir a los criminales y a sus organizaciones eficazmente.

El esquema podría ser un paralelismo de los que fue la fusión de Hacienda con Programación y Presupuesto y la autonomía del Banco de México. Lo primero es desparecer esta división entre policías preventivas e investigadoras e integrar a ambos cuerpos bajo un solo mando con facultades plenas de investigación, así la retroalimentación entre policías uniformados y policías de no uniformados permitiría conocer a detalle el “universo criminal” de las comunidades y desarrollar investigaciones “proactivas” que permitan procesar a los criminales y sus organizaciones.

Para ello es indispensable crear una dependencia que integre la política criminal bajo un solo mando y articule la prevención y la investigación del delito. A nivel estatal y municipal pueden ser las secretarías de seguridad pública y a nivel federal podría eliminarse la secretaría de seguridad y diseñar una verdadera Secretaría de Justicia.

La fusión de las policías en una sola dependencia articula la investigación del delito, pero deja abierto la cuestión del ministerio público (MP) y su autonomía. Aquí es fundamental replantear la función de los fiscales como lo que siempre debieron haber sido: abogados que litigan las investigaciones de la policía, es decir, el MP debe transformarse en el despacho de abogados de las víctimas y de la sociedad, su trabajo es jurídico y por eso la ley le exige ser licenciado en derecho.

Una vez replanteada su función jurídica, los fiscales (no las fiscalías) regionales, estatales y federales deben conservar su autonomía ya sea a través de un sistema de carrera o de elección para ser directamente responsables ante las víctimas y la sociedad y para evitar que su función tenga motivaciones distintas a la procuración de justicia.

A nivel federal necesitamos una muy sólida Agencia de Investigación Criminal y un cuerpo de fiscales (abogados) autónomos que litiguen las investigaciones de dicha agencia con responsabilidad ante la nación y sin influencias políticas indebidas.

Sin duda la estructura es la estrategia y la unidad de mando en la política criminal y los equilibrios entre la investigación y persecución de los delitos puede tener los efectos en la impunidad que (simplificando un poco) tuvo la fusión de Hacienda y Programación y Presupuesto y la autonomía del Banco de México en la economía.

¿Quién paga la factura?

Por Bernardo León-Olea 
@bernardomariale

Mientras escribo estas líneas los diputados federales discuten la reforma eléctrica que propuso el presidente, así que a esta hora es imposible saber el resultado de la votación, aunque al parecer (ojalá) será rechazada.

La cuestión de fondo es la “inversión” es decir el dinero que se requiere para modernizar y ampliar la capacidad de producción de energía eléctrica y de hacerlo con base en energías limpias como las que aprovechan la energía solar o el viento. Y la pregunta sin duda será ¿Quién puede aportar ese dinero? Y ¿Quién va a pagar la factura de las industrias eléctricas que ya están operando en México? Y ¿Qué inversionista privado querrá invertir en México en el futuro sin la seguridad de sus inversiones?

Antonio Ortiz Mena fue secretario de Hacienda de México durante la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, en su libro “El desarrollo estabilizador: reflexiones sobre una época” (FCE:1998) explica que el crecimiento económico de México implicaba una demanda adicional de electricidad de 10% anual (México tenía 37 millones de habitantes) y que desde el inicio la electricidad en México la proveían dos grandes empresas extranjeras, la Mexican Light and Power (luego compañía de Luz Y fuerza) en el centro del país y la American Foreign Power (Impulsora de Empresas Eléctricas) en el norte del país y varias empresas mexicanas no tan grandes abastecían otras ciudades del país.

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (sobre todo después de la expropiación petrolera) el gobierno negó un aumento de tarifas y según Ortiz Mena “Con las bajas tarifas se redujo notablemente la rentabilidad de las empresas eléctricas” por ello, las empresas privadas (nacionales y extranjeras) entre 1945 y 1960 redujeron sus inversiones en electricidad “a causa de las bajas tarifas y de la incertidumbre prevaleciente en cuanto al marco regulatorio.”

Sin embargo, hasta 1960 el incremento en la inversión (que logró aumentar de 700 mil a 3 millones de kilovatios la generación de electricidad) fue compartida por mitades entre la CFE y las empresas privadas.

