Articular la Política Criminal y una Secretaría de Justicia (Primera parte)

Por Bernardo León-Olea

@bernardomariale

El viernes 21 de febrero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación  un decreto que derogaba el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal desapareciendo la antigua Secretaría de Programación y Presupuesto e integrando prácticamente todas sus funciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La idea era articular la política económica en una sola secretaría: “…las atribuciones fiscal, financiera, crediticia y de gasto del Poder Ejecutivo Federal, además de las relativas a la planeación y a la información que le sirve de base a ésta, con el propósito de fortalecer la cohesión de la política económica y, con ello, contribuir a la consolidación, tanto de la recuperación económica, como de la estabilización y del financiamiento del desarrollo. Esto tendría lugar mediante la fusión de las actuales secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público.” 

La propuesta de fusión de ambas secretarías tenía por lo menos tres antecedentes; a) la grave crisis económica que sufría México desde 1982 debido a la reducción de los precios del petróleo (su principal fuente de ingresos en esa época) que pasaron de 36.31 dólares por barril en 1981 a menos de 12 dólares en 1986, lo que impedía que México pagará sus deudas con la banca internacional; b) el enorme déficit fiscal que provocó la disminución de los ingresos del gobierno generando inflaciones superiores al 100% anual destruyendo los ingresos y el ahorro de los mexicanos; y c) los pleitos que había entre los secretarios de hacienda y los de programación y presupuesto para articular una política económica congruente.

La cuestión era que dos presidentes de la República (Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari) habían sido secretarios de programación antes de ser presidentes (Zedillo también pero no inmediatamente antes de ser presidente) y la “grilla” entre los secretarios de Hacienda que querían políticas muy prudentes de restricción del gasto y los de programación que querían gastar (porque eso les daba bonos políticos) desarticulaban la política económica y mantenían a los mexicanos en una situación de crisis económica permanente.

La fusión de Hacienda y Programación y Presupuesto no fue la única medida estructural importante que le ha dado (pese a todo) estabilidad a la economía mexicana. En 1993, el Presidente Salinas de Gortari propuso una reforma al artículo 28 constitucional con el fin de darle autonomía al Banco de México de tal manera que la política monetaria no estuviera influida políticamente y fuera un contrapeso a las políticas y el poder de la propia “supersecretaria”. 

En el portal del Banco de México se puede leer: “Si bien durante las décadas conocidas como el desarrollo estabilizador se mantuvieron políticas fiscales y monetarias coordinadas y prudentes que permitieron un crecimiento sostenido con baja inflación, en los años setenta y ochenta la economía experimentó una etapa turbulenta, que se originó en la aplicación de políticas excesivamente expansivas, así como en la obligación que se impuso al Banco Central de extender crédito para financiar los déficit fiscales en los que se incurría. Esto condujo al deterioro de la estabilidad de los precios, generando inflaciones agudas, prolongadas y profundamente perjudiciales para la sociedad –las cuales alcanzaron niveles que rebasaron el 100% entre 1982 y 1988 (Banco de México, 2017).

Tras estos periodos de una profunda erosión del poder adquisitivo del dinero y pérdida de bienestar social, resultó clara la necesidad de separar de manera definitiva la función de crear dinero, de otras tareas del Estado en las que se enfrentan continuas demandas para aumentar el gasto. Por ello, se planteó cambiar la naturaleza jurídica del Banco de México, brindándole autonomía y otorgándole la finalidad prioritaria de procurar la estabilidad de precios con un compromiso de largo plazo.” 

Así la fusión en Hacienda (aunque muy criticada por la oposición de izquierda que votó en contra – una supersecretaria criticaban) permitió articular la política económica y eliminar muchos de los inconvenientes administrativos y políticos que provocaban dos secretarías que en más de un sentido duplicaban y obstruían las funciones de cada una en detrimento de la estabilidad y el crecimiento económico.

Bajo un solo mando las políticas financieras, de ingreso y de gasto se articularon y poco a poco permitieron la estabilidad económica de la que ahora seguimos disfrutando los mexicanos. Al mismo tiempo, la autonomía del Banco de México permitió equilibrar las necesidades de gasto del gobierno impidiendo políticas monetarias expansivas y manteniendo la inflación bajo control protegiendo la estabilidad económica y el poder adquisitivo del dinero.

Nada mal, una reforma estructural de gran calado le ha dado a México dos décadas de estabilidad pese a muchos desafíos en la economía y crisis en la economía internacional.

Mutatis mutandi (cambiando lo que se deba cambiar) la crisis que vivimos de seguridad está íntimamente relacionada con la forma en la que estructuramos las instituciones de seguridad y justicia penal en México y los procesos que desarrollan cada una.

Hasta antes de 1917 los Código de Procedimientos Penales establecían que la investigación del delito correspondía a la llamada “Policía Judicial”  que no era un cuerpo orgánico de policías como podrían ser hoy las policías ministeriales o investigadoras, sino que era una función de diferentes policías, como los inspectores de cuartel, los comisarios de policía, el inspector de policía, el ministerio público, los jueces correccionales y los jueces de lo criminal que además de sus tareas específicas estaban en “funciones” de policía judicial investigando algún delito.

Esta “función” investigadora tenía además la peculiaridad de que salvo casos muy excepcionales todos los delitos se investigaban de oficio, es decir, una vez que la policía judicial tenía conocimiento de un hecho posiblemente delictivo debía investigarlo sin mayor trámite.

Las policías dependían de los llamados “jefes políticos” (este nivel de gobierno intermedio entre los alcaldes y los gobernadores) a nivel local y de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, obviamente los jueces de lo criminal eran parte del poder judicial y el ministerio público (encargado de formular la acusación) una incipiente Procuraduría General de la República que estaba integrada en la Secretaría de Justicia.

Sin embargo, en 1917 los constituyentes decidieron (con base en información falsa y distorsionada del diputado y asesor de Carranza José Natividad Macías ) darle al Ministerio Público el monopolio de la acción penal y el control directo de la “policía judicial” con la peculiaridad de que la “policía judicial” ya no sería una función de todas las policías sino que sería un cuerpo de policías exclusivamente investigadores (Sección de Investigaciones le llamaron originalmente) que dependerían del ministerio público y en última instancia del procurador. 

El resto de los policías; municipales, estatales y federales serían considerados policías “preventivos” – “gendarme de la esquina” los llamó despectivamente José Natividad Macías, los cuales dependerían de las secretarías de gobernación a nivel federal y estatal y del alcalde a nivel municipal. Con esta medida separaron a las policías en “investigadoras” dependientes de las procuradurías y “preventivas” dependientes de gobernación o equivalente.

Todo esto olvidando (o ignorando) que el trabajo policial es integral y que la investigación y la prevención están íntimamente relacionadas, la prevención (patrullaje, vigilancia, proximidad con la sociedad, solución de conflictos, recepción de denuncias, etc.) es una parte fundamental de la investigación y al revés, una policía “investigadora” que no está involucrada en la prevención parte de cero en cada caso desconociendo los procesos criminales que hay en las comunidades.

Esta división empobreció a ambas policías y es uno de los principales factores de impunidad y por tanto de inseguridad que hay en México. Desde este nefasto diseño institucional, la política criminal está divida en dos en todo el país, por un lado, las secretarías municipales, estatales y federal que dirigen a las policías “preventivas” (que incluyen a la Guardia Nacional) y las fiscalías que controlan a las policías investigadoras.

