Lázaro Cárdenas, Lenin y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea: La Supremacía de los intereses del Estado frente a los derechos individuales

Por Bernardo León

“… siendo uno el Estado, uno es también el Poder, así se divida para su ejercicio, por la razón política apuntada y por un principio de especialización de funciones, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. División de poderes no significa, por ende, separación ni distanciamiento entre ellos, sino colaboración estrecha para el logro de los fines del Estado.”

Lázaro Cárdenas

El 12 de septiembre de 1934 Lázaro Cárdenas (siendo todavía presidente electo) envío al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 94 constitucional, que hicieron suya los diputados Michoacán, Tabasco, Distrito Federal y Oaxaca, con el fin de que todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cesarán en su encargo y él pudiera nombrar al 100% de los ministros de la nueva Corte.

En la iniciativa no sólo se preveía el cese de todos los ministros, sino que también se proponía que aquellos que fueran nombrados después de la reforma durarán un periodo de 6 años en lugar de ser inamovibles como hasta ese momento.

El argumento de Lázaro Cárdenas era el siguiente:

"Se propone que el período por el cual desempeñen sus funciones los magistrados judiciales, sea de seis años -a semejanza de lo que la Constitución establece para que el Presidente de la República y los senadores al Congreso de la Unión - porque, en esa forma se conectará más estrechamente a la judicatura con la marcha general de la administración, y se ahorrarán, hasta donde es posible, los inconvenientes propios del tiempo de experimentación de los nuevos funcionarios.”

"Debe, pues, insistirse en que la reforma que se inicia no se endereza a restar la independencia al Poder Judicial de la Federación, no se pretende que claudique de sus atribuciones y sea instrumento sumiso del Ejecutivo; se le pide sólo que establezca una colaboración estrecha con los otros dos Poderes…”

Al parecer para Lázaro Cárdenas, los 130 diputados y los 39 senadores y las legislaturas de los estados que la aprobaron por unanimidad, el hecho de que el presidente nombrará al 100% de sus ministros, con la aprobación del senado donde el 100% de sus miembros fueran del partido del presidente, no les quitaba independencia a los nuevos ministros de la Suprema Corte.

Todavía más, en la propia iniciativa añadía que: “…en orden a que lo esencial para que puedan realizarse en su integridad los postulados sociales de la Constitución General de la República y las fórmulas de coordinación social contenidas en el Programa de Gobierno del Partido Nacional Revolucionario, consiste en que se verifique una plena interpretación revolucionaria de las leyes, por hombres que sinceramente sientan la Revolución, que sean cabalmente conscientes de su responsabilidad; que tengan verdadero cariño a las masas proletarias, y que perciban con amplitud el espíritu y las necesidades históricas que inspiraron las normas y las doctrinas que se ha dado el pueblo en sus generosas luchas, para que de esta manera las ejecuten con resolución y honradez, a fin de lograr el programa colectivo. Porque, si en el seno de una Administración Pública, los hombres llamados a colaborar en ella actuaron con divergencia de criterio, sin ideología común y sin disciplina, llevarían indiscutiblemente al fracaso a la mejor de las ideas y al más bien meditado plan de gestión.”

Ni John Locke ni el Barón de Montesquieu hablan de “colaboración de poderes”, ni de “interpretación revolucionaria de las leyes”, hablaban de equilibrios y contrapesos para la protección de las libertades constitucionales de los individuos, las palabras de Cárdenas las pudo haber dicho Lenin en el Estado y la Revolución y en ¿Qué Hacer? señalando que una Corte independiente protegería los intereses de la burguesía deteniendo la marcha revolucionaria.

Hoy en la mañana (22 de febrero de 2024) el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en el programa de Ciro Gómez Leyva dijo textualmente: “La coordinación, el diálogo entre poderes no solo es positivo sino me parece que es necesario, el poder del Estado es uno que se divide para sus funciones en beneficio de la gente en beneficio del pueblo, cuando estamos en presencia de una fuerza del crimen organizado como la que tenemos ahora se hace todavía más importante que haya diálogo entre poderes.