La forma de llevarla a cabo fue a través de la compra de acciones de las empresas privadas (fundamentalmente las extranjeras) a través de créditos a una tasa del interés del 6.5% y pagaderos a 15 años, en total la nacionalización costó 650 millones de pesos de esa época cuando el dólar estaba a 12.50 (0.0125 centavos de hoy). Para 1962 Ortiz Mena obtuvo un crédito de 130 millones de dólares para apoyar a la CFE y sus inversiones en la industria eléctrica y en 1963 estableció que la emisión internacional de bonos del gobierno mexicano sería para “la inversión en el sector eléctrico”.

Por su parte, en su libro “La Política Económica de México 1970-1976” (Siglo XXI:1993) Carlos Tello Macías (funcionario de Hacienda en esa época) criticaba los resultados del “desarrollo estabilizador” porque a pesar del “crecimiento económico, solidez monetaria, solvencia crediticia y estabilidad política…” había una creciente concentración de la riqueza, graves rezagos en los servicios sociales, desempleo y una limitada inversión pública. Paradójicamente, la respuesta de esos años fue aumentar el tamaño del gobierno y el número de empresas y entidades gubernamentales y el déficit fiscal.

Al día de hoy, la deuda del gobierno mexicano asciende a 10 billones 395 mil 86.6 millones de pesos (40% del PIB), 4.9% más que en 2020 y 11.4% que en 2019 . La recaudación está presupuestada en 7 billones de pesos que provienen fundamentalmente del Impuesto sobre la renta, el IVA, otros impuestos al consumo (como la gasolina) y las contribuciones a la seguridad social . 

Ósea de los impuestos que todos pagamos (no solo los que hacen su declaración), dicho de otra manera, la factura la pagamos y la hemos pagado nosotros. ¿No sería mejor gastar nuestro dinero en seguridad, justicia, educación, salud, etc., que en las ineficientes y caras empresas del gobierno?

LA TEOLOGÍA DE LA ESTATIZACIÓN AMLO y Mitterrand frente a la Reforma Eléctrica

Por Bernardo León
@bernardomariale

Conservar la cabeza vale más que conservar el sombrero

Proverbio nigeriano

Mitterrand: Modernizar o Morir

El 23 de septiembre de 1981 el presidente de Francia Francois Mitterrand se reunió con su Consejo de Ministros (El primer ministro y los miembros del gabinete) para discutir la Ley de Nacionalizaciones que se presentaría a la Asamblea Nacional. La idea general era – según ellos – estatizar grandes compañías y la banca francesa para dirigir la economía evitando criterios exclusivamente capitalistas (margen de rendimiento sobre las inversiones) y buscar el interés general.

El primer ministro, Pierre Mauroy expuso el proyecto, pero el gabinete se dividió en la discusión, Mitterrand quería que la nacionalización de las empresas privadas fuera al 100% es decir, que el gobierno expropiara (y pagara) el 100% de las acciones, mientras que el ministro de Planeación Michel Rocard proponía sólo comprar el 51% de las acciones porque era mas barato y porque con eso bastaría para controlar a las empresas y nombrar a sus directores.

Sin embargo, Mitterrand optó por el 100%. Cuando le preguntaron por qué señaló: “No quiero que se pueda dar marcha atrás. Hace falta que la extensión del sector público se convierta en irreversible”1 . Además, no quería parecer pusilánime con sus votantes comunistas que desde Lenin pensaban que los socialdemócratas (como Mitterrand) no eran mas que unos oportunistas y revisionistas.2

Con fuertes discusiones y debates entre los diputados, pero con la mayoría del gobierno y sus aliados se aprobó la ley que nacionalizaba al 100%, seis de las compañías industriales más grandes de Francia, en electrónica y telecomunicaciones, textiles, química, vidrio, papel, metales, acero, aviones, defensa, computadoras y farmacéutica además del 100% de los bancos privados franceses 3. El Monopolio de la Electricidad (Électricité de France) ya era propiedad del gobierno.

La Ley de Nacionalizaciones fue promulgada el 11 de febrero de 1982 y fue festejada como el cumplimiento de una de las promesas de campaña mas importantes del primer presidente Socialista (en coalición con los comunistas) de la V República Francesa, pero el costo sería enorme, el tesoro francés debió pagar 51 mil millones de francos (mmdf) que con intereses significaba pagar a 15 años unos 300 mmdf equivalente a una tercera parte del presupuesto anual de la Francia de esa época 4.