Por si eso fuera poco, la investigación del delito corresponde al ministerio público – que también está en las fiscalías – y aunque el artículo 21 constitucional les otorga facultad de investigar a las policías (a todas) las pone bajo la “conducción y mando” del propio ministerio público lo que en la práctica deja la investigación en las manos exclusivas de esta autoridad.

Como las “grillas” entre los funcionarios de la antigua Secretaría de Hacienda y los de Programación y Presupuesto, que se acusaban de no tener un manejo prudente del presupuesto y los segundos de querer estancar la economía del país, las secretarías de seguridad y sus policías y las fiscalías y sus policías también se acusan de no prevenir los delitos y en contra parte de no investigarlos y procesarlos. Frases como “puerta giratoria”, “detenciones mal hechas”, “no saben llenar el informe policial”, “dejan libres a todos”, “no investigan” son parte del argot cotidiano de la impunidad.

El asunto se ha agravado en los últimos años con la autonomía de las fiscalías – que en realidad es una coartada para ocultar su dependencia del ejecutivo y legitimar persecuciones políticas u otorgar impunidad a aliados y asociados – porque la facultad de investigación de las policías preventivas depende de la “conducción y mando” del fiscal autónomo y no del presidente, el gobernador o el alcalde. Un esquema condenado al fracaso.

Sin duda, la “Estructura es la Estrategia” – como escribí en uno de mis libros  – entonces la estructura de las instituciones de seguridad y justicia penal en México que están divididas en “preventivas” e “investigadoras” impide una política criminal articulada que pueda investigar y perseguir a los criminales y a sus organizaciones eficazmente.

El esquema podría ser un paralelismo de los que fue la fusión de Hacienda con Programación y Presupuesto y la autonomía del Banco de México. Lo primero es desparecer esta división entre policías preventivas e investigadoras e integrar a ambos cuerpos bajo un solo mando con facultades plenas de investigación, así la retroalimentación entre policías uniformados y policías de no uniformados permitiría conocer a detalle el “universo criminal” de las comunidades y desarrollar investigaciones “proactivas” que permitan procesar a los criminales y sus organizaciones.

Para ello es indispensable crear una dependencia que integre la política criminal bajo un solo mando y articule la prevención y la investigación del delito. A nivel estatal y municipal pueden ser las secretarías de seguridad pública y a nivel federal podría eliminarse la secretaría de seguridad y diseñar una verdadera Secretaría de Justicia.

La fusión de las policías en una sola dependencia articula la investigación del delito, pero deja abierto la cuestión del ministerio público (MP) y su autonomía. Aquí es fundamental replantear la función de los fiscales como lo que siempre debieron haber sido: abogados que litigan las investigaciones de la policía, es decir, el MP debe transformarse en el despacho de abogados de las víctimas y de la sociedad, su trabajo es jurídico y por eso la ley le exige ser licenciado en derecho.

Una vez replanteada su función jurídica, los fiscales (no las fiscalías) regionales, estatales y federales deben conservar su autonomía ya sea a través de un sistema de carrera o de elección para ser directamente responsables ante las víctimas y la sociedad y para evitar que su función tenga motivaciones distintas a la procuración de justicia.

A nivel federal necesitamos una muy sólida Agencia de Investigación Criminal y un cuerpo de fiscales (abogados) autónomos que litiguen las investigaciones de dicha agencia con responsabilidad ante la nación y sin influencias políticas indebidas.

Sin duda la estructura es la estrategia y la unidad de mando en la política criminal y los equilibrios entre la investigación y persecución de los delitos puede tener los efectos en la impunidad que (simplificando un poco) tuvo la fusión de Hacienda y Programación y Presupuesto y la autonomía del Banco de México en la economía.

¿Quién paga la factura?

Por Bernardo León-Olea 
@bernardomariale

Mientras escribo estas líneas los diputados federales discuten la reforma eléctrica que propuso el presidente, así que a esta hora es imposible saber el resultado de la votación, aunque al parecer (ojalá) será rechazada.

La cuestión de fondo es la “inversión” es decir el dinero que se requiere para modernizar y ampliar la capacidad de producción de energía eléctrica y de hacerlo con base en energías limpias como las que aprovechan la energía solar o el viento. Y la pregunta sin duda será ¿Quién puede aportar ese dinero? Y ¿Quién va a pagar la factura de las industrias eléctricas que ya están operando en México? Y ¿Qué inversionista privado querrá invertir en México en el futuro sin la seguridad de sus inversiones?

Antonio Ortiz Mena fue secretario de Hacienda de México durante la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, en su libro “El desarrollo estabilizador: reflexiones sobre una época” (FCE:1998) explica que el crecimiento económico de México implicaba una demanda adicional de electricidad de 10% anual (México tenía 37 millones de habitantes) y que desde el inicio la electricidad en México la proveían dos grandes empresas extranjeras, la Mexican Light and Power (luego compañía de Luz Y fuerza) en el centro del país y la American Foreign Power (Impulsora de Empresas Eléctricas) en el norte del país y varias empresas mexicanas no tan grandes abastecían otras ciudades del país.

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (sobre todo después de la expropiación petrolera) el gobierno negó un aumento de tarifas y según Ortiz Mena “Con las bajas tarifas se redujo notablemente la rentabilidad de las empresas eléctricas” por ello, las empresas privadas (nacionales y extranjeras) entre 1945 y 1960 redujeron sus inversiones en electricidad “a causa de las bajas tarifas y de la incertidumbre prevaleciente en cuanto al marco regulatorio.”

Sin embargo, hasta 1960 el incremento en la inversión (que logró aumentar de 700 mil a 3 millones de kilovatios la generación de electricidad) fue compartida por mitades entre la CFE y las empresas privadas.

La forma de llevarla a cabo fue a través de la compra de acciones de las empresas privadas (fundamentalmente las extranjeras) a través de créditos a una tasa del interés del 6.5% y pagaderos a 15 años, en total la nacionalización costó 650 millones de pesos de esa época cuando el dólar estaba a 12.50 (0.0125 centavos de hoy). Para 1962 Ortiz Mena obtuvo un crédito de 130 millones de dólares para apoyar a la CFE y sus inversiones en la industria eléctrica y en 1963 estableció que la emisión internacional de bonos del gobierno mexicano sería para “la inversión en el sector eléctrico”.

Por su parte, en su libro “La Política Económica de México 1970-1976” (Siglo XXI:1993) Carlos Tello Macías (funcionario de Hacienda en esa época) criticaba los resultados del “desarrollo estabilizador” porque a pesar del “crecimiento económico, solidez monetaria, solvencia crediticia y estabilidad política…” había una creciente concentración de la riqueza, graves rezagos en los servicios sociales, desempleo y una limitada inversión pública. Paradójicamente, la respuesta de esos años fue aumentar el tamaño del gobierno y el número de empresas y entidades gubernamentales y el déficit fiscal.

Al día de hoy, la deuda del gobierno mexicano asciende a 10 billones 395 mil 86.6 millones de pesos (40% del PIB), 4.9% más que en 2020 y 11.4% que en 2019 . La recaudación está presupuestada en 7 billones de pesos que provienen fundamentalmente del Impuesto sobre la renta, el IVA, otros impuestos al consumo (como la gasolina) y las contribuciones a la seguridad social . 

Ósea de los impuestos que todos pagamos (no solo los que hacen su declaración), dicho de otra manera, la factura la pagamos y la hemos pagado nosotros. ¿No sería mejor gastar nuestro dinero en seguridad, justicia, educación, salud, etc., que en las ineficientes y caras empresas del gobierno?