En todas las presidencias de la Corte siempre hubo diálogo respetuoso y una coordinación entre poderes…”

Con una Corte así, ¿Quién se atrevería a defender su derechos individuales frente a los intereses del Estado?

Jueces Electos o Jurados

Por Bernardo León-Olea
@bernardomariale

 “… el pueblo nombra a quien hace la ley y a quien la ejecuta; el mismo forma el jurado que castiga las infracciones de la ley. No solamente las instituciones son democráticas en su principio, sino también en todo su desarrollo.”

 “La institución del jurado puede ser aristocrática o democrática, según la clase donde se tome a los jurados; pero conserva su carácter republicano, en cuanto que coloca la dirección real de la sociedad en manos de los gobernados o de una parte de ellos, y no en la de los gobernantes.”

Alexis de Toqueville

La Democracia en América

El 27 de mayo de 1996 se celebró el primer juicio por jurados en la ciudad de Palencia, España. Ocho hombres y una mujer, (una enfermera, un médico, un abogado, un empleado de Renault-España, un minero, un decorador, un jubilado, un técnico y un agricultor), designados de entre los vecinos de esa ciudad y alrededores debían decidir la culpabilidad o inocencia de un tal A.A.R.

Los jurados escucharon las pruebas y alegatos de la fiscalía que solicitó inicialmente ocho años de prisión por un delito de homicidio donde el acusado A.A.R. mató a puñaladas a su hermano, mientras que la defensa pedía la absolución al considerar que había que aplicarle la eximente completa de enajenación mental al cometer el homicidio.

Tras casi dos horas y media de deliberación el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por unanimidad y el 30 de mayo de 1996 se firmó la sentencia del caso con la pena de seis años y un día de prisión.

Los juicios por jurado desparecieron de España desde la guerra civil (1936-1939) ya que el General Cabanellas (uno de los líderes del golpe de estado que desembocó en la guerra civil) los acusaba de haber sustituido “la recta administración de justicia por una notoria parcialidad… beneficiosa a sus bastardos intereses”, por lo que es necesario “… suspender el funcionamiento del jurado para que los tribunales de Derecho establezcan el imperio de la justicia misma, única e imparcial, columna básica que ha de sustentarse toda la sociedad organizada”.

No fue sino hasta el retorno de la democracia que la nueva Constitución de 1978 en su artículo 125 estableció que: “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine…”

En 1995, los legisladores españoles aprobaron la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado que implementaba la garantía del artículo 125 y especificaba en su artículo 1. Que “El Tribunal del Jurado, como institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por esta u otra Ley…” y enumeraba los delitos que debían ser juzgados con jurado, particularmente el homicidio, las amenazas, el allanamiento de morada, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, los fraudes y las negaciones prohibidas a funcionarios

El Jurado es la gran reivindicación de la democracia en materia judicial porque no limita el poder de los ciudadanos a emitir un voto el día de las elecciones, sino que los pone en el centro de la impartición de justicia no sólo como observadores sino como actores. Los jurados deben votar, no por un candidato, sino por la culpabilidad o inocencia de un acusado y a través de esos veredictos determinar hacia dónde va la justicia.

El jurado es una de las herramientas más poderosas contra la corrupción judicial porque los acusados que desconfíen de la parcialidad de un juez o tribunal (funcionarios de carrera del poder judicial), tienen derecho a ser juzgados por un jurado popular que no tiene compromisos con ninguna de las partes. 

Para asegurar su imparcialidad se escogen al azar un grupo de ciudadanos – unos treinta o cuarenta – que son entrevistados por los abogados de cada una de las partes y van eliminando a los que pueden ser parciales hasta llegar a nueve más dos suplentes en España y 12 en Estados Unidos que serán los encargados de juzgar al acusado.

En México, López Obrador propuso que los jueces de primera instancia, magistrados de los diferentes tribunales y ministros de la Suprema Corte fueran electos por el voto popular, bajo la hipótesis de que de esta manera actuarían a favor de las causas del pueblo y no de intereses ajenos a la justicia.