Una vez nacionalizados los bancos y los siete grupos industriales mas importantes, el gobierno francés generaría casi cuatro de cada cinco empleos, 30% de las exportaciones y 60% de la inversión industrial, además de manejar 87% de los depósitos bancarios, 81% de los créditos y el 100% de las empresas privadas dependerían del crédito de los bancos del gobierno 5.

Las nuevas empresas nacionalizadas enfrentaron por lo menos dos grandes problemas; a) problemas de gestión y b) problemas de financiación. En cuanto a los problemas de gestión, Mitterrand despidió a todos los directores y consejos de administración de las empresas y encontrar nuevos directores entre sus aliados socialistas, los que veían sus cargos en las empresas como trampolines políticos y como cuotas de grupos, mas que como una tarea gerencial. Adicionalmente, el ministro de Industria tomaba decisiones y hacia reestructuraciones sin avisarle a los directores y sin criterios de productividad y finalmente la ley impedía que hicieran compras o ventas de unidades de negocio (muy común en la iniciativa privada) y eso impedía una gerencia eficaz 6.

Por otro lado, la financiación se complicaba porque a finales de 1982 casi todas las empresas nacionalizadas estaban en números rojos (incluyendo muchos bancos) y el gobierno (con recursos presupuestales) les dotaba del capital que necesitaba aumentando el déficit público. Entre la empresa Sacilor, Usinor (acero) y Renault (coches) acumulaban perdidas de mas de 75 mmdf y el gobierno les dotó de 45 mmdf para sostenerlas 7.  

Durante el periodo “estatista” (1981-85) la economía creció 1.2% frente al 3.3% de 1976 a 1980, el desempleo subió 8.8% frente al 5.4, la inflación se mantuvo alta en 9.4 frente al 10.5 (debido a los altos precios del petróleo de los años 70) y el déficit fiscal 3.0 frente al 0.7 anterior (8). 

El proyecto “estatista” fue un rotundo fracaso que le costo las elecciones legislativas al Partido Socialista y Mitterrand decidió abandonar el proyecto, apenas en marzo de 1983, un año después de aprobada la Ley de Nacionalizaciones cesó al ministro de Industria y abolió el Ministerio del Plan.

Concebidas para esquivar las leyes del mercado mundial, el fracaso del estatismo permitió que la izquierda entendiera el valor de las empresas y rompió “con un socialismo trasnochado” Mitterrand entendió “…unos meses mas tarde que se había equivocado para que abandonara, de golpe, la teología nacionalizadora del Partido Socialista.”(9)  Los mecanismos del desarrollo serían otros.

Para las elecciones legislativas de marzo de 1986, el Partido Socialista perdió las elecciones y Mitterrand tuvo que aceptar la “cohabitación” es decir que el presidente Socialista debía nombrar a un primer ministro Liberal miembro de la coalición opositora que había ganado.

El nuevo primer ministro liberal Jacques Chirac logró la aprobación de la Ley de Privatizaciones (publicada apenas en julio de 1986) que regresaba a la iniciativa privada (vía venta de acciones en la bolsa) 65 grandes conglomerados empresariales, en total como 1,454 empresas. Esto permitió que mas de 3 millones de franceses fueran accionistas de esas empresas (muchos de ellos sus trabajadores) y que Mitterrand entendiera que no era una ruptura con el socialismo sino con “el anacronismo” 10.

Mitterrand y los socialistas (antes de las privatizaciones) creían que las empresas estatales pueden esquivar las leyes del mercado, que sin la ambición de la renta capitalista podían dirigir el rumbo de la economía a través de las grandes empresas del Estado sin embargo, los socialistas franceses de hace cuarenta años (que duraron 14 años en el gobierno) observaron como los impuestos de los franceses estaban financiado los números rojos de aquellas empresas y bancos y no los beneficios sociales que prometieron a sus electores. Los déficits crecieron, la economía se estancó y la inflación amenazó con diluir los salarios y los ahorros de los franceses.

Quizás los más grave es que la economía francesa se estaba volviendo obsoleta y era necesario un enorme esfuerzo para modernizarla. Por ello, tuvieron la osadía de cambiar, de encontrar nuevos métodos para lograr los fines de un socialismo democrático y no volver la vista atrás.

