Maximato y Plan C: Un dialogo entre José López Portillo y Claudia Sheinbaum

Por Bernardo León-Olea

“El oficio de Presidente se aprende sólo siendo Presidente. Puede uno llegar con preparación y proyectos al ejercicio del poder. Pero muy pronto la riqueza de la realidad desborda todos los esquemas.”

José López Portillo

Un 17 de septiembre de 1975 el presidente Luis Echeverría llamó a acuerdo a su secretario de Hacienda y gran amigo de toda su vida José López Portillo, estaba cerca la revisión de la cuenta pública y la presentación del presupuesto, así que López Portillo pensó que el acuerdo sería para eso y se llevó todos los documentos del tema, que por su volumen tuvo que acomodar en un montacargas.

La reunión sería muy especial, unos días antes, sin previo aviso el presidente Echeverría le había enviado a su responsable de Información y Relaciones Públicas Fausto Zapata para que se encargara de los procesos de comunicación de la Secretaría de Hacienda, López Portillo intuyó que eso significaba que él sería el elegido para ser el candidato del PRI y próximo presidente de la República.

Sentados en la oficina presidencial, los grandes amigos, tocaron brevemente el tema de la cuenta pública y al final Echeverría hizo una pausa se paró de su asiento e invitó a López Portillo para que se sentaran en forma más familiar en otro sillón de su oficina, ahí frente a frente el presidente señalando la bandera que estaba en un vitrina le dijo: “Señor licenciado López Portillo, el Partido me ha encomendado preguntarle si aceptaría usted la responsabilidad de todo esto”, haciendo un gesto que parecía envolver todo lo que implicaba el poder ejecutivo federal. “Si, señor Presidente. Acepto”(i).

“Bien”, le contestó. “Entonces prepárese usted, pero no se lo diga a nadie, ni a su esposa ni a sus hijos. Ya lo llamaremos, cuando el Partido concluya la organización y los sectores se pronuncien públicamente.” Según sus memorias se despidió con un “fuerte apretón de manos de mi viejo amigo…” (ii)

A diferencia de Echeverría que tenía una larga carrera política recorriendo todos los escalones del poder de esa época, López Portillo por su parte había llegado tarde al gobierno y de la mano de su gran amigo había llegado a ser director de la Comisión Federal de Electricidad y luego Secretario de Hacienda, en más de un sentido, además de la amistad que los unía, su crecimiento político se lo debía todo a Echeverría.

Considerando su corta carrera López Portillo no tenía luz propia, sino que claramente, su poder derivaba de su cercanía con el presidente. Por ello, cuando lo destapó como candidato del PRI a la presidencia, mucha gente pensó que era una forma en la que Echeverría podría mantenerse en el poder seis años más, en una especie de nuevo “maximato”.

Apenas destapado López Portillo, Echeverría le nombró a Porfirio Muñoz Ledo y a Augusto Gómez Villanueva (gente muy cercana a él) como presidente y secretario general del PRI quienes conducirían su campaña. En una entrevista que le hizo Jorge Castañeda le preguntó: “¿Usted no sintió un empeño de Echeverría por conservar parte del poder?” a lo que contestó “Bueno, de alguna manera cuando, me designa al presidente, al secretario y al presidente del DF de mi partido… […] En su política el aconsejaba de una cierta manera, y yo aceptaba, ya en su momento vería la oportunidad y establecería la mía.”(iii) 

López Portillo negaba que Echeverría quisiera seguir ejerciendo el poder a través de él y no hizo nada al respecto, pero, en la entrevista con Castañeda señalaba que “conforme pasó el tiempo me di cuenta de que el presidencialismo tenía una regla implícita: romper para estabilizar…” (iv)

Aquí es importante recordar tres cosas: a) que desde 1929 echando mano de las diversas formas de fraude electoral, los candidatos del PRI habían ganado las elecciones presidenciales, de senadores, gobernadores y prácticamente todas las de diputados federales y locales y presidentes municipales; b) Que López Portillo había sido candidato único a la presidencia sin ninguna oposición, lo que por un lado le facilitó la victoria pero también deslegitimó su triunfo porque evidenció la simulación democrática que había en México; y c) que el movimiento estudiantil de 1968 y su posterior represión estaban llevando a muchos activistas a proponer y practicar la vía armada como respuesta a la cerrazón del régimen amenazando la estabilidad social y política.

Consciente de ello, López Portillo nombró a Jesús Reyes Heroles como Secretario de Gobernación y le encomendó la reforma política que abriría el sistema a los partidos de oposición, como válvula de escape de la presión política que había.

Reyes Heroles además de conducir la reforma política le informaba al presidente de las actividades del expresidente Echeverría (que había fundado un Centro de Estudios del Tercer Mundo como plataforma de su trabajo como expresidente) que actuaba como si siguiera en el poder y a través de Porfirio Muñoz Ledo que había sido nombrado Secretario de Educación y de Augusto Gómez Villanueva que era diputado federal, operaban políticamente para el expresidente. En sus memorias López Portillo escribió: “Empieza un foquito ámbar con Luis Echeverría. Lo lamento mucho. No desearía que pasara a mayores. Ojalá él entienda que ya no es responsable de este país. Reyes Heroles me informa muy negativamente. Se queja de Muñoz Ledo y de Gómez Villanueva.” (v)

Sin embargo, el asunto del “Maximato” rondaba en la opinión pública lo que preocupó a López Portillo porque sentía que lo debilitaba y lo enfrentaba con su amigo y mentor el expresidente Luis Echeverría: “Eran constantes y copiosos los informes negativos que me pasaba Reyes Heroles, con lo que se iba formando un área de desconfianza muy desagradable… […] La regla fatal del Sistema que llevaba al enfrentamiento con el ex, empezaba a funcionar. Mucha gente se movía en torno a Echeverría, mucha gente que hablaba e intrigaba y que pregonaba tener línea para inconformarse. Empezaba a tomar cuerpo el cuento del “Maximato”. “Como quiera que sea, empezaba a crearse una apariencia política estorbosa para el óptimo manejo de la imagen presidencial y de ello era yo consciente.” (vi)

¿Cómo podía un presidente con el estigma de ser solamente el títere de su antecesor llevar a cabo la trascendente reforma política que se había planteado? No debe olvidarse que Echeverría era Secretario de Gobernación cuando fue la represión de Tlatelolco y eso podía deslegitimarlo como interlocutor del diálogo con el Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda. Tanto López Portillo como Reyes Heroles necesitaban legitimidad para negociar. 