En Estados Unidos, los ciudadanos de 24 estados eligen a los jueces de la Suprema Corte Estatal, 25 eligen a los jueces de apelaciones y 23 eligen a sus jueces de primera instancia. La importancia de los jueces electos es que en teoría responden a los deseos de justicia del pueblo, por ejemplo, en Wisconsin los ciudadanos eligieron a la juez Janet Claire Protasiewicz como ministra de la Suprema Corte Estatal, lo que provocó que el equilibrio entre liberales y conservadores se inclinara hacia los liberales lo que permitirá que se despenalice el aborto.

Sin embargo, ninguno de los jueces federales de primera instancia, magistrados y Ministros de la Suprema Corte son electos por el pueblo, sino que son nominados por el presidente y aprobados por el Senado.

Los jueces tienen mucho poder porque toman decisiones que afectan la vida de los ciudadanos, en Estados Unidos todos los ciudadanos tienen derecho a un juicio con jurados tanto en materia civil como penal. En realidad, en Estados Unidos se llevan a cabo unos 155 mil juicios con jurado al año menos del 2% (en España unos 500 al año principalmente de homicidio), sin embargo, en vista de que todos los ciudadanos tienen derecho a un juicio por jurado, éste se convierte en una herramienta muy poderosa cuando algunas de las partes advierte que un juez está favoreciendo a alguna de las partes en cuyo caso puede preferir un juicio con jurados que le quitarán al juez el poder de juzgar.

Hay muchas críticas a los jurados, algunas más sofisticadas que otras, aunque la más recurrente es que el pueblo no está listo para impartir justicia y que eso debe ser exclusivamente tarea de los jueces que son abogados. En alguna época no muy remota se decía lo mismo del derecho al voto afirmando que el pueblo no estaba listo para elegir a sus gobernantes.

En realidad, los jueces, magistrados y ministros profesionales aciertan y se equivocan tanto como los jurados, pero los jurados son – donde existen – la gran herramienta de la democracia que como decía Toqueville: “…coloca la dirección real de la sociedad en manos de los gobernados o de una parte de ellos, y no en la de los gobernantes.” 

El Jurado es igual que el derecho al voto, es una forma de ejercer la soberanía y de equilibrar el poder de los jueces.

Si López Obrador quisiera realmente controlar el poder de los jueces, magistrados y ministros, elegirlos por voto popular en realidad no soluciona el problema, pero si lo que quiere -como ha sido su discurso – es darle el poder al pueblo, bien podría proponer el regreso de los jurados en materia civil y penal para que EFECTIVAMENTE el pueblo decida porque como decía Toqueville:  

“El Jurado es ante todo una institución política; se le debe considerar como una forma de soberanía del pueblo y sólo debe ser rechazado enteramente cuando se rechaza la soberanía del pueblo […] El jurado forma la parte de la nación encargada de asegurar la ejecución de las leyes, como las Cámaras son la parte de la nación encargada de hacerlas; y para que la sociedad esté gobernada de una manera exacta y uniforme, es necesario que la lista de los jurados se extienda o se reduzca con la de los electores.”

El Último Presidente de México

Por Bernardo León-Olea
@bernardomariale

“Y el estado levantará monumentos… para celebrar su memoria. Y se les ofrecerán sacrificios como a semidioses… como a hombres tocados por la gracia divina y semejantes a Dios.”

Platón

La elección de junio de 2024 tiene que ser la última en la que 130 millones de mexicanos depositamos nuestro destino como nación en manos de una sola persona. 

Karl Popper en su libro “La Sociedad Abierta y sus Enemigos” critica fuertemente a Platón afirmaba que este filósofo reducía el problema fundamental de la política a la pregunta ¿Quién debe gobernar? cosa que le parecía absurda porque a esa pregunta vendrán respuestas abstractas que no tienen aplicación práctica como, el mejor, el más sabio, la voluntad general, la raza superior, los obreros o el pueblo. 

Popper desconfiaba de Platón porque al primero le parecía que en general los políticos no son lo bastante buenos o sabios y “que no es nada fácil establecer un gobierno en cuya bondad y sabiduría pueda confiarse sin temor.” 