LA TEOLOGÍA DE LA ESTATIZACIÓN AMLO y Mitterrand frente a la Reforma Eléctrica

Por Bernardo León
@bernardomariale

Conservar la cabeza vale más que conservar el sombrero

Proverbio nigeriano

Mitterrand: Modernizar o Morir

El 23 de septiembre de 1981 el presidente de Francia Francois Mitterrand se reunió con su Consejo de Ministros (El primer ministro y los miembros del gabinete) para discutir la Ley de Nacionalizaciones que se presentaría a la Asamblea Nacional. La idea general era – según ellos – estatizar grandes compañías y la banca francesa para dirigir la economía evitando criterios exclusivamente capitalistas (margen de rendimiento sobre las inversiones) y buscar el interés general.

El primer ministro, Pierre Mauroy expuso el proyecto, pero el gabinete se dividió en la discusión, Mitterrand quería que la nacionalización de las empresas privadas fuera al 100% es decir, que el gobierno expropiara (y pagara) el 100% de las acciones, mientras que el ministro de Planeación Michel Rocard proponía sólo comprar el 51% de las acciones porque era mas barato y porque con eso bastaría para controlar a las empresas y nombrar a sus directores.

Sin embargo, Mitterrand optó por el 100%. Cuando le preguntaron por qué señaló: “No quiero que se pueda dar marcha atrás. Hace falta que la extensión del sector público se convierta en irreversible”1 . Además, no quería parecer pusilánime con sus votantes comunistas que desde Lenin pensaban que los socialdemócratas (como Mitterrand) no eran mas que unos oportunistas y revisionistas.2

Con fuertes discusiones y debates entre los diputados, pero con la mayoría del gobierno y sus aliados se aprobó la ley que nacionalizaba al 100%, seis de las compañías industriales más grandes de Francia, en electrónica y telecomunicaciones, textiles, química, vidrio, papel, metales, acero, aviones, defensa, computadoras y farmacéutica además del 100% de los bancos privados franceses 3. El Monopolio de la Electricidad (Électricité de France) ya era propiedad del gobierno.

La Ley de Nacionalizaciones fue promulgada el 11 de febrero de 1982 y fue festejada como el cumplimiento de una de las promesas de campaña mas importantes del primer presidente Socialista (en coalición con los comunistas) de la V República Francesa, pero el costo sería enorme, el tesoro francés debió pagar 51 mil millones de francos (mmdf) que con intereses significaba pagar a 15 años unos 300 mmdf equivalente a una tercera parte del presupuesto anual de la Francia de esa época 4.

Una vez nacionalizados los bancos y los siete grupos industriales mas importantes, el gobierno francés generaría casi cuatro de cada cinco empleos, 30% de las exportaciones y 60% de la inversión industrial, además de manejar 87% de los depósitos bancarios, 81% de los créditos y el 100% de las empresas privadas dependerían del crédito de los bancos del gobierno 5.

Las nuevas empresas nacionalizadas enfrentaron por lo menos dos grandes problemas; a) problemas de gestión y b) problemas de financiación. En cuanto a los problemas de gestión, Mitterrand despidió a todos los directores y consejos de administración de las empresas y encontrar nuevos directores entre sus aliados socialistas, los que veían sus cargos en las empresas como trampolines políticos y como cuotas de grupos, mas que como una tarea gerencial. Adicionalmente, el ministro de Industria tomaba decisiones y hacia reestructuraciones sin avisarle a los directores y sin criterios de productividad y finalmente la ley impedía que hicieran compras o ventas de unidades de negocio (muy común en la iniciativa privada) y eso impedía una gerencia eficaz 6.

Por otro lado, la financiación se complicaba porque a finales de 1982 casi todas las empresas nacionalizadas estaban en números rojos (incluyendo muchos bancos) y el gobierno (con recursos presupuestales) les dotaba del capital que necesitaba aumentando el déficit público. Entre la empresa Sacilor, Usinor (acero) y Renault (coches) acumulaban perdidas de mas de 75 mmdf y el gobierno les dotó de 45 mmdf para sostenerlas 7.  

Durante el periodo “estatista” (1981-85) la economía creció 1.2% frente al 3.3% de 1976 a 1980, el desempleo subió 8.8% frente al 5.4, la inflación se mantuvo alta en 9.4 frente al 10.5 (debido a los altos precios del petróleo de los años 70) y el déficit fiscal 3.0 frente al 0.7 anterior (8). 

El proyecto “estatista” fue un rotundo fracaso que le costo las elecciones legislativas al Partido Socialista y Mitterrand decidió abandonar el proyecto, apenas en marzo de 1983, un año después de aprobada la Ley de Nacionalizaciones cesó al ministro de Industria y abolió el Ministerio del Plan.

Concebidas para esquivar las leyes del mercado mundial, el fracaso del estatismo permitió que la izquierda entendiera el valor de las empresas y rompió “con un socialismo trasnochado” Mitterrand entendió “…unos meses mas tarde que se había equivocado para que abandonara, de golpe, la teología nacionalizadora del Partido Socialista.”(9)  Los mecanismos del desarrollo serían otros.

Para las elecciones legislativas de marzo de 1986, el Partido Socialista perdió las elecciones y Mitterrand tuvo que aceptar la “cohabitación” es decir que el presidente Socialista debía nombrar a un primer ministro Liberal miembro de la coalición opositora que había ganado.

El nuevo primer ministro liberal Jacques Chirac logró la aprobación de la Ley de Privatizaciones (publicada apenas en julio de 1986) que regresaba a la iniciativa privada (vía venta de acciones en la bolsa) 65 grandes conglomerados empresariales, en total como 1,454 empresas. Esto permitió que mas de 3 millones de franceses fueran accionistas de esas empresas (muchos de ellos sus trabajadores) y que Mitterrand entendiera que no era una ruptura con el socialismo sino con “el anacronismo” 10.

Mitterrand y los socialistas (antes de las privatizaciones) creían que las empresas estatales pueden esquivar las leyes del mercado, que sin la ambición de la renta capitalista podían dirigir el rumbo de la economía a través de las grandes empresas del Estado sin embargo, los socialistas franceses de hace cuarenta años (que duraron 14 años en el gobierno) observaron como los impuestos de los franceses estaban financiado los números rojos de aquellas empresas y bancos y no los beneficios sociales que prometieron a sus electores. Los déficits crecieron, la economía se estancó y la inflación amenazó con diluir los salarios y los ahorros de los franceses.

Quizás los más grave es que la economía francesa se estaba volviendo obsoleta y era necesario un enorme esfuerzo para modernizarla. Por ello, tuvieron la osadía de cambiar, de encontrar nuevos métodos para lograr los fines de un socialismo democrático y no volver la vista atrás.

AMLO: Morir antes que Modernizar

En estos días se discutirá la reforma eléctrica propuesta por AMLO, su objetivo es “estatizar” de nuevo la generación de energía eléctrica bajo la premisa de que la CFE podrá esquivar las leyes del mercado y generar electricidad a precios bajos, esto permitirá dirigir la economía y controlar a muchas empresas con la herramienta del abasto de electricidad.

El resultado será el mismo, enormes déficits, ausencia de inversión y problemas de abastecimiento, una película que los mexicanos de los años ochenta y noventa vieron reiteradamente. ¿Por qué volver a ver una película de la que todo mundo conoce el trágico final?