El 1 de abril de 1977, apenas cinco meses después de entrar en funciones el nuevo gobierno, López Portillo autoriza a Reyes Heroles a iniciar la Reforma Política con un discurso pronunciado en Chilpancingo donde propuso “que el Estado ensanche las posibilidades de representación política” captando “en los órganos de representación nacional el complicado mosaico ideológico nacional…” (vii)

El 8 abril López Portillo haciendo un esfuerzo sicológico personal se decide a hablar con Echeverría “Tuve que vencer mi propia naturaleza para hablar con mi amigo.” Y le propuso que se fuera de México, en la entrevista que le hizo Jorge Castañeda recuerda lo que le dijo a Echeverría “Mi hermano, por razones esta y estas te voy a pedir que salgas del país a donde quieras. Ayúdame, ayúdame porque es un factor de ingobernabilidad con el que me vas a ayudar; tu personalidad, tu inercia, el movimiento de tu gente está haciendo que se me dificulte la gobernación de este país.” (viii)

En sus memorias López Portillo también recuerda: “… mi inexperiencia en la política pura a la mexicana, ha proyectado […] la imagen de su influencia: nombramientos de gente suya, parientes; asunto del “Maximato”; por las actividades del Centro de Estudios del Tercer Mundo, y la insidia, la idea de que interviene. En razón de que debo tomar decisiones radicales, necesito tomar el poder y ello no solo real, sino aun el de apariencia, por lo que es mi obligación tomar todas las medidas.”(ix)  Más adelante escribe Él se disciplina […] el régimen presidencialista de México es interesantísimo.” Y cierra “Esta conversación con Luis, fue un manejo puramente político, básicamente en razón de apariencias.” (x)

El 14 de abril, Echeverría le anunció que se iba de México “Desagradable decisión la de pedirle su ausencia.” Ese mismo día López Portillo anunció las primeras liberaciones de presos políticos y lanza la reforma política. Entre el 28 de abril y el 21 de julio se llevaban a cabo 12 audiencias públicas donde partidos organizaciones, funcionarios, etc., expresan sus opiniones sobre la lo que se necesita reformar, destacadamente Heberto Castillo del Partido Mexicano de los Trabajadores pidió establecer la representación proporcional en la Cámara de Diputados para que “el número de diputados de representación proporcional de un partido correspondiera al porcentaje de votos obtenidos en la elección” (xi)

Finalmente, el 6 de octubre de 1977 (10 meses después de tomar posesión) el presidente López Portillo a través de su secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles presentó una iniciativa para reformar los artículos 6, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 constitucionales para implementar la Reforma Política que se considera un momento clave de la transición democrática de México y la herencia más positiva de la presidencia de José López Portillo.

En la exposición de motivos López Portilllo y Reyes Heroles señalaban: “La Iniciativa dispone que se elijan, además de los 300 diputados de mayoría, hasta 100 por el sistema de representación proporcional. Mediante éste último se garantiza que a la cantidad de votos obtenidos por los partidos corresponda en equitativa proporción el número de curules a que tengan derecho. Con esta fórmula se hace más adecuado el acceso de las minorías a la Cámara de Diputados y es, sin duda, más justa, objetiva y realista que el actual sistema de diputados de partido.” (xii)

Aunque López Portillo era tan cercano a Echeverría, se dió cuenta y tuvo el valor de tomar el poder y ejercerlo en su presidencia eliminando cualquier influencia de Echeverría, incluso pidiéndole que dejara el país “romper para establizar” y eso permitió que se aprobara una Reforma Política historica y trascendente para el país.

Claudia Sheinbaum 

Claudia Sheinbaum es por convicción y por lealtad fiel seguidora de López Obrador, y está siendo exageradamente consecuente con esa postura, por estrategia o por convicción está haciendo lo que López Obrador le dice sin ningún atisbo de independencia, eso la debilitará enormemente.

Las reformas del Plan C pueden ser aprobadas, si el espíritu de la Reforma Política de 1977 (y todas sus secuelas) se viola, es decir, en palabras de Heberto Castillo líder histórico de la izquierda “que el número de diputados de representación proporcional de un partido correspondiera al porcentaje de votos obtenidos en la elección”.

Pero además, esa reforma será una herencia maldita para todo el sexenio de Claudia Sheinbaum (si es que sobrevive a la revocación de mandato) porque los inmensos problemas que generará una reforma sin legitimidad de quienes la aprobaron y de quienes la implementarán y la sospecha fundada de “máximato” debilitarán su capacidad política y la gobernabilidad del país.

No debe aprobarse el Plan C antes de que Claudia Sheinbaum tome posesión como presidenta de la República, en su sexenio – como en el de López Portillo – con la legitimidad que tiene podría discutirse el Plan C y otras muchas más reformas que necesita el país, pero no como una imposición “machista” y prepotente de López Obrador a la primera mujer presidenta de México.

López Portillo tuvo el valor de deshacerse de Echeverría, ¿Sheinbaum tendrá el valor, o cuando ya quiera tomar el poder será demasiado tarde porque el Plan C estará aprobado y entorpeciendo el adecuado flujo de su sexenio? ¿Deveras querrá cargar con esa herencia?