Si sabemos esto – se pregunta Popper – ¿por qué el pensamiento político no prevé desde un principio la posibilidad de un mal gobierno? Y propone cambiar la pregunta platónica de quién debe gobernar por otra mejor: “¿En qué forma podemos organizar las instituciones políticas a fin de que los gobernantes malos o incapaces no puedan ocasionar demasiado daño?”

El presidencialismo mexicano – como lo ha demostrado el gobierno de López Obrador – permite que el presidente de México determine la vida de 130 millones de personas y que haya muy pocos contrapesos que puedan detener sus caprichos, ambiciones o políticas.

Si el presidente decide cancelar un aeropuerto a medio construir, hacer una inútil refinería o destruir la selva de la península de Yucatán violando todo tipo de legislación al respecto, o paralizar al INAI, nadie puede pararlo ni hacerlos rendir cuentas. Si no aceptan su plan A, irá por el B, el C y así hasta el Z para debilitar y someter al INE, o a la Suprema Corte.

El diseño del presidencialismo mexicano permite que las políticas públicas dependan casi exclusivamente del carácter de quien es electo para ese cargo.

No todos los sistemas presidencialistas son iguales, en Estados Unidos el presidencialismo está muy acotado por la forma en que se eligen los diputados (todos por mayoría) y los senadores (1/3 cada dos años) y por las facultades presupuestales del presidente (que debe recibir aprobación del congreso permanentemente), además está muy acotado por un federalismo muy poderoso que descentraliza una enorme cantidad de decisiones de gobierno lejos de su alcance.

En Francia, aunque es un país muy centralista, el poder presidencial está muy restringido por la forma en que se elige el parlamento y la obligación de compartir el poder con un primer ministro designado por la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional. El presidente Francois Miterrand miembro del Partido Socialista, tuvo que cohabitar con un primer ministro liberal Jaques Chirac, quien a su vez siendo presidente tuvo que cohabitar con el socialista Lionel Jospin.

En América Latina el presidencialismo no parece tener muchos contrapesos, la corrupción y las tentaciones autoritarias brotan con frecuencia (el Brasil de Bolsonaro, El Salvador de Bukele, la Venezuela de Maduro, la Bolivia de Evo Morales, el Perú de Fujimori, etc.) por la ausencia de equilibrios y contrapesos de un sistema presidencial cuyo diseño no tiene los mecanismos de relojería del sistema norteamericano, ni del francés.

El 1 de octubre de 2024 tomará posesión (lo más probable) una nueva presidenta de México que heredará el enorme poder de la silla presidencial, Xóchitl o Claudia deberán tomar una decisión definitiva: conservar ese enorme poder o descentralizarlo y depurar el poder presidencial para hacerlo más efectivo y democrático.

Sin embargo, no será una cuestión de voluntad, ni una graciosa concesión, se requiere un cambio institucional – siguiendo a Popper – para estar preparados contra los malos gobernantes y cambiar el sistema presidencialista.

Durante el próximo sexenio, tiene que transitarse a un sistema parlamentario, donde el poder ejecutivo no esté depositado en una sola persona, sino en el gabinete y las decisiones sean colegiadas y ese gabinete sea aprobado por la mayoría de los diputados “otorgándole su confianza para gobernar”. 

En lugar de presidenta habría una primera ministra que sería “primera entre iguales” pero las decisiones serían del gabinete y no de la primera ministra. El truco está en que para que la cámara apruebe su gabinete tiene que estar compuesto por personas competentes para darles la confianza. Esto limitaría enormemente las ocurrencias, pero sobre todo la autocracia.

La primera ministra debe comparecer cada 15 días o cada mes ante el parlamento para responder a sus preguntas. ¿Se imaginan a AMLO compareciendo cada mes ante la Cámara de Diputados? 