AMLO no cree en la ley y por tanto desprecia a los organismos reguladores, la hipótesis central de su política y de su iniciativa es que el Estado (en realidad su gobierno) debe dirigir la economía y a través de las empresas como CFE controlar las imperfecciones del mercado y hasta proteger la soberanía.

¿Por qué vuelven a equiparar soberanía con empresas del Estado? 

A pesar de este tropezón de nostalgia autoritaria y nacionalista que ha convocado entre otros a Trump (EUA), Erdogan(Turquía), Orban(Hungría), Putin (Rusia), Bolsonaro (Brasil), Duterte (filipinas) y AMLO al mismo tiempo, la globalización es decir, el intercambio mundial de bienes y servicios, los sistemas financieros internacionales, el grave deterioro ecológico de todo el planeta, las telecomunicaciones, las redes sociales, la pandemia, la migración, etc., impiden volver a un pasado nacionalista y autárquico que partía de la base de países cerrados al comercio, que sustituían importaciones y gobernaban autoritariamente con la herramienta de las empresas del Estado, la deuda, los déficits fiscales y el argumento desgastado de la soberanía. Eso no existe mas, ni es sostenible.

Después de un viaje a Silicon Valey en 1983, Mitterrand quería que Francia se inspirara en ese lugar de alta tecnología para modernizarse “porque iban con retraso”. Una vez muerto el experimento estatista afirmó: “Francia ha optado por el riego de la modernidad contra el confort de la inmovilidad” 11.

¿Quién se anima a llevar a AMLO a Silicon Valley?

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1 Giesbert, Franz Olivier, Mitterrand El Presidente. Pp. 231Biografías Espasa 1991

 2 Lenin, Vladimir I. La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky https://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/lenin_renegado_kautsky.pdf

  3 Tiersky, Ronald, Francois Mitterrand, The Last French President. St. Martin´s Press 2000.

  4 Op. Cit. 1 pp. 230.

 5 Op. Cit 2 pp. 143

 6 Rodríguez Ondarza, José A. y Rubio Guerrero, Juan J. El Proceso de Privatización en Francia y en el Reino Unido, Papeles de Economía Española no. 38, 1989 pp.434.

  7 Op. Cit 5

  8 Op. Cit 5

  9 Op. Cit. 1

  10 OP. Cit 5

  11 Op. Cit. 1

 

 

Elegir y Revocar a los Fiscales

Por Bernardo León

@bernardomariale

 

Fiscales electos popularmente 

 

El 10 de septiembre de 1832 los 48 delegados a la Convención Constitucional del estado norteamericano de Mississippi se reunieron en el pequeño pueblo de Jackson (hoy su capital) para hacer una nueva constitución estatal^[1]. 

 

El mandato de la Convención era muy puntual, ampliar el control democrático del gobierno. Para ello se hicieron dos propuestas fundamentales; a) que todos hombres blancos pudieran votar (antes sólo los que tuvieran propiedades o pagaran impuestos); y b) que los jueces, los fiscales regionales (ministerios públicos) y los fiscales estatales, así como otros cargos públicos estatales y municipales fueran de elección popular (no por designación).

 

A principios del siglo XIX los fiscales regionales en Estados Unidos eran funcionarios judiciales que representaban al gobierno en asuntos penales y civiles, sin embargo, con el tiempo fueron tomando importancia sobre todo porque decidían, de manera discrecional, si se formulaba una acusación o no contra una persona. Esta facultad sobre la acusación los obligó casi de manera natural a trabajar con las policías (recién creadas) y a ser considerados más parte del poder ejecutivo que del judicial.

 

La cuestión de fondo es que los fiscales regionales además del enorme poder que fueron adquiriendo, eran nombrados por las legislaturas estatales (uno por distrito judicial) con base en cuotas derivadas de las negociaciones políticas entre los partidos; el llamado “patronazgo” que era el reparto de cargos públicos entre amigos, socios, compadres o familiares de los diputados locales y de los partidos.

 

Este sistema provocaba muchas injusticias e impedía que los ciudadanos se sintieran representados por sus fiscales porque respondían a quien los nombró y no a quienes debía representar (víctimas y ciudadanos) y no sentían que se hacía justicia.

 

Por ello, en la nueva Constitución Estatal de Mississippi se tomó la decisión de que los fiscales fueran electos por el pueblo, uno por cada condado o distrito, para asegurar que los representaran en los tribunales o que les fuera revocado el cargo. Lo mismo hicieron con el Fiscal General del Estado que también es electo.

 

Estados Unidos es el único país del mundo donde de los 2,341^[2] fiscales de distrito y los fiscales generales de los estados son electos por voto popular y a partir de que Mississippi decidió que fueran electos y al día de hoy solamente tres estados (Alaska, Connecticut y Nueva Jersey) no eligen a sus fiscales (estatal y de distrito) sino que son designados por el gobernador y aprobados por la legislatura estatal.

 

Es importante mencionar que a nivel federal el Fiscal General de la República y los fiscales federales de distrito (93) son designados por el Presidente y aprobados por el Senado. 

 

Crisis y Reforma de la Justicia Penal

Entre 1960 y 1990 Estados Unidos vivió una fuerte crisis de seguridad representada por el incremento de las tasas de homicidios de 4 hasta 11 por cada 100 mil habitantes^[3]. Durante esos años las políticas fueron muy duras con los criminales y el número de personas en prisión se cuadruplicó desde 1970. La población privada de la libertad en Estados Unidos es de 2.2 millones de personas^[4], por mucho la más grande del mundo.

 

Ahora la tasa de homicidios es mucho menor (5 por cada 100 mil habitantes)^[5] y en la mayoría de las ciudades la criminalidad está bajo control (con sus excepciones), pero esto ha permitido hacer una revisión de las políticas que se han implementado y los efectos que han tenido en la sociedad.

 

Una ONG dedicada a revisar las políticas de prisión encontró que el 74%^[6] de las personas que están en prisión no están sentenciadas y siguen detenidas porque no pueden pagar una fianza, medio millón de personas están en prisión por crímenes no violentos^[7] y el 45% de los presos son negros, aunque sólo representan el 13% de la población^[8].

 

Fiscales Electos y Reforma al Sistema de Justicia

 

Estos datos aunados a los abusos documentados de algunas policías contra la población negra y latina han generado un movimiento muy grande para reformar el Sistema de Justicia Penal. Lo interesante del caso es que el primer frente de batalla para la Reforma al Sistema de Justicia Penal se ha centrado en la elección de los fiscales de distrito. La idea es que puedan llevar a cabo las reformas como reducir el encarcelamiento de delitos menores, reducir las fianzas, centrarse en los delitos mas violentos, no pedir la pena de muerte y tener un acercamiento a las drogas mas centrado en la salud pública que en el delito.

 

El Movimiento de Fiscales Progresistas no es una organización sino un movimiento de personas que buscan ser elegidas o ayudar a elegir a los que le llaman “fiscales progresistas” que con sus facultades (básicamente dirigir las investigaciones de la policía, acusar a los probables responsables, litigar el juicio y solicitar las penas) apliquen estas políticas y así reformen el sistema penal.

 

Otros miembros del movimiento – como el Marshall Project ^[9]– concientizan sobre la necesidad de la reforma a través del periodismo de investigación. La clave del movimiento, sin duda, es que los fiscales de distrito son electos (normalmente cada 4 años) y eso permite que estos grupos promuevan su agenda a través de candidatos que han ido ganando en diferentes distritos el cargo de fiscales y han ido aplicando estas políticas.