En su primer informe de gobierno López Portillo dijo con toda claridad:

“Hace poco más de cuatro décadas, México dejó de ser país de caudillos para convertirse en nación de instituciones. Una de ellas es la Presidencia de la República. […] Como Presidente atiendo el sentir de la nación y escucho opiniones de mis colaboradores e incluso de aquellos que al gobierno se oponen. … Es más, con frecuencia las promuevo; pero como Jefe del Ejecutivo Federal no puedo aceptar presiones. … En las cuestiones de mi competencia sólo yo he decidido, decido y decidiré. … Si ha dado aciertos, ese es mi compromiso, si errores, mi responsabilidad.” (xiii)

En sus memorias recuerda ese primer informe con orgullo “Creo que salió bien” sin embargo, le desconcertó que los medios le dieran mas importancia a las cuestiones del “maximato” echeverrista pero lo entiende: “…no tiene remedio, en México y en política, como en Roma con la mujer del César, parecer es, en buena medida, ser.” (xiv)

“Romper para estabilizar”.

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  (i) López Portillo, José. Mis Tiempos: Biografía y Testimonio Político. Ed. Fernández Editores 1988 pp.399

  (ii) Op. Cit. pp. 399

  (iii) Castañeda, Jorge. La Herencia: Arqueología de la Sucesión Presidencial en México. Ed. Alfaguara 1999. pp 116.

  (iv) Op. Cit. pp. 117

  (v) López Portillo, José. Mis Tiempos: Biografía y Testimonio Político. Ed. Fernández Editores 1988 pp.540

  (vi) Op. Cit. pp. 532

  (vii) Becerra, Ricardo. Salazar, Pedro y Woldenberg, José. La Mecánica del Cambio político en México: Elecciones, Partidos y reformas. Ed. Cal y Arena.2000 pp.88

  (viii) Castañeda, Jorge. La Herencia: Arqueología de la Sucesión Presidencial en México. Ed. Alfaguara 1999. pp 118.

  (ix) López Portillo, José. Mis Tiempos: Biografía y Testimonio Político. Ed. Fernández Editores 1988 pp.566

  (x) Op. Cit. 566

  (xi) Becerra, Ricardo. Salazar, Pedro y Woldenberg, José. La Mecánica del Cambio político en México: Elecciones, Partidos y reformas. Ed. Cal y Arena.2000 pp.100,101.

  (xii) Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" en sus artículos 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74 76, 93, 97 y 115, documento que el C. Titular del Ejecutivo Federal somete a la consideración del Soberano Constituyente Permanente. https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimNPZPsNLFqe0s7fey1Fqrif+dAQCuPIWtDMIW4CFHSXZGSirF34H44Dz22WRdkDG9A==   

  (xiii) López Portillo, José. Mis Tiempos: Biografía y Testimonio Político. Ed. Fernández Editores. 1988 pp.622

  (xiv) Op. Cit. pp. 622.

Sobrerrepresentación: 70 Diputados Ilegítimos

Por Bernardo León-Olea
@bernardomariale

Foto El Universal

Una Cámara de Diputados donde más del 20% de sus diputados no fueron electos por el voto de los ciudadanos se enfrentará a un grave problema de legitimidad en sus decisiones, particularmente aquellas que necesiten de ese ilegitimo 20% para aprobar sus iniciativas.

La coalición “Sigamos Haciendo Historia” ganó 256 distritos electorales que equivale al 51.2% de los diputados, sin embargo, obtuvo el 54.1% de la votación por lo que requiere de 14 diputados de representación proporcional para que su porcentaje de votos sea igual al número de sus diputados, es decir 270. Ese número podría aumentarse si se considerará el 8% de sobrerrepresentación, que permite la constitución (aunque no lo obliga).

Eso sería constitucional y legítimo.

Por su parte la oposición en su conjunto (PAN, PRD, PRI, MC) ganó 44 distritos que equivalen apenas al 8.8% de los diputados, pero obtuvo 41.9% de la votación por lo que se le deben otorgar entre 190 y 230 diputados, para que el número de diputados sea igual a su porcentaje de votos.

Sin embargo, la sobrerrepresentación que le quieren otorgar a la coalición oficial es mayor al 20% con base en el sofisma de que la sobrerrepresentación de hasta el 8% es por partido y no por coalición, lo que equivaldría a otorgarle a “Sigamos Haciendo Historia” entre 102 y 116 diputados adicionales. En ambos casos, el gobierno tendría entre el 71 y el 74.4% de los diputados. Suficientes para aprobar cambios constitucionales.

El problema es que entre 60 y 70 diputados de la coalición serían ilegítimos porque nadie los eligió y las reformas constitucionales que pretenden aprobar, tendrían, por tanto, una enorme ilegitimidad de origen.

Obedézcase, pero no se cumpla y en cuanto se pueda desconózcase 

¿Qué efectos tiene la ilegitimidad de origen?

En 1430 en un cuaderno de peticiones y respuestas de las Cortes de Valladolid el Rey de Castilla Juan II estableció que las leyes que él hubiera mandado, pero que contradijeran el derecho natural debían ser obedecidas pero no cumplirse: “E mando que las tales cartas sean obedecidas e non cumplidas e que por las non cumplir, aunque por mi sea mandado una, dos o tres veces, non cayan en pena aquellos a quienes se dirigieren.” 

De ahí viene el “obedézcase, pero no se cumpla” lo que significa que ante una ley ilegítima no existe razón para que se acate porque viola los derechos de las personas (en este caso la democracia representativa) y en cuanto los equilibrios políticos lo permitan debe desconocerse.