Es interesante ver que – con la sola excepción de Estados Unidos – las democracias desarrolladas todas tienen sistemas parlamentarios o semi parlamentarios (como Francia), algunas son monarquías donde el rey es una figura ceremonial y en aquellos que son repúblicas el presidente es un funcionario que representa al Estado pero no tiene casi ningún poder, es igualmente una figura ceremonial.

Lo paradójico es que a pesar de que nadie tiene todo el poder concentrado (el Parlamento, el Gabinete, etc.), el Estado parece ser muy eficaz, aunque tengan buenos o malos gobernantes por ello, López Obrador debe pasar a la historia como el último presidente de México y Xóchitl o Claudia como las que hicieron la reforma para evitar que cada seis años la pregunta existencial del país sea ¿quién nos debe gobernar? y confiemos en nuestras instituciones para preservar la libertad y el bienestar. El gobernante será pasajero, la institución permanente.

Los sistemas parlamentarios tienen muchas instituciones de equilibrio, un sólido servicio civil de carrera, un poderoso poder judicial, un sistema de democracia directa, un sistema de partidos muy abierto, etc.

 Pero ya hablaremos de eso en otra entrega.

 

La Impunidad, Caro Quintero y Manuel Bartlett frente a las Memorias del presidente Miguel de la Madrid

Por Bernardo León-Olea
@bernardomariale

“No hay lugar donde esconderse para ninguna persona que secuestre, torture y mate a un agente norteamericano de la ley.”

Merrick B. Garland

Abogado General de Estados Unidos

El 30 de mayo de 1984, el periodista Manuel Buendía fue asesinado en Reforma. En sus memorias, Miguel de la Madrid (presidente en esa época) narra que los móviles del homicidio eran muy confusos y que tenía dudas sobre la posibilidad de encontrar al culpable, sus pesquisas no fueron conclusivas y el crimen no se resolvió durante su sexenio pero permitieron detener a José Antonio Zorrilla cabeza de la Dirección Federal de Seguridad, en el sexenio siguiente. En una nota de pie de página el ex Presidente señala:

 
Éste resultó ser ( el asesino, me permito intervenir) el licenciado José Antonio Pérez Zorrilla, quien fungía, en el momento del crimen, como titular de la Dirección Federal de Seguridad(DFS). Al parecer, Pérez Zorrilla había observado que las investigaciones que realizaba Buendía sobre narcotráfico lo estaban alcanzando.

En noviembre de ese mismo año, la policía y el ejército con base en informaciones de la DEA y por presión de la Embajada de Estados Unidos lograron decomisar 10 mil toneladas de marihuana del Rancho “Búfalo” en Chihuahua.

 
Unos meses después el agente de la DEA Enrique Camarena y el piloto Alfredo Zavala quienes descubrieron “Búfalo” fueron secuestrados y después de torturarlos los mataron; El experto Luis Astorga, refiriéndose a los acontecimientos de 1984-85 reflexiona:

 
El peor error que pudieron cometer fue haber secuestrado y asesinado en Guadalajara en 1985 al agente de la DEA, Enrique Camarena, y al piloto mexicano Alfredo Zavala. El traficante sinaloense Rafael Caro Quintero fue señalado como responsable (…) Para la DEA, los nexos entre la DFS y la Policía Judicial Federal (PJF) con los traficantes eran evidentes y tenían información al respecto. (…) Según un informante que la DEA consideraba confiable, la DFS era el verdadero cerebro de la reorganización de los grupos de traficantes en México y también funcionaba como brazo armado para eliminar a la competencia de los protegidos.

El ex presidente de la Madrid recuerda: 

La respuesta de la DEA, (…) ha consistido en orientar su ataque a los países productores.

Este cambio de estrategia hace que la atención se centre sobre nuestros problemas de corrupción e ineficiencia, y no sobre los suyos. Lo grave de este enfoque es que si tenemos cola que nos pisen. En México existe corrupción en la policía y las sumas millonarias del narcotráfico han creado complicidad o tolerancia de algunas autoridades.

 
Mas adelante escribe: 

“El domingo 24, Francis Mullen concedió una entrevista a la cadena de televisión norteamericana ABC, en la que acusó a la Policía Judicial Federal y a la Dirección Federal de Seguridad de México de brindar protección a los narcotraficantes que presuntamente secuestraron a Enrique Camarena.