 

Los fiscales progresistas han ido ganando fiscalías de distrito en diferentes ciudades grandes como San Francisco, Los Ángeles, Filadelfia, Chicago, Boston, pero también en ciudades más pequeñas como Portsmouth en Virginia o San Luis Missouri. Sin embargo, a pesar de su aparente necesidad y lógica de implantar la reforma no ha sido fácil^[10].

 

Revocar al Fiscal: el Caso Chesa Boudin

 

Chesa Boudin es un abogado de 41 años que en 2019 ganó la elección para fiscal de distrito de San Francisco bajo la agenda de los fiscales progresistas^[11]. Su caso es paradigmático porque está considerado como uno de los fiscales progresistas más radicales, porque sus padres ambos estuvieron en prisión (su padre sigue en prisión) y tuvo que ser criado por padres adoptivos, pero sobre todo porque 83,000 ciudadanos de San Francisco han pedido la revocación de su mandato porque afirman que sus políticas de suavidad con el crimen, desencarcelamiento, etc., están aumentando la reincidencia y la criminalidad en la ciudad.

 

Uno caso que ponen como ejemplo sus detractores es el de Troy McAlister es un afroamericano de 45 años que – bajo las políticas de desencarcelamiento de Boudin – se le había otorgado la libertad condicional después de haber sido sentenciado por robo. Pero una vez que estuvo afuera la policía de San Francisco lo acusa de haber robado en una casa y en la prisa de escapar con un coche robado atropelló y mató a dos mujeres en un distrito turístico de San Francisco.

 

Boudin alega que de las personas que han liberado porque el delito que cometieron no ameritaba sentencias tan largas, muy pocas han reincidido y que sus detractores sólo se están fijando en los pocos casos en que si ha habido reincidencia.

 

Mas allá de la discusión de fondo, lo que es muy interesante es el hecho de que los fiscales pueden ser electos y revocados y que esto permite a los ciudadanos y a los medios, una discusión cercana, local y efectiva sobre la actuación y el desempeño del sistema de justicia y también permite ratificar o revocar al fiscal de la ciudad.

 

En un sistema donde los fiscales estatales son designados (ya sea por el gobernador o el congreso o por ambos) por periodos muy largos de tiempo y estos a su vez eligen y remueven a los fiscales de distrito (regionales) discrecionalmente, esta discusión y esta dialéctica de cambio y reforma es imposible.

 

¿Cómo revocamos a Gertz o a Ernestina Godoy? ¿Cómo hacemos para que el fiscal regional de nuestra ciudad o región nos responda a nosotros más que a su jefe que lo nombró? ¿Cómo discutimos la reforma y el desempeño del funcionario mas poderoso del sistema de justicia que es el fiscal desde la ciudad o el municipio?

 

Da la impresión que en México los ciudadanos somos unos simples espectadores y víctimas del sistema de justicia penal que no tenemos ninguna oportunidad de influir en mejorar su reforma o desempeño porque los fiscales no le deben el puesto a la ciudadanía ni tienen un compromiso con ella, sino que se lo deben a su jefe y con éste son sus lealtades.

 

Seguiremos discutiendo.

 

 

 

 

^[1] Ellis, Michael J. The Origins of the Elected Prosecutor, The Yale Law journal. 121: 1528 2012 Drake, Winbourne Magruder. “The Mississippi Constitutional Convention of 1832.” The Journal of Southern History, vol. 23, no. 3, Southern Historical Association, 1957, pp. 354–70, https://doi.org/10.2307/2954885.

^[2] https://www.cga.ct.gov/2003/rpt/2003-R-0231.htm

^[3] https://nap.nationalacademies.org/catalog/18613/the-growth-of-incarceration-in-the-united-states-exploring-causes

^[4] https://www.nbcnews.com/news/us-news/progressive-prosecutors-conservative-pushback-rcna14467 Prision Policy Iniciative.

^[5] https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2019/crime-in-the-u.s.-2019/tables/table-16

^[6] Op. Cit 4

^[7] Op. Cit 4

^[8] Op. Cit 4

^[9] https://www.themarshallproject.org/?ref=nav

^[10] https://www.theguardian.com/us-news/2019/jul/23/us-justice-system-progressive-prosecutors-mass-incarceration-death-penalty

^[11] https://www.nytimes.com/interactive/2022/03/01/magazine/chesa-boudin-interview.html?searchResultPosition=2

Potencias Hegemónicas o Derecho Internacional: Una Oportunidad para el Derecho Internacional (Cuarta y última parte)

Por Bernardo León
@bernardomariale

“¿Existe algo que honestamente se pueda denominar sociedad civil internacional? Sí. ¿Crece y evoluciona? Sí. Pero sigue habiendo un problema. Nuestro mundo material, social y científico cambia ante nuestros propios ojos, y habrá cambiado mucho mas cuando nuestros hijos y nietos alcancen la madurez; pero los principales instrumentos para comprender estas transformaciones siguen siendo todavía las estructuras de estados-nación que tan familiares nos resultan, aunque sean palpablemente inadecuadas para las tareas que se avecinan.”

Paul Kennedy 

Una Oportunidad para el Derecho Internacional

¿Qué mecanismo de defensa tiene un ciudadano gobernado por una dictadura y un régimen autoritario?

El 24 de octubre de 1648 las principales potencias europeas firmaron en la sala del ayuntamiento de Münster una ciudad al oeste de Alemania, el Tratado de Westfalia que puso fin a las guerras religiosas y territoriales (la guerra de 30 años y la guerra de 80 años), pero sobre todo colocó a los estados-nación como el eje del poder mundial (Morgenthau:1948) .

Desde entonces, el derecho internacional se ha entendido y aplicado como un derecho entre estados-nación y la mucha o poca efectividad que tenga depende casi siempre de la voluntad de los gobiernos de cada país por cumplir y aplicar sus preceptos. Hasta ahora no hay una organización supranacional que someta a los estados-nación a la ley internacional. 

A veces con el apoyo de las grandes potencias se hace cumplir el derecho internacional como en el caso de la invasión de Irak a Kuwait o la guerra en la antigua Yugoslavia, pero someter a los países mas poderosos a la ley internacional es casi imposible. Dicho de otra manera, con ciertos matices, muchas de las relaciones internacionales se rigen todavía por la ley del más fuerte y por el equilibrio de poder entre estados-nación particularmente el equilibrio del armamento nuclear.

Frente a esta realidad no debería sorprendernos la invasión a Ucrania por parte de Rusia. 

Ni siquiera la disuasión nuclear tiene un impacto importante para detener la invasión Rusia a Ucrania, el 11 de marzo de 2022 ante la presión internacional para que Estados Unidos intervenga a favor de Ucrania el presidente Biden señaló que Estados Unidos no podía intervenir directamente en Ucrania contra la invasión rusa porque eso nos llevaría a la tercera guerra mundial, por lo que tampoco es una opción.

Por lo tanto, lo que queda son las sanciones económicas a Rusia que pueden tener efectos limitados (véase el caso de Cuba o Venezuela) y el apoyo en equipamiento militar a Ucrania que pueden tener un efecto de contención que también puede ser limitado. La expectativa es crearle una crisis económica y social a Putin que provoque un levantamiento donde los propios rusos derroquen a Putin que lleva mas de 20 años en el poder.