En el inicio de nuestra historia, el 31 de octubre de 1822 Iturbide desconoció al legítimo Congreso constitucional que en su mayoría le era hostil y lo sustituyó por una ilegítima Junta Nacional Instituyente con diputados nombrados por él mismo, sin embargo, cesó en sus funciones apenas el 6 de marzo de 1823 un poco antes de la abdicación de del emperador y, el 21 octubre de 1823 (un año después de la disolución del Congreso) se reunió un nuevo Congreso legítimo que aprobó la Constitución de 1824.

Más recientemente en 2006, alegando un fraude electoral, López Obrador se declaró “Presidente Legítimo” y Marcelo Ebrard quien ganó la elección para Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se negó a tratar con Felipe Calderón alegando una “ilegitimidad de origen”.

Sí el INE y después la Sala Superior del TRIFE aprueban una sobrerrepresentación de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, 60 o 70 diputados serán ilegítimos y las reformas constitucionales del Plan C que aprueben, lo serán también. 

¿Hay legalidad sin legitimidad?

Amparo Directo y Federalismo Judicial: Omisión de la Reforma Judicial

Por Bernardo León-Olea
@bernardomariale

La discusión de la iniciativa de reforma judicial que se discute ahora en el Congreso de la Unión se ha centrado principalmente en la elección de los jueces y magistrados de los poderes judiciales federal y de los estados y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque cambia radicalmente la filosofía de la neutralidad técnico-jurídica de los jueces por otra donde abiertamente tendrán propuestas y tendencias políticas.

La iniciativa propone otras cosas importantes; a) que la presidenta de la Suprema Corte no sea al mismo tiempo la presidenta del Consejo de la Judicatura; b) que haya un Tribunal (muy inquisitivo) de Disciplina Judicial; c) que los amparos contra leyes no tengan (casi en ningún caso) efectos generales, ni que sean objeto de suspensión provisional o definitiva y un largo etcétera.

Sin embargo, a pesar de que la reforma obliga a los poderes judiciales de los estados a seguir los pasos de la federación (elección popular de jueces y magistrados) olvida uno de los temas más importantes y sentidos de las entidades federativas que es el centralismo judicial representado principalmente por el amparo directo.

Me explico: el artículo 160 de la Constitución de 1824 (que estableció el federalismo en México) establecía que todas las causas civiles o criminales que conozcan los tribunales de cada estado “serán fenecidas en ellos hasta su última instancia y ejecución de la última sentencia.” Dicho de otra manera, los asuntos sometidos al conocimiento de la justicia local debían, exclusivamente, resolverse localmente.

No obstante, el idealismo federalista, poco a poco los tribunales federales han intervenido de manera definitiva en la justicia local, a través del amparo directo (que es el recurso legal más poderoso contra una sentencia definitiva) y de los tribunales colegiados de circuito que lo tramitan (que son federales) que pueden modificar parcial o totalmente las sentencias de los tribunales locales por lo que la filosofía del federalismo judicial esta muerta.(1)

Muchos litigantes agotan los procedimientos locales contra las sentencias definitivas simplemente para cumplir los requisitos necesarios para poder ir al amparo directo y que un tribunal colegiado de circuito del Poder Judicial federal pueda corregir la sentencia del tribunal local debilitando el poder del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de los juzgados del fuero común y limitando el acceso a la justicia.

El muy recordado Ministro de la Corte José de Jesús Gudiño Pelayo en una conferencia que pronunció en Morelia el 20 de agosto de 2000, bajo el título de “Federalismo e Independencia Judicial” escribió: “Ahora lo que debe seguir es que los Tribunales Colegiados […] permitan a las justicias locales resolver en última instancia las controversias del fuero común para que […] asuman en forma plena su autonomía en materia de administración de justicia.”(2)

En este sentido, sería muy bueno que más allá de elegir jueces o magistrados, se devolviera el poder a los poderes judiciales locales de concluir los asuntos de su competencia hasta la última instancia y crear Tribunales Estatales de Casación equivalentes a los tribunales colegiados de circuito o incluso Supremas Cortes estatales que pudieran resolver cualquier violación a la ley, a la Constitución del Estado o derechos humanos en las sentencias definitivas de los tribunales estatales.

El espíritu federalista de 1824 (ahora que el 4 de octubre se cumplirán 200 años de su promulgación) debe regresar por el bien de la justicia.

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1 Rodriguez Vázquez, Miguel Ángel "La Casación y el Derecho a Recurrir en el Sistema Acusatorio" UNAM, Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General del Distrito Federal, México, 2013.

2. Op. Cit.

La Reforma Judicial y la Resurrección de Andrew Jackson

Por Bernardo León-Olea
@bernardomariale 

“…quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno solo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando.

Max Weber en “La Política como Vocación” (1919)

En México cada ciudadano tiene derecho a elegir a seis funcionarios de elección popular: 1) cabildo municipal (presidente municipal, síndicos y regidores que se eligen por planilla); 2) diputados locales; 3) gobernador; 4) diputados federales, 5) senadores; y 6) al Presidente de la República.

En Estados Unidos dependiendo el estado, entre 26 y 35 funcionarios públicos son de elección popular (ver cuadro 1). Entre estos funcionarios están los jueces del fuero común, los magistrados de apelaciones y los ministros de la Suprema Corte de Justicia estatal que en un sistema donde el federalismo es muy poderoso, son muy importantes. Los ciudadanos también eligen a los comisionados electorales que se encargan de organizar las elecciones y actualizar el padrón electoral.

Como se ve en el cuadro la participación de la ciudadanía en elecciones locales y federales es muy amplía a la que se debe añadir que deben participar como jurados en juicios civiles y penales cuando sean convocados para ello.