AMLO: Morir antes que Modernizar

En estos días se discutirá la reforma eléctrica propuesta por AMLO, su objetivo es “estatizar” de nuevo la generación de energía eléctrica bajo la premisa de que la CFE podrá esquivar las leyes del mercado y generar electricidad a precios bajos, esto permitirá dirigir la economía y controlar a muchas empresas con la herramienta del abasto de electricidad.

El resultado será el mismo, enormes déficits, ausencia de inversión y problemas de abastecimiento, una película que los mexicanos de los años ochenta y noventa vieron reiteradamente. ¿Por qué volver a ver una película de la que todo mundo conoce el trágico final?

AMLO no cree en la ley y por tanto desprecia a los organismos reguladores, la hipótesis central de su política y de su iniciativa es que el Estado (en realidad su gobierno) debe dirigir la economía y a través de las empresas como CFE controlar las imperfecciones del mercado y hasta proteger la soberanía.

¿Por qué vuelven a equiparar soberanía con empresas del Estado? 

A pesar de este tropezón de nostalgia autoritaria y nacionalista que ha convocado entre otros a Trump (EUA), Erdogan(Turquía), Orban(Hungría), Putin (Rusia), Bolsonaro (Brasil), Duterte (filipinas) y AMLO al mismo tiempo, la globalización es decir, el intercambio mundial de bienes y servicios, los sistemas financieros internacionales, el grave deterioro ecológico de todo el planeta, las telecomunicaciones, las redes sociales, la pandemia, la migración, etc., impiden volver a un pasado nacionalista y autárquico que partía de la base de países cerrados al comercio, que sustituían importaciones y gobernaban autoritariamente con la herramienta de las empresas del Estado, la deuda, los déficits fiscales y el argumento desgastado de la soberanía. Eso no existe mas, ni es sostenible.

Después de un viaje a Silicon Valey en 1983, Mitterrand quería que Francia se inspirara en ese lugar de alta tecnología para modernizarse “porque iban con retraso”. Una vez muerto el experimento estatista afirmó: “Francia ha optado por el riego de la modernidad contra el confort de la inmovilidad” 11.

¿Quién se anima a llevar a AMLO a Silicon Valley?

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1 Giesbert, Franz Olivier, Mitterrand El Presidente. Pp. 231Biografías Espasa 1991

 2 Lenin, Vladimir I. La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky https://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/lenin_renegado_kautsky.pdf

  3 Tiersky, Ronald, Francois Mitterrand, The Last French President. St. Martin´s Press 2000.

  4 Op. Cit. 1 pp. 230.

 5 Op. Cit 2 pp. 143

 6 Rodríguez Ondarza, José A. y Rubio Guerrero, Juan J. El Proceso de Privatización en Francia y en el Reino Unido, Papeles de Economía Española no. 38, 1989 pp.434.

  7 Op. Cit 5

  8 Op. Cit 5

  9 Op. Cit. 1

  10 OP. Cit 5

  11 Op. Cit. 1

 

 

Elegir y Revocar a los Fiscales

Por Bernardo León

@bernardomariale

 

Fiscales electos popularmente 

 

El 10 de septiembre de 1832 los 48 delegados a la Convención Constitucional del estado norteamericano de Mississippi se reunieron en el pequeño pueblo de Jackson (hoy su capital) para hacer una nueva constitución estatal^[1]. 

 

El mandato de la Convención era muy puntual, ampliar el control democrático del gobierno. Para ello se hicieron dos propuestas fundamentales; a) que todos hombres blancos pudieran votar (antes sólo los que tuvieran propiedades o pagaran impuestos); y b) que los jueces, los fiscales regionales (ministerios públicos) y los fiscales estatales, así como otros cargos públicos estatales y municipales fueran de elección popular (no por designación).

 

A principios del siglo XIX los fiscales regionales en Estados Unidos eran funcionarios judiciales que representaban al gobierno en asuntos penales y civiles, sin embargo, con el tiempo fueron tomando importancia sobre todo porque decidían, de manera discrecional, si se formulaba una acusación o no contra una persona. Esta facultad sobre la acusación los obligó casi de manera natural a trabajar con las policías (recién creadas) y a ser considerados más parte del poder ejecutivo que del judicial.