En ambos casos, los escenarios no son prometedores. Si Ucrania no logra resistir ni con el apoyo no-militar de la OTAN, el fin de Ucrania como país independiente se vuelve posible y las consecuencias de un triunfo ruso pueden generar incentivos de mayor expansión para Putin y cumplir su sueño de regresar a un mundo de esferas de influencia de tres potencias hegemónicas. Si Ucrania logra resistir es posible que se convierta en una guerra larga que dejará en ruinas a ese país y si por error o cualquier otra causa se comprometen intereses de la OTAN las consecuencias, como dijo el presidente Biden, son impensables.

¿Qué opciones quedan?

El nuevo Juramento de la Cancha de Tenis

Cuando Luis XVI convocó a los Estados Generales (La nobleza, el clero y la burguesía) estableció que cada estamento tendría un voto de tal manera que si el clero y la nobleza votaban en conjunto (para imponer nuevos impuestos) la burguesía (el tercer estado) tendría que asumir las consecuencias. La cuestión era que frente a un clero y nobleza quebrados y de pocos miembros, la burguesía (mucho mas numerosa y rica) tendría que pagar para sostener al régimen. Por ello, en junio de 1789, los representantes del tercer estado (a los que se unieron la mayoría de los clérigos y algunos nobles) decidieron asumir la soberanía y se autoproclamaron Asamblea Nacional donde cada diputado tendría un voto.

Así eliminaron los estamentos, asumieron la soberanía y la representación del pueblo por lo que cualquier ley o impuesto debía contar con su aprobación. Ante la amenaza de que los dispersaran, el 20 de junio de 1789 se reunieron en la cancha de tenis techada de Luis XVI y juraron mantenerse unidos hasta que le dieran a Francia una constitución. La soberanía pasó en este proceso del Rey a la Asamblea Nacional.

En su libro El Parlamento de la Humanidad, Paul Kennedy observa que el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas empieza diciendo: “Nosotros los Pueblos de las Naciones Unidas…” poniendo por encima de los estados-nación a “los pueblos” sin embargo, también hace notar que algunos párrafos mas adelante todo cambia para decir que los pueblos ahí están representados por sus gobiernos, en sus palabras:

“Por consiguiente, mientras que los primeros párrafos del texto de la Carta son una proclamación asombrosamente audaz e idealista del esfuerzo humano, al cabo de unas pocas páginas se afirma constantemente que los estados y los gobiernos son los únicos actores importantes.”   

Con base en ello se creó la Asamblea General donde están representados 193 de los 195 estados-nación que hay en el mundo. Sin embargo, habría que añadir que muchos de esos gobiernos no son democráticos así que no representan materialmente a sus pueblos. Y hay un agravante adicional, la Asamblea General tiene facultades muy acotadas para “legislar” en materia internacional, en realidad el poder está en el Consejo de Seguridad que tiene apenas 15 miembros y todavía mas restringido, en los cinco que son miembros permanentes con derecho de veto.

Aunque se ha propuesto en diferentes ocasiones la creación de un “Parlamento Mundial” de 600 miembros que represente cada uno a 10 millones de electores en el mundo  (mas allá de su nacionalidad) implican tantas complicaciones que tienen pocas probabilidades de llevarse acabo.

Sin embargo, no todo está perdido, Paul Kennedy argumenta que hay esperanza en las fuerzas emergentes no-estatales que cada vez influyen mas en el orden internacional como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las iglesias, las fundaciones internacionales, los medios internacionales de comunicación, etc., que en mas de un sentido representan a la sociedad civil internacional y que cada vez juegan un papel mas protagónico tanto en la protección de los derechos humanos como en otras muchas causas que superan las fronteras nacionales.

Por ello, la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) y el papel coadyuvante que juegan las ONG para denunciar, apoyar investigaciones y ofrecer pruebas es un paso en esa dirección, pero también el hecho de que muchos ciudadanos rusos están en contra de la invasión y eventualmente – si Putin cae – sea procesado ante la CPI y su sentencia y la presión internacional se convierta en una medida disuasiva que le de un valor renovado al derecho internacional y transforme las relaciones internacionales de las “esferas de influencia de las potencias hegemónicas” a uno donde el derecho internacional (como disuasión real) resuelva los conflictos internacionales, modere las ambiciones de los dictadores y efectivamente promueva la democracia.

Hannah Arendt en su libro “Sobre las Revoluciones” escribió: “…se ha convertido en rutina señalar que el fin de una guerra es la revolución y la única causa que podría justificarla es la revolucionaria causa de la libertad.”  

Ese podría ser el Nuevo Juramento de la Cancha de Tenis.

 

Potencias Hegemónicas o Derecho Internacional (Tercera Parte)

Por Bernardo León
@bernardomariale

En efecto, lo que se dice a la potencia imperialista es “hasta este punto y nada mas”, con la consiguiente advertencia de que un paso mas allá de ese punto implicaría una virtual seguridad de guerra.

Hans Morgenthau

Estados Unidos: ¿Disuasión o Apaciguamiento?

John Maynard Keynes fue asesor de la Secretaría de Hacienda del Reino Unido en la Conferencia de Paz de París y en el Consejo Supremo Económico en 1919. Ambos foros fueron convocados para determinar el futuro de la economía europea después de la I Guerra Mundial, sin embargo, Keynes renunció a esos encargos el 7 de junio de ese año cuando no pudo impedir que se firmaran los tratados de paz con Alemania, que en su opinión provocarían una crisis económica en Europa y una nueva guerra (como efectivamente sucedió).

Su crítica a los tratados de paz los publicó en el libro “las Consecuencias Económicas de la Paz” donde demostraba que la economía mas fuerte de Europa era la alemana y que en más de un sentido el bienestar del viejo continente dependía de la fortaleza de esa economía. 

Alemania era el principal socio comercial y proveedor de casi todas las economías europeas (incluyendo Gran Bretaña), pero, el ánimo de venganza de las potencias vencedoras obligaba a Alemania – de acuerdo con el tratado - a desmantelar una parte importante de su industria y a pagar enormes reparaciones de guerra tanto en dinero como en especie.

Keynes argumentaba que el desmantelamiento de su capacidad económica y los pagos generarían pobreza, una enorme inflación y pronosticaba que los alemanes seguirían a los líderes y las ideas que por ilusión, esperanza o venganza se levantarán contra la irracionalidad del tratado. El fascismo y la Segunda Guerra Mundial tristemente le dieron la razón.

Oppositum facto, cuando entre 1989 y 1991 cayó el régimen soviético, tanto Rusia como las nuevas repúblicas independientes (Ucrania, Bielorrusia, las repúblicas bálticas, etc.) y los antiguos satélites soviéticos, no sólo no tuvieron que pagar reparaciones de guerra, sino que al abandonar el comunismo y convertirse en democracias, se abrieron a la economía de mercado, algunos se incorporaron a la Unión Europea y recibieron inversiones, transferencias monetarias, tecnológicas, educativas, etc., que les permitieron aumentar su riqueza y mejorar el nivel de vida de su población.

El triunfo de Estados Unidos en la Guerra Fría lo dejó como la única potencia hegemónica en el planeta (China todavía no estaba en ese estatus) y una de las cosas para las que usó ese poder fue para hacer el papel de policía del mundo en ocasiones legítimamente y en otras violando la legalidad internacional. 

En 1991-92 intervino a la cabeza de una coalición internacional para revertir la invasión de Irak en Kuwait, el presidente Bush (padre) argumentaba que dejar que Sadam Hussein invadiera Kuwait impunemente equivalía al “apaciguamiento” que Gran Bretaña y Francia dispensaron a Hitler cuando se anexó Austria e invadió Checoslovaquia y si no “disuadía” a Hussein de salir de Kuwait entonces podría invadir Arabia Saudita y controlar así el mercado petrolero mundial y provocar otra guerra.