Cuadro 1. Funcionarios de Elección Popular en Estados Unidos

MUNICIPAL

1. Alcalde

2. Regidores

3. Juez Municipal

4. Abogado Municipal

5. Auditor Municipal

CONDADO

6. Consejeros de la Junta de Supervisores del Condado (Todo Estados Unidos está dividido en condados que es un nivel de gobierno intermedio entre el estado y los municipios)

7. Fiscal del Ministerio Público del Condado (District Attorney)

8. Director del Servicio Forense

9. Director de todos los Archivos del Condado

10. Comisionados Electorales

11. Abogado del Condado (encargado de perseguir ciertos delitos en zonas rurales del condado)

12. Comisario de Policía

13. Encargado de identificar y valuar los predios para el pago del impuesto predial (Tax Assessor)

14. Al responsable de Cobrar el Impuesto Predial (Tax Collector)

ESTATAL

15. Miembros de la Junta Distrital de Educación (Hay varios distritos escolares en cada estado). 

16. Jueces de Primera Instancia

17. Magistrados de Apelaciones

18. Ministros de la Suprema Corte Estatal

19. Diputados Locales

20. Senadores Locales (la mayoría de las legislaturas locales son bicamerales).

21. Fiscal General del Estado

22. Tesorero del Estado

23. Auditor Estatal

24. Secretario de Estado (es similar al secretario de gobierno).

25. Comisionado de Reserva Territorial

26. Vicegobernador

27. Gobernador

FEDERAL

28. Diputados Federales

29. Senadores

30. Vicepresidente

31. Presidente

Fuente: Elaboración propia con datos de  https://ballotpedia.org/Main_Page 

Además, la mayoría de estos funcionarios pueden ser revocados de su mandato con un número determinado de personas que soliciten dicha revocación (ver caso de la revocación de mandato de fiscal Chesa Boudin https://bernardoleon.blogspot.com/2022/03/elegir-y-revocar-los-fiscales.html).

¿Demasiada Democracia?

Los diputados que se reunieron en Filadelfia en 1787 para hacer la Constitución de Estados Unidos no estaban muy interesados en el sufragio universal, ni en que gobernara la voluntad de la mayoría, de hecho, su preocupación más bien era como controlar la voluntad de la mayoría. 

En primer lugar, establecieron que el derecho al voto lo regularía cada estado y normalmente solo tenían ese derecho los hombres blancos que fueran propietarios de tierras, además determinaron una forma indirecta de elegir al presidente y vicepresidente a través de un colegio electoral y los senadores serían electos por las legislaturas de los estados.

Los miembros de esa Convención Constitucional tenían una filosofía política que denominaban “republicanismo”  entendido como un sistema de balances y contrapesos que asegurarían la libertad impidiendo que nadie tuviera demasiado poder pero al mismo tiempo pondría el poder en manos de las elites, elegidas exclusivamente por los propietarios de tierras y capitales y al “pueblo” en general no debía confiársele demasiado poder .

La razón es que creían que solo aquellos ciudadanos que tenían propiedades podían votar con responsabilidad porque tenían intereses que proteger, mientras que quienes no tenían independencia económica entonces podrían ser manipulados por su patrones o votar sin ninguna responsabilidad.

Esta filosofía dominó las primeras décadas del siglo XIX en Estados Unidos donde una pequeña élite en Washington DC decidía quien sería presidente, nominando a los candidatos a través de pequeños grupos de diputados y senadores denominados “King Caucus”. Durante esos años escogían a miembros del gabinete de presidentes anteriores y que provenían del estado de Virginia o Massachusetts. Una especie de “democracia aristocrática”.

En 1824 la elección presidencial fue el principio del fin de esta “democracia aristocrática”. John Quincy Adams, hijo de John Adams (uno de los constituyentes de 1787) y en ese momento Secretario de Estado del Presidente Monroe, fue presentado como candidato a la presidencia por esta élite, pero por primera vez un candidato de un origen muy popular, sin educación formal, héroe de la guerra de 1812 contra los británicos, Andrew Jackson se postuló como una alternativa apelando a los ciudadanos y no a la aristocracia republicana para conseguir su voto.

En dicha elección apenas votaron 363,577 personas el 27% de los que podían votar, pero Andrew Jackson obtuvo la mayoría con 151,309 votos frente a 122,440 de John Quincy Adams. Sin embargo, ninguno de los dos consiguió la mayoría de los votos electorales  necesarios y la elección se definió en la Cámara de Diputados que eligió a John Quincy Adams.

Jackson por su carácter y sus propuestas asustaba mucho a la aristocracia republicana, no solo porque quería ampliar el voto a los más ciudadanos posibles, sino también porque proponía que más cargos públicos fueran de elección popular y no de designación y que se eliminara el colegio electoral, le parecía muy mal que existiera el servicio civil porque lo veía como una especie de burocracia dorada no electa que mantenía el poder sin responderle al pueblo. También proponía expulsar a los indios hacia el oeste (por la buena o por la mala) para poblar la Luisiana con familias blancas, mantener la esclavitud y sobre todo evitar que la constitución y los jueces limitaran sus políticas.

John Marshall, el famoso presidente de la Suprema Corte y uno de los últimos patriarcas de la independencia, estaba muy preocupado porque Andrew Jackson llegara al poder si se postulaba nuevamente en 1828. En su opinión, la Constitución había protegido los derechos de los individuos y sus propiedades contra la tiranía de la mayoría, pero el populismo de Jackson parecía llevar a su extremo el principio de la tiranía de la mayoría.

Según Marshall desde que Jackson perdió en 1824, los demócratas iniciaron una campaña depredadora contra John Quincy Adams y su posible sucesor, lo que polarizó al país, Marshall pensaba que esta campaña era una seria amenaza y un peligro para la felicidad pública porque había enfrentado amargamente a los ciudadanos. Marshall temía que la Constitución no pudiera sobrevivir a una victoria de Jackson y que, por ello, éste último podría manejar a la Suprema Corte a su antojo . 