 
De hecho Mullen dio a conocer datos que desgraciadamente resultaron ciertos." 

Y añade: 

"La situación, compleja de por sí, se enturbió más ese mismo día (25 de febrero), porque la Policía Judicial Federal tuvo que reconocer que Rafael Caro Quintero, presunto narcotraficante y sospechoso del secuestro de Enrique Camarena, había huido en avión amparado por credenciales de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial de Jalisco."

 
Adicionalmente; “... el encargado de seguir el tráfico de estupefacientes en el Departamento de Estado, John Thomas, declaró ante una comisión senatorial que en México el tráfico de drogas continuaba con la aparente bendición de algunos dirigentes gubernamentales. Lo trágico de sus aseveraciones es que en buena medida eran ciertas(...) Por ello... la Procuraduría General de la República reconoció la existencia de nexos delictuosos entre narcotraficantes y agentes policiales, y presentó ante el Ministerio Público Federal a 13 elementos de corporaciones policiales del estado de Jalisco y federales, de quienes se presumía que estaban involucrados en el secuestro y posterior asesinato del famoso agente estadounidense."

 
“...yo tengo que trabajar apoyándome en estructuras tan vulnerables como las corporaciones policiacas, que están carcomidas por la corrupción” . Se lamentó el ex Presidente.

 
Desde el principio de su sexenio Miguel de la Madrid había hecho algunos esfuerzos por depurar a las policías, el 12 de enero de 1983, apenas mes y medio después de haber tomado posesión tomó la decisión de desaparecer a la Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) de la Policía del Distrito Federal:

 
En sus memorias recuerda: 

“El día 12 de enero, ordené la reestructuración de los cuerpos policiacos, pues la Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia era un nido de hampones."

La DIPD, sucesora del llamado Servicio Secreto, había sido un instrumento eficaz para el combate y control de la delincuencia en el DF y, de vez en cuando, en otras partes del país, sin embargo, sus métodos de investigación, el uso indiscriminado de la tortura y la corrupción que imperaba la hacían una policía temible y que gozaba de gran impunidad.

 
En la Ciudad de México cometieron gravísimos crímenes que quedaron impunes, según Héctor A. Gonzales, el director de la Policía del DF durante el periodo 76-82 Arturo Durazo Moreno, el director de la DIPD, Miguel Nassar Haro y Francisco Sahagún Baca, a través de un grupo llamado “Jaguares” articularon la masacre de once narcotraficantes colombianos y un taxista mexicano, cuyos cuerpos aparecieron en “la Lumbrera No. 8, última compuerta del Emisor Central del Sistema de Drenaje Profundo, en el pueblo de San José Acoculco, municipio de Atotonilco, estado de Hidalgo”.

En cuanto a la Dirección Federal de Seguridad, Jorge Carrillo Olea , en una entrevista que le concedió a Sergio Aguayo Quezada publicada en su libro La Charola acerca de las instrucciones que había recibido del entonces candidato y posteriormente presidente electo De la Madrid, con respecto a los asuntos de seguridad, le explica lo siguiente:

 
“...me instruyó (Miguel de la Madrid) para que hiciera un diagnóstico en asuntos de seguridad.
Me dedicó mucho tiempo para conversar sobre la materia. Yo preparaba documentos amplios que leía con cuidado y que me regresaba con observaciones o preguntas al margen de la página. De esta manera empezó a definirse una agenda de inteligencia que terminaría siendo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Ya electo, me invitó a desayunar un sábado para informarme de su decisión de nombrarme subsecretario de Gobernación (antes incluso de que Bartlett supiera formalmente que iba a ser el titular), y me ratificó formalmente su intención de crear un servicio de inteligencia, expresándome su interés de que algún día pudiera llegar a ofrecer inteligencia sobre asuntos financieros.”