Bajo esta premisa el respaldo de la Resolución 678 del Consejo de Seguridad (CS) – aprobado por 12 votos (incluyendo Rusia) 2 en contra (Cuba y Yemen) y la abstención de China – intervino a la cabeza de una coalición internacional que por la fuerza expulsó al ejército iraquí de Kuwait.

Entre 1991y 1999 su participación fue fundamental para detener las masacres y la “limpieza étnica” que hubo en Bosnia Herzegovina y crear el tribunal internacional que juzgó los crímenes en la antigua Yugoslavia y luego detener las masacres en Kosovo, la primera y la segunda con autorización del CS y la tercera sin dicha autorización ya que Rusia (donde Putin empezaba a ser protagonista) y China amenazaron con vetar cualquier resolución que favoreciera una intervención armada. 

De cualquier manera, la OTAN intervino (bajo la premisa de una intervención humanitaria) lo que permitió concluir la guerra, generar acuerdos de paz y juzgar y sentenciar a muchos de los criminales de guerra. Sin embargo, con la llegada de Putin al poder (primero como director de la CIA Rusa en 1998, luego como primer ministro desde agosto de 1999 y como presidente desde enero del 2000), los votos y los vetos de Rusia en el CS empezaron cuestionar el papel de potencia hegemónica de Estados Unidos.

Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York permitieron que el CS aprobara por unanimidad su condena al terrorismo y la Resolución 1368 en su punto 5 señalaba que el CS:

“5. Expresa que está dispuesto a tomar todas las medidas que sean necesarias para responder a los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 y para combatir el terrorismo en todas sus formas, con arreglo a las funciones que le incumben en virtud de la Carta de las Naciones Unidas;

Como respuesta a los atentados y con las resoluciones del CS, el 7 de octubre de 2001 Estados Unidos y sus aliados empezaron la invasión a Afganistán (Operación Libertad Duradera) y el 17 de diciembre derrocaron a los talibanes. Rusia apoyó dicha invasión, sin embargo, Estados Unidos decidió permanecer en Afganistán hasta 2021 lo que superaba con mucho las resoluciones del CS y la legalidad internacional.

Adicionalmente, el gobierno de Estados Unidos amplió su guerra contra el terrorismo a Irak señalando que estaba desarrollando armas de destrucción masiva (ADM) químicas y nucleares y que el CS debía autorizar el uso de la fuerza para intervenir en Irak, sin embargo, no encontró consenso en el CS (sobre todo porque no había ninguna prueba de que hubiera ADM´s) y con sus aliados, en franca violación del derecho internacional, invadió Irak, derrocó a Hussein e impuso un nuevo gobierno. Ningún político de esa alianza será juzgado nunca por un tribunal internacional.

Por su parte la Rusia de la década de los noventa (bajo Yeltsin) y la primera década del siglo XXI enfrentó una complicadísima transición de un régimen comunista a uno democrático con una economía de mercado, pero también de ser una superpotencia con gran influencia en todo el mundo a convertirse en un país con gran capacidad bélica y armas nucleares, pero con una mucho menor influencia política y económica.

A partir de llegada de Putin en el 2000, el gobierno ruso poco a poco ha buscado recuperar su poder e influencia interviniendo en diferentes conflictos y políticas de sus antiguos satélites o aliados (Georgia, Chechenia, Siria y por supuesto Ucrania). Al mismo tiempo Putin se ha mantenido en el poder estos 22 años a través del fraude electoral y de la represión a la oposición y el homicidio a líderes opositores. 

Sin embargo, la reacción de Estados Unidos ha sido de “apaciguamiento” a diferencia de Irak o de los países de la antigua Yugoslavia, Estados Unidos fue complaciente con Putin y ha pasado por alto su dictadura y su intervención en Siria, en la elección de Estados Unidos, y sobre todo la invasión de Crimea (Ucrania) en 2014 que no pasó de algunas sanciones con efectos menores. 

Con estos antecedentes Rusia se sintió segura de invadir Ucrania sin la expectativa de mayores represalias por parte de Estados Unidos y de sus aliados. Su sueño de regresar a un mundo de esferas de influencia en detrimento del derecho internacional se empezó a materializar.

Quizá la pregunta más importante en este momento es, si frente a la amenaza nuclear que poseen las potencias nucleares, especialmente Rusia ¿es posible la “disuasión” militar a Putin? ¿Sería el inicio de una confrontación nuclear? ¿Existe alguna manera de que el derecho Internacional supere el poder de unos cuantos políticos que amenazan la paz mundial y los someta a la justicia? ¿El hecho de que los políticos (particularmente los dictadores) pudiesen ser sometidos a la Corte Penal Internacional sería la verdadera disuasión contra la guerra?

Siguiente entrega y última: Una Oportunidad para el Derecho Internacional

 

Potencias Hegemónicas o Derecho Internacional: El Fin de la Doctrina Brezhnev (Segunda Parte)

Por Bernardo León
@bernardomariale

Pero la cuestión de fondo es que hoy en día evitar la guerra no es solo el objetivo de las políticas globales, sino que también se ha convertido en el principio que guía los preparativos militares. En otras palabras, los militares ya no se están preparando para una guerra que los políticos esperan que nunca inicie; su único objetivo se ha convertido en desarrollar armamento que haga la guerra imposible.

Hannah Arendt  

¿El Fin de la Doctrina Brezhnev?

En sus memorias Mijaíl Gorbachov recuerda que apenas un día después de ser electo como Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética (11 de marzo de 1985) se reunió con sus homólogos del resto de los países comunistas como Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría, Polonia, Rumania, Bulgaria,  etc., y les dijo que la nueva administración soviética era partidaria de “respetar la soberanía y la independencia de cada país” y añadió que eso significaba que de ahí en adelante “cada partido asumía la responsabilidad total por la situación en su país.” 

Esta declaración en la práctica (según las propias palabras de Gorbachov) “significaba, en realidad, un cambio en nuestras relaciones y el abandono de la doctrina Brezhnev” que limitaba la soberanía de los países satélites de la Unión Soviética.

Como se sabe, durante la Guerra Fría (1947-1991) dos potencias hegemónicas dominaban las relaciones internacionales en el mundo, por un lado, la Unión Soviética y por el otro Estados Unidos. Ambas potencias tenían esferas de control e influencia en diferentes países, la Unión Soviética (integrada por 15 repúblicas socialistas) controlaba varios países del centro y este de Europa, así como Cuba, Vietnam y Mongolia a través de esta “Doctrina Brezhnev” que establecía básicamente que la Unión Soviética era el garante del socialismo y que impediría que cualquier país socialista pudiera volver al capitalismo o saliera de su esfera de influencia.

Esta doctrina le otorgaba una “soberanía limitada” a esos países ya que no solo no podían salir de la esfera de influencia de la Unión Soviética, sino que debían mantener como forma de gobierno el comunismo. Es importante señalar que en el sistema comunista el poder político giraba exclusivamente en torno al Partido Comunista – que era partido único – por ello era mucho más importante ser secretario general del partido comunista que presidente de esos países.

El fin de la doctrina Brezhnev, también marcó el inicio del fin de la Guerra Fría y de la Unión Soviética porque en los siguientes seis años la mayoría de esos países recuperarían su soberanía, abandonarían el comunismo y desaparecería la Unión Soviética transformándose en 15 países independientes (entre ellos Ucrania). Ninguno mantendría el sistema comunista.