En este contexto, la inmigración, el desarrollo de un capitalismo agrícola de pequeños propietarios, la incipiente industrialización y el capitalismo financiero, provocaron que más ciudadanos tuvieran derecho a votar, al grado de que para 1828, muchos estados habían ampliado ese derecho a todos los hombres blancos de más de 21 años, quitando el requisito de propiedad para poder votar.

Esto permitió que Andrew Jackson se presentara de nuevo en 1828, bajo la bandera del nuevo Partido Demócrata que proponía una ampliación del derecho a voto a todos los ciudadanos y la ruptura con la idea de una “aristocracia republicana” y transitar a una democracia mucho más amplia.

El 3 de diciembre de 1828 Andrew Jackson fue electo como el 7° Presidente de Estados Unidos, en la primera campaña donde se apeló a los más de un millón de ciudadanos con derecho a votar (hombres blancos de más de 21 años) en lugar de la pequeña aristocracia de propietarios. Si en 1824 había votado el 27% de los ciudadanos en 1828 sufragó el 57%.

Con 638,348 votos y 178 votos electorales Jackson impidió la reelección de John Quincy Adams e inauguró una época de ampliación democrática que se denominó “democracia jacksoniana” y que ha sido calificada como “populista”.

Los miembros del Partido Demócrata lidereados por Jackson creían firmemente en la “regla de la mayoría” por lo que afirmaban que los cargos públicos deben ser ocupados por quien la mayoría decida y por tanto los cargos públicos más importantes debían ser de elección popular no de designación.

A partir de ahí, los estados empezaron a cambiar sus constituciones para que además de los diputados y senadores locales y el gobernador, se eligieran por voto popular a muchos más funcionarios entre ellos los ministerios públicos, los jueces, magistrados y ministros de las Suprema Corte de cada estado que eran y siguen siendo muy importantes en el marco de un federalismo muy poderoso.

En 1832 Mississippi fue el primer estado que cambió su constitución para que todos estos cargos, fueran de elección popular, en el caso de los jueces, Frederick Robinson uno de los promotores más fervientes de la “democracia jacksoniana” argumentaba que los abogados se habían apropiado de la judicatura en general a través de las designaciones y que no estaban haciendo justicia, sino que la utilizaban para proteger y promover sus propios intereses por lo que era necesario que los jueces fueran electos popularmente. Sus argumentos suenan muy actuales para el contexto mexicano:

“De todas las reformas que nos hemos propuesto llevar a cabo, la reforma del poder judicial es la más importante […] en primer lugar los jueces tienen que ser responsables ante el pueblo a través de elecciones periódicas. El alarde de que el poder judicial es independiente solo se repite para engañar al pueblo. Ninguna parte de nuestro gobierno debe ser independiente del pueblo. Aquellos que no son responsables ante nadie tampoco deben ser confiables para nadie. ¿Ante quien son responsables los jueces? La aristocracia siempre pone el poder lejos del alcance del pueblo; y hasta que podamos llenar el poder judicial con personas con buen sentido, y amplio juicio que no pertenezcan a la secreta fraternidad de la élite de abogados, todos los intentos de simplificar las leyes y la práctica de la justicia serán en vano. ¿Qué sentido tiene legislar si los jueces pueden nulificar esas leyes a su placer?”  

Sin embargo, detrás de esas proclamas democráticas, la intención era debilitar a los jueces para que no controlaran las decisiones del gobernador o de las legislaturas estatales y de las reformas populistas que proponía la “democracia jacksoniana”. Sin embargo, al parecer el efecto fue el contrario de lo esperado, los jueces electos se volvieron más independientes del poder ejecutivo y legislativo y anularon muchas más leyes que les parecían inconstitucionales de lo que lo habían hecho los jueces designados . 

Andrew Jackson no se atrevió a modificar la Constitución federal para que los jueces federales o los ministros de la Suprema Corte de la Nación fueran electos popularmente, quizás porque la forma en que se nombran los jueces, magistrados y ministros federales de acuerdo a la Constitución, le da mucho poder al Presidente en la decisión ya que solo él nomina a los candidatos a jueces, magistrados y Ministros de la Corte y el Senado los aprueba o los rechaza y normalmente son nombramiento con mucha carga política. Andrew Jackson pudo designar 23 jueces federales, entre ellos seis (de nueve) ministros de la Suprema Corte.

Lo único que mantuvo a la Constitución funcionando fue la inteligencia del Presidente de la Suprema Corte John Marshall hasta su muerte en 1835 y el hecho de que los ministros, magistrados y jueces duran de por vida (la mayoría no le debía el puesto) lo que atenuó las ansias autoritarias del presidente Jackson y sus seguidores y la institución del jurado que le quita a los jueces el poder de juzgar.

El Equilibrio de los Jurados

Alexis de Toqueville llegó a visitar Estados Unidos justo cuando empezaba la “democracia jacksoniana” y cuando observó la institución del jurado escribió en la Democracia en América:

 “… el pueblo nombra a quien hace la ley y a quien la ejecuta; él mismo forma el jurado que castiga las infracciones de la ley. No solamente las instituciones son democráticas en su principio, sino también en todo su desarrollo.”

 “La institución del jurado puede ser aristocrática o democrática, según la clase donde se tome a los jurados; pero conserva su carácter republicano, en cuanto que coloca la dirección real de la sociedad en manos de los gobernados o de una parte de ellos, y no en la de los gobernantes.”

En Estados Unidos 43 estados eligen a sus jueces por voto popular y mucha gente se pregunta ¿cómo en un sistema donde 43 estados eligen a sus jueces popularmente, se evita que estos puedan actuar parcialmente frente a los intereses de la mayoría que los eligió? 