 

La cuestión de fondo es que los fiscales regionales además del enorme poder que fueron adquiriendo, eran nombrados por las legislaturas estatales (uno por distrito judicial) con base en cuotas derivadas de las negociaciones políticas entre los partidos; el llamado “patronazgo” que era el reparto de cargos públicos entre amigos, socios, compadres o familiares de los diputados locales y de los partidos.

 

Este sistema provocaba muchas injusticias e impedía que los ciudadanos se sintieran representados por sus fiscales porque respondían a quien los nombró y no a quienes debía representar (víctimas y ciudadanos) y no sentían que se hacía justicia.

 

Por ello, en la nueva Constitución Estatal de Mississippi se tomó la decisión de que los fiscales fueran electos por el pueblo, uno por cada condado o distrito, para asegurar que los representaran en los tribunales o que les fuera revocado el cargo. Lo mismo hicieron con el Fiscal General del Estado que también es electo.

 

Estados Unidos es el único país del mundo donde de los 2,341^[2] fiscales de distrito y los fiscales generales de los estados son electos por voto popular y a partir de que Mississippi decidió que fueran electos y al día de hoy solamente tres estados (Alaska, Connecticut y Nueva Jersey) no eligen a sus fiscales (estatal y de distrito) sino que son designados por el gobernador y aprobados por la legislatura estatal.

 

Es importante mencionar que a nivel federal el Fiscal General de la República y los fiscales federales de distrito (93) son designados por el Presidente y aprobados por el Senado. 

 

Crisis y Reforma de la Justicia Penal

Entre 1960 y 1990 Estados Unidos vivió una fuerte crisis de seguridad representada por el incremento de las tasas de homicidios de 4 hasta 11 por cada 100 mil habitantes^[3]. Durante esos años las políticas fueron muy duras con los criminales y el número de personas en prisión se cuadruplicó desde 1970. La población privada de la libertad en Estados Unidos es de 2.2 millones de personas^[4], por mucho la más grande del mundo.

 

Ahora la tasa de homicidios es mucho menor (5 por cada 100 mil habitantes)^[5] y en la mayoría de las ciudades la criminalidad está bajo control (con sus excepciones), pero esto ha permitido hacer una revisión de las políticas que se han implementado y los efectos que han tenido en la sociedad.

 

Una ONG dedicada a revisar las políticas de prisión encontró que el 74%^[6] de las personas que están en prisión no están sentenciadas y siguen detenidas porque no pueden pagar una fianza, medio millón de personas están en prisión por crímenes no violentos^[7] y el 45% de los presos son negros, aunque sólo representan el 13% de la población^[8].

 

Fiscales Electos y Reforma al Sistema de Justicia

 

Estos datos aunados a los abusos documentados de algunas policías contra la población negra y latina han generado un movimiento muy grande para reformar el Sistema de Justicia Penal. Lo interesante del caso es que el primer frente de batalla para la Reforma al Sistema de Justicia Penal se ha centrado en la elección de los fiscales de distrito. La idea es que puedan llevar a cabo las reformas como reducir el encarcelamiento de delitos menores, reducir las fianzas, centrarse en los delitos mas violentos, no pedir la pena de muerte y tener un acercamiento a las drogas mas centrado en la salud pública que en el delito.

 

El Movimiento de Fiscales Progresistas no es una organización sino un movimiento de personas que buscan ser elegidas o ayudar a elegir a los que le llaman “fiscales progresistas” que con sus facultades (básicamente dirigir las investigaciones de la policía, acusar a los probables responsables, litigar el juicio y solicitar las penas) apliquen estas políticas y así reformen el sistema penal.

 

Otros miembros del movimiento – como el Marshall Project ^[9]– concientizan sobre la necesidad de la reforma a través del periodismo de investigación. La clave del movimiento, sin duda, es que los fiscales de distrito son electos (normalmente cada 4 años) y eso permite que estos grupos promuevan su agenda a través de candidatos que han ido ganando en diferentes distritos el cargo de fiscales y han ido aplicando estas políticas.