Por su parte, los países alineados con Estados Unidos iban desde las democracias liberales de Europa occidental hasta las dictaduras militares de América Latina o la España de Franco. La hegemonía de Estados Unidos, forzando un poco el argumento, podría decirse que se manifestaba en la llamada Doctrina Truman que implicaba ayuda militar y política (e intervención me permito añadir) con el fin de evitar la expansión del comunismo y del poder de la Unión Soviética. 

Había sin duda un tercer bloque de países (como China o la India) que al menos formalmente no estaban alineados con ninguna de las potencias hegemónicas y que buscaban mayor independencia y autonomía, aunque muchos de ellos en realidad la estabilidad de sus gobiernos dependía de alguna de las potencias.

Este mundo básicamente bipolar derivado del resultado de la II Guerra Mundial, se materializó en dos hechos fundamentales; 

a) la expedición de la Carta de las Naciones Unidas, pero sobre todo en su artículo 23 que crea el Consejo de Seguridad (CS) y sus cinco miembros permanentes (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) pero sobre todo el 27.3 que establece que en las decisiones más importantes del CS tienen que concurrir los votos de estos miembros permanentes, lo que en la práctica les otorga derecho de veto; y

b) El desarrollo de las armas nucleares que cambió para siempre la ecuación de la guerra y la paz en el mundo como lo señaló Hannah Arendt.

Durante la Guerra Fría el equilibrio de poder entre la Unión Soviética y Estados Unidos generaba conflictos en diversas partes del mundo (Corea, Vietnam, Cuba, etc.) pero la amenaza de una confrontación nuclear impedía una guerra abierta entre ambas potencias y mantenía la paz en otras partes del mundo. Sin embargo, los equilibrios y la paz que pudo haber en esa época no dependían de la observancia del derecho internacional sino de los equilibrios que generaban ambas potencias hegemónicas.

Cuando entre 1989 y 1991 cayó el régimen soviético (con todo y Doctrina Brezhnev) pero Rusia que sucedió a la Unión Soviética como potencia nuclear y miembro permanente del CS, sabe que la guerra nuclear es imposible y Vladimir Putin (después de 20 años en le poder) sabe que puede intentar revivir la doctrina Brezhnev sobre sus antiguos países satélites como se observa en la invasión a Ucrania.

¿Cómo fue posible que Putin invadiera Ucrania? ¿Por qué Estados Unidos y Europa fueron tan complaciente con Putin los últimos 20 años? ¿Existe alguna posibilidad de evitar un nuevo orden mundial basado en “esferas de influencia de potencias hegemónicas” y darle fuerza al derecho internacional?

Siguiente entrega: Estados Unidos: ¿Disuasión o Apaciguamiento?

 

Potencias Hegemónicas o Derecho Internacional (Primera Parte)

Por Bernardo León-Olea

@bernardomariale

El 3 de marzo de 2022 de manera atípicamente rápida, el procurador de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, a solicitud de 39 países (la mayoría europeos) inició una investigación por posibles crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en Ucrania.                                                                 

Aunque no mencionó específicamente a Rusia, el Estatuto de la CPI establece que no solo puede procesar a quienes probablemente cometieron esos delitos sino también a quienes los ordenaron, lo que en teoría permitiría imputarle directamente a Vladimir Putin alguno de esos delitos.                                                    

El 7 de marzo Ucrania le pidió a la Corte Internacional de Justicia (tribunal superior de las Naciones Unidas) que le ordenará a Rusia detener su violenta invasión en dicho país. 

El 16 de marzo de 2022 la Corte Internacional de Justicia (tribunal superior de las Naciones Unidas) con el voto de 13 jueces a favor y 2 en contra, ordenó a Rusia un cese inmediato de sus operaciones militares en Ucrania. Los votos en contra fueron de los jueces de Rusia y de China.

En su nota en el New York Times la corresponsal Marlise Simons escribió: “El fallo, aunque es legalmente obligatorio, nadie espera que tenga un impacto en la guerra. Moscú no cumplirá y con su ausencia ha boicoteado la primera audiencia del caso.”

Aunque el presidente de Ucrania festejó el fallo de la Corte como “una victoria total” No parece que haya un poder que de manera coercitiva obligue a Rusia a cumplir. Sin embargo, el fallo de la Corte Internacional de Justicia tendrá un valor moral y diplomático que seguirá aislando a Rusia lo cual tendrá efectos negativos en su economía y en su gobierno.

No obstante, el problema de fondo subsistirá, es decir, ¿Cómo someter a los países (fuertes y débiles) al derecho internacional y así resolver los conflictos entre naciones y comunidades a través de la ley internacional y no a través de la guerra?

El problema eterno del derecho internacional y en particular del derecho internacional público es su incapacidad para poner a todos los estados nacionales (poderosos y débiles) en igualdad ante la ley. 

Sin embargo, en estas semanas en las que Rusia ha invadido sin provocación, ni mucho menos agresión alguna a Ucrania, hemos visto un fenómeno emergente que puede cambiar la ecuación. 

Una parte de la sociedad civil Rusa y de muchas partes del mundo ha salido a manifestarse contra la guerra, los cosmonautas rusos se han vestido con los colores de Ucrania y frente a los graves problemas que enfrenta la humanidad como el calentamiento global, la injusticia, la constante violación de los derechos humanos y la polarización entre extremos políticos, la sociedad se pregunta ¿Qué tienen que ver los obsoletos intereses de un dictador con las soluciones que requiere el mundo en este momento?

La protesta no se parece a los intentos del socialismo de Jean Jaures en 1914 para impedir la I Guerra Mundial alegando que era una “guerra burguesa” y que el proletariado internacional debía unirse contra ese conflicto. Esta vez es una protesta espontánea no ideológica que tal vez está entendiendo que los estados nacionales y los dictadores tienen intereses contrarios a los problemas de la población y que es hora de cambiar de sistema. 

¿Cómo una sola persona puede decidir el destino de millones de personas? ¿cómo podemos impedir que los estados nacionales cuando estén gobernados por un dictador trastoquen el orden internacional y provoquen miles de muertes impunemente?

Quizás y sólo quizás el conflicto que ha detonado Rusia invadiendo Ucrania y los dilemas que implica para Estados Unidos, China y Europa (y de manera marginal América Latina) puedan detonar una transformación de las relaciones internacionales para transitar del orden mundial basado en el equilibrio entre potencias hegemónicas a un orden mundial basado en el derecho. Quizás…

Siguiente entrega ¿El Fin de la Doctrina Brezhnev?

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero

Por Bernardo León
@bernardomariale

En 1974 durante la investigación del famoso caso “Watergate” – que desembocó en la renuncia del Presidente de Estados Unidos Richard Nixon – tanto la fiscalía especial como la Comisión de Valores de aquel país, revelaron un problema endémico en muchas empresas transnacionales estadounidenses; básicamente el hecho de que tenían “fondos para sobornos” que utilizaban para corromper políticos y funcionarios no sólo norteamericanos sino fundamentalmente de otros países. 

Las pesquisas demostraron que más de 400 empresas habían gastado por lo menos 300 millones de dólares (1,200 millones actuales) para sobornar – en dinero o en especie – a funcionarios extranjeros para que les entregaran contratos, privilegios o ventajas indebidas que beneficiaban a dichas empresas.

Al interior del Congreso norteamericano surgió la