La respuesta está lejos de ser simple porque hay jueces que actúan parcialmente, sin embargo, cuando un ciudadano desconfía de la imparcialidad del juez que lo va a juzgar tanto en materia civil como penal, puede ejercer su derecho inalienable a ser juzgado por un jurado imparcial de ciudadanos que son escogidos por las partes en conflicto y que tienen la peculiaridad de que le quitan al juez el poder de determinar el veredicto (esa es la facultad de los jurados) y así evitar que se imponga el sesgo que pueda tener el juez.

En la reforma que propone MORENA no hay jurados.

La Reforma Judicial de AMLO

Lo que propone López Obrador no es la elección de jueces y magistrados estatales y federales, ni de ministros de la Suprema Corte sino la ratificación de los nombramientos, que ya hicieron los poderes. Me explico, de acuerdo con la iniciativa y el dictamen los candidatos a ministros de la Corte, magistrados federales y estatales y a jueces federales y locales serán designados por cada uno de los tres poderes . Por ejemplo, para la Suprema Corte, el Presidente nombrará 10 candidatos, el Poder Legislativo otros 10 y el Poder judicial 10, nadie más podrá postularse, por tanto la sociedad solamente ratificará, en el restringido marco de esas opciones, a quien mejor le parezca.

En el caso de Estados Unidos, la elección popular de jueces es mucho más abierta, en algunos estados los partidos políticos celebran elecciones primarias donde se inscriben los aspirantes que cumplan los requisitos y cada partido elige a sus candidatos que a su vez serán electos en las elecciones generales y en otros estados el estado organiza una elección primaria pero los candidatos no deben manifestar su preferencia partidaria, si es que la tienen.

En todos los casos se exige que los candidatos tengan el título de abogado y hayan pasado el examen de la Barra de abogados, por ejemplo, en Wisconsin los ministros de la Suprema Corte estatal son electos por periodos de siete años, tienen que ser abogados y haber aprobado el examen de la Barra por lo menos cinco años antes de postularse. Los magistrados son igual pero sólo duran seis años al igual que los jueces y los municipales duran periodos de cuatro años. Todos pueden reelegirse.

Andrew Jackson no tuvo una educación formal, estuvo asistiendo a un abogado y esa pasantía y mucho estudio le permitió aprobar el examen de la Barra de Abogados y después litigar, ser juez y ministro de la Suprema Corte del estado de Tennessee.

¿No sería bueno aprovechar la reforma para obligar a los abogados a colegiarse obligatoriamente, a que pasen un examen de la Barra de Abogados para poder asesorar y litigar en favor de sus clientes, para que se pueda asegurar su competencia técnica y para vigilar su comportamiento ético? Así los abogados que quisieran postularse para jueces, magistrados o ministros tendrían por lo menos la competencia técnica y el control ético que requieren los miembros de la judicatura, en lugar de que los tres poderes designen por sus acuerdos políticos internos y a veces inconfesables a los candidatos que la ciudadanía va a ratificar.

Nada de eso viene en la reforma.

El Problema del Crimen Organizado y la Competencia 

Una de las principales preocupaciones sobre la elección popular de los jueces, es el posible involucramiento del crimen organizado para imponer jueces y magistrados afectos a sus intereses. Pero, considerando que los gobernadores, las legislaturas locales y los poderes judiciales locales serán quienes postulen exclusivamente a los candidatos puede atenuarse ese problema a menos que los poderes de un estado estén sometidos al crimen organizado.

 Sin embargo, la reflexión es oportuna porque la misma preocupación existe en la elección de presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores e incluso gobernadores, sin embargo, este peligro no ha derivado en proponer que estos funcionarios (presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores e incluso gobernadores) dejen de ser electos popularmente. Argumentar que los funcionarios sean electos por miedo a la infiltración del crimen cuestiona en general la elección democrática de los principales funcionarios del país, cuando lo que se debe cuestionar es la eficacia de la seguridad pública para controlar al crimen.

Evitar la infiltración del crimen organizado en la designación de funcionarios de elección popular no implica eliminar las elecciones para ciertos puestos, sino que se investigue, persiga y procese a los miembros de la delincuencia organizada. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia a través de la Sección de Integridad Pública (PIN) y el FBI investigan a los funcionarios federales, estatales y municipales sospechosos de cometer actos de corrupción y evidentemente de colaborar con el crimen organizado.

Otro problema que se ha planteado es el de la capacidad de los candidatos a ocupar los cargos de las judicaturas tanto estatales como federales, la hipótesis de que se propongan candidatos con popularidad, pero sin la capacidad técnica y que los electores tampoco puedan entender las capacidades que el juez debe tener para resolver casos complejos y hacer justicia.

Es una preocupación legitima y el hecho de que los poderes elijan a los candidatos tampoco soluciona el problema, sin embargo, ante la inminencia de la reforma, es importante observar el caso de los legisladores, que son electos por su popularidad (al menos en teoría), pero desconocen en muchos casos las materias sobre las que van a legislar. Por ello, tienen asesores (en otros países llamados letrados) que pueden sustituir las limitaciones técnicas (pero no las políticas) de los legisladores. Lo mismo tendrá que pasar con los jueces, magistrados y ministros que además de requisitos de una mínima competencia técnica, deberán tener asistentes técnicos que sustituyan sus limitaciones acerca de las complejidades del derecho moderno.

Complementar la Reforma Judicial ante su inminencia

La Reforma Judicial que propone MORENA, está enfocada sobre todo a la elección popular de los jueces, magistrados estatales y federales y los ministros de la Suprema Corte, es una reforma que parece inminente por las mayorías que tiene la coalición gobernante en el congreso y en las legislaturas locales, el llamado constituyente permanente.

Aunque es necesaria una reforma judicial profunda que en realidad tiene temas mucho más importantes que la forma de elegir a los jueces, por ejemplo, la reforma al amparo directo y la creación de los tribunales estatales de casación y en general el fortalecimiento de los poderes judiciales estatales, la realidad es que el Plan C parece tener la fuerza política para votarse y aprobarse en el corto plazo.