 

Los fiscales progresistas han ido ganando fiscalías de distrito en diferentes ciudades grandes como San Francisco, Los Ángeles, Filadelfia, Chicago, Boston, pero también en ciudades más pequeñas como Portsmouth en Virginia o San Luis Missouri. Sin embargo, a pesar de su aparente necesidad y lógica de implantar la reforma no ha sido fácil^[10].

 

Revocar al Fiscal: el Caso Chesa Boudin

 

Chesa Boudin es un abogado de 41 años que en 2019 ganó la elección para fiscal de distrito de San Francisco bajo la agenda de los fiscales progresistas^[11]. Su caso es paradigmático porque está considerado como uno de los fiscales progresistas más radicales, porque sus padres ambos estuvieron en prisión (su padre sigue en prisión) y tuvo que ser criado por padres adoptivos, pero sobre todo porque 83,000 ciudadanos de San Francisco han pedido la revocación de su mandato porque afirman que sus políticas de suavidad con el crimen, desencarcelamiento, etc., están aumentando la reincidencia y la criminalidad en la ciudad.

 

Uno caso que ponen como ejemplo sus detractores es el de Troy McAlister es un afroamericano de 45 años que – bajo las políticas de desencarcelamiento de Boudin – se le había otorgado la libertad condicional después de haber sido sentenciado por robo. Pero una vez que estuvo afuera la policía de San Francisco lo acusa de haber robado en una casa y en la prisa de escapar con un coche robado atropelló y mató a dos mujeres en un distrito turístico de San Francisco.

 

Boudin alega que de las personas que han liberado porque el delito que cometieron no ameritaba sentencias tan largas, muy pocas han reincidido y que sus detractores sólo se están fijando en los pocos casos en que si ha habido reincidencia.

 

Mas allá de la discusión de fondo, lo que es muy interesante es el hecho de que los fiscales pueden ser electos y revocados y que esto permite a los ciudadanos y a los medios, una discusión cercana, local y efectiva sobre la actuación y el desempeño del sistema de justicia y también permite ratificar o revocar al fiscal de la ciudad.

 

En un sistema donde los fiscales estatales son designados (ya sea por el gobernador o el congreso o por ambos) por periodos muy largos de tiempo y estos a su vez eligen y remueven a los fiscales de distrito (regionales) discrecionalmente, esta discusión y esta dialéctica de cambio y reforma es imposible.

 

¿Cómo revocamos a Gertz o a Ernestina Godoy? ¿Cómo hacemos para que el fiscal regional de nuestra ciudad o región nos responda a nosotros más que a su jefe que lo nombró? ¿Cómo discutimos la reforma y el desempeño del funcionario mas poderoso del sistema de justicia que es el fiscal desde la ciudad o el municipio?

 

Da la impresión que en México los ciudadanos somos unos simples espectadores y víctimas del sistema de justicia penal que no tenemos ninguna oportunidad de influir en mejorar su reforma o desempeño porque los fiscales no le deben el puesto a la ciudadanía ni tienen un compromiso con ella, sino que se lo deben a su jefe y con éste son sus lealtades.

 

Seguiremos discutiendo.

 

 

 

 

^[1] Ellis, Michael J. The Origins of the Elected Prosecutor, The Yale Law journal. 121: 1528 2012 Drake, Winbourne Magruder. “The Mississippi Constitutional Convention of 1832.” The Journal of Southern History, vol. 23, no. 3, Southern Historical Association, 1957, pp. 354–70, https://doi.org/10.2307/2954885.

^[2] https://www.cga.ct.gov/2003/rpt/2003-R-0231.htm

^[3] https://nap.nationalacademies.org/catalog/18613/the-growth-of-incarceration-in-the-united-states-exploring-causes

^[4] https://www.nbcnews.com/news/us-news/progressive-prosecutors-conservative-pushback-rcna14467 Prision Policy Iniciative.

^[5] https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2019/crime-in-the-u.s.-2019/tables/table-16

^[6] Op. Cit 4

^[7] Op. Cit 4

^[8] Op. Cit 4

^[9] https://www.themarshallproject.org/?ref=nav

^[10] https://www.theguardian.com/us-news/2019/jul/23/us-justice-system-progressive-prosecutors-mass-incarceration-death-penalty

^[11] https://www.nytimes.com/interactive/2022/03/01/magazine/chesa-boudin-interview.html?searchResultPosition=2