No obstante lo anterior, De la Madrid pareció dudar, quizás por tener que enfocar sus energías en el grave problema económico y financiero que enfrentaba, sin tenerse que ocupar del espinoso tema de la reforma de las policías federales, o porque Bartlett (quien sería Secretario de Gobernación 82-88) pensaba que necesitaba de esas policías para mantener el control y la estabilidad del país y una reforma debilitaría esa política, el caso es que dejó en manos de Bartlett y no de Carrillo Olea el control de las policías federales. Carrillo Olea recuerda:

"...Sin embargo, en los primeros años no pude avanzar porque la misma tarde de la toma de posesión, Bartlett me dijo que él ejercería la dirección de la DFS y que ratificaría a Zorilla. Tenía, por supuesto, la facultad reglamentaria para hacerlo."

"Informé al presidente, quien guardó silencio."

Una vez que el asesinato del periodista Buendía, del rancho “Búfalo” y del homicidio de Enrique Camarena y Alfredo Zavala hicieron crisis en las relaciones con Estados Unidos y en la confianza del presidente en esas instituciones de seguridad escribió:

"...empecé a recibir noticias, información y chismes de que la DFS andaba mal. Bartlett siempre defendía a Zorrilla. Cuando se da el asesinato de Camarena y la fuga de Rafael Caro Quintero, Bartlett estuvo de acuerdo en que había que quitar a Zorrilla... […]... Al mes regresa Bartlett para decirme que había descubierto una gran cantidad de irregularidades y que no se le podía tener confianza a Zorrilla."

 
En noviembre de 1985 Miguel de la Madrid desapareció la DFS y creó de la mano de Carrillo Olea la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DISEN) que luego se convertiría en el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional).

Hoy Zorrilla está en la cárcel y Caro Quintero esperando su extradición. Después de 37 años, la DEA celebra que no va a haber impunidad por el homicidio de Enrique Camarena y afirma que no hay lugar para esconderse si se comete un crimen contra sus agentes. La seguridad que eso les debe dar en su trabajo a esos agentes de la ley ha de ser enorme. En México según el proyecto Azul Cobalto (https://proyectoazulcobalto.com/homicidios.php) llevamos de 2017 a la fecha 2,153 policías asesinados. ¿Tendrán donde esconderse sus asesinos para quedar impunes?

Miguel De la Madrid Hurtado (2004). Cambio de rumbo. México: Fondo de Cultura Económica pp. 50, 296, 397,398, 401, 403, 400. 

 

Luis Astorga (2003). Conferencia dictada en la VIII Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado. Análisis histórico del narcotráfico en Colombia. Bogotá: División Educativa y Cultural del Museo Nacional de Colombia, Embajada de Estados Unidos en Colombia y Embajada de México en Colombia. https://www.museonacional.gov.co/imagenes/publicaciones/analisis-historico-del-narcotrafico-en-colombia.pdf

  Héctor A. González (1984). México desgraciado. La matanza de Río Tula. Recuperado de

http://mexicodesgraciado.blogspot.mx/2007/05/la-matanza-de-rio-tula.html

 

Jorge Carrillo Olea fue un militar de carrera, Subsecretario de Gobernación (1982-1988) y fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 

Sergio Aguayo Quezada (2001). La charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México. México: Grijalbo pp.242, 243, 244.

Imputación, Vinculación o Acusación: El Sinuoso Camino de la Presunción de Inocencia

Por Bernardo León-Olea
@bernardomariale

“Ninguna persona debe ser sometida a un proceso penal si no hay una acusación en su contra…”

Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos

Ser sometido a un proceso penal tiene que ser una experiencia terrible. Si se es culpable por la alta probabilidad de perder la libertad y si se es inocente por la amargura de ser acusado públicamente de la comisión de un delito y el esfuerzo que implica demostrar la falsedad de la acusación y probar la propia inocencia.

Un sistema de justicia civilizado sabe que someter a proceso a una persona no puede tomarse a la ligera porque, aunque el acusado sea declarado inocente al final del proceso, el haber sido acusado y tener que defenderse por meses o años dejará marcada a la persona en lo personal y frente a la sociedad. 

Por ello, como su nombre lo indica, el sistema acusatorio requiere de una “Acusación” para que una persona sea sometida a proceso. Una “Acusación” que implica demostrar con medios de prueba establecidos en artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que se cometió un delito y que la persona acusada lo cometió o participó en su comisión.

En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se requiere para los delitos graves que un Gran Jurado, es decir un grupo de ciudadanos revisen la evidencia presentada por la fiscalía y decidan si hay pruebas suficientes para que se formule una acusación.

Una vez formulada la acusación ante un juez, éste revisa si se cumplen todos los requisitos necesarios en la acusación y libra una orden de aprehensión o un citatorio que obligan a la persona acusada a presentarse a una audiencia donde le informarán que ha sido acusada de un delito. 

La revisión judicial de la acusación implica necesariamente que la investigación está terminada, tiene todas las pruebas necesarias para someter a una persona a un juicio y buscar una sentencia condenatoria, esto sin menoscabo de que pueda haber pruebas o hechos posteriores a la acusación que no se conocían en el momento de hacerla. 

La diferencia fundamental con el sistema inquisitivo es que en ese sistema no hay realmente una acusación. La investigación es un proceso que se litiga primero ante el ministerio público y luego frente al juez, en la mayoría de los casos la persona se encuentra detenida durante el proceso y la investigación continúa durante el proceso sin que la persona sepa exactamente de que la acusan (solo había un documento que se llamaba auto de formal prisión que establecía los hechos y las responsabilidades pero estas podían cambiar en el transcurso de la “instrucción” que era una investigación judicial con la persona detenida o sometida a proceso en libertad).

Finalmente, en el viejo sistema inquisitivo después de la instrucción había una etapa de juicio donde el ministerio público podía ofrecer conclusiones acusatorias o no acusatorias y en su caso el juez sentenciaba. Evidentemente todo por escrito.

En esta peculiar modalidad de sistema acusatorio que hemos adoptado en México persisten muchos de los vicios del sistema inquisitivo.

Las investigaciones del Ministerio Público se siguen litigando ante este funcionario, las agencias del ministerio público, las llamadas mesas de trámite y los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) en sede ministerial resuelven entre el 75% y el 85% de los procedimientos penales en México sin la intervención de un juez.

En el resto de los casos derivado de la investigación se puede librar una orden de aprehensión con un estándar de prueba muy bajo sin que la persona esté acusada de ningún delito y una vez detenida, es imputada con un nuevo estándar de prueba bajo, luego vinculada a proceso que deriva en un periodo de investigación complementaria bajo control judicial -como la vieja instrucción – y finalmente después de meses o años en que se lleva a cabo la investigación complementaria, la persona – que en muchos casos está en prisión preventiva oficiosa o justificada – es acusada de algún delito.

La ausencia de la acusación como requisito para solicitar una orden de aprehensión y para someter a una persona a proceso permite que personas como el exprocurador Murillo Karam o en su momento Rosario Robles, José Manuel del Río Virgen, el exprocurador de Veracruz Jorge Winckler y muchos más estén en prisión sin estar acusados realmente de nada.

La cuestión no solo es la prisión preventiva oficiosa o justificada, sino el requisito de “Acusación” porque aun cuando desparezca la prisión preventiva oficiosa permanecerá la prisión preventiva justificada y un proceso penal para personas que no estarán acusadas de nada hasta después de la imputación, la vinculación a proceso y la investigación complementaria.

El “Principio Acusatorio” es quizás la garantía más importante de un sistema democrático de justicia porque implica que una persona sabe de qué la acusan y de que se está defendiendo. Evidentemente si no conoces de que te acusan no sabes de que te defiendes lo cual te pone en una grave situación de inseguridad jurídica, particularmente si estas detenido y aunque no lo estés.

Es evidente que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la presunción de inocencia, pero es igual o más grave es que una persona esté sometida a un proceso penal – detenida o en libertad – sin que sepa de que la acusan. 

Introducir el principio acusatorio en nuestro sistema “Acusatorio” es clave para reformar nuestro sistema de justicia, ya no se diga para incentivar buenas investigaciones.