El populismo es un peligro permanente de las democracias Andrew Jackson es un ejemplo paradigmático de ello, sin embargo, no tiene por qué ser el fin de la democracia mexicana, debe, más bien, ante su inminencia, ser una oportunidad de cambio que amplié el acceso a la justicia y que abra el poder judicial a la ciudadanía.

Bajo esta premisa, el sesgo de los jueces electos puede tener el contrapeso de los jurados, el problema de la popularidad frente a la capacidad técnica se puede compensar con asesores, la ratificación de los candidatos ya designados por los poderes puede resolverse democráticamente abriéndolo a la sociedad y obligando a los abogados a colegiarse y garantizar así su competencia y probidad para abrir la elección a la sociedad. 

Parafraseando a Weber ni todo lo bueno que haga AMLO producirá el bien y no todo lo malo el mal, tal vez sea todo lo contrario.

¿Qué pensaría Andrew Jackson y los seguidores de la “democracia jacksoniana”?

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  Meacham, Jon.  American Lion, Andrew Jackson in the White House. Pp.43, 44. Ed.Randon House 2008.

  Meacham, Jon.  American Lion, Andrew Jackson in the White House. Pp.44. Ed.Randon House 2008.

  Cada estado de acuerdo a su población tiene derecho a un número de votos electorales y aunque el voto popular decide quien se lleva los votos electorales, a veces no coinciden y un candidato puede obtener más votos populares pero menos electorales.

  Richard Paul, Joel. Without Precedent, Chief Justice John Marshall and his Times, pp 385, 386, 387, Ed. Riverhead Books 2018.

  https://www.ushistory.org/us/23b.asp 

  Handelsman Shugerman, Jed. ECONOMIC CRISIS AND THE RISE OF JUDICIAL ELECTIONS AND JUDICIAL REVIEW, HARVARD LAW REVIEW, Vol. 123:1061 VOLUME 123 MARCH 2010 NUMBER 5

   Iniciativa del Ejecutivo federal Con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial  https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2024/feb/20240205-15.pdf 

Decálogo Ciudadano: Gobernar Participando

 Por Bernardo León-Olea

1. Gobierna Participando: La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sólo participando puedes ejercer tu derecho a gobernar desde la sociedad. El gobierno decide como se gastan 9 billones de presupuesto, dirige a millones de funcionarios públicos, maestros, policías, médicos, enfermeras, etc., debemos tener voz y voto en las decisiones que nos afectan a todos en general y a cada uno en particular.

2. Infórmate: Para gobernar participando lo primero es estar bien informado, dedícale un tiempo a informarte y obtén las noticias de medios reconocidos, al mismo tiempo verifica que la información en las redes sea de un medio o persona confiable. Es fundamental defender la libertad de expresión y la transparencia en la información siendo crítico con los medios para que publiquen la verdad. La información verídica es clave para que la participación sea efectiva. 

3. Vota e invita a votar: Para gobernar participando es fundamental ir a votar en las elecciones e invitar a votar a por lo menos cinco personas. El abstencionismo acaba por matar la democracia y deja en manos de cúpulas muy pequeñas las decisiones que nos afectan a todos. 

4. Escríbele a tu diputado: Gobernar participando implica que además de elegir a tu diputado, mantengas contacto permanente con él o ella, para exigir que cumpla lo que prometió, para que atienda tus solicitudes y para que sepa que si no cumple se va de regreso a su casa.

5. Se caritativo (Generoso): Gobernar participando implica donar un poco de tu tiempo o si se puede, de tu dinero a las causas que te parezcan importantes (organizaciones de derechos humanos, de protección al medio ambiente, etc.).

6. Tolera: Gobernar participando implica que no todos piensan igual, ni tienen los mismos intereses, pero no por eso son enemigos. Tenemos que seguir conviviendo con los que piensan igual y con los que no. Argumenta con datos y razones y no con insultos, que se note tu intención de gobernar dialogando. Escucha para ser escuchado.

7. Globalízate: para gobernar participando es importante darnos cuenta cómo influye en México todo lo que pasa en el mundo, y que el mundo sepa lo que pasa en México. Los intercambios comerciales, el cambio climático, la cultura, la migración, el problema del narcotráfico, nuestra participación siempre tiene que considerar el entorno global.

8. Exige: gobernar participando no implica sólo ir a votar el día de las elecciones por los candidatos que designaron los partidos, es importante que los ciudadanos podamos también, elegir a los candidatos de los partidos. Exigir que la democracia no esté en manos de unos cuantos líderes de partidos políticos sino de toda la sociedad es fundamental.

9. Exige tu acceso a la justicia: gobernar participando es tener acceso a la justicia para hacer efectivos tus derechos. En México 9 de cada 10 víctimas no denuncia y 99 de cada 100 delitos quedan impunes. Exigir que sea muy fácil denunciar y que haya empatía con las víctimas significa garantizar un sistema de justicia que nos iguale a todos ante la ley y haga efectivos los derechos de cada uno.

Gobernar participando no solo incluye la justicia penal, es importante que cuando tengas un problema de deudas, un divorcio, un problema con la renta de tu casa o negocio, etc., tengas acceso a la justicia. Exigir un sistema de justicia que le dé a cada uno lo que le corresponda es fundamental. Acuérdate que la justicia local es la que mayor carga tiene.

10. Se jurado: En nuestro sistema por el momento no se permiten los jurados, pero para gobernar participando es fundamental que la justicia esté en manos de los ciudadanos, es necesario que los ciudadanos no seamos espectadores pasivos en el sistema de justicia sino que tengamos derecho a participar activamente como jurados. Exigir este derecho es clave para gobernar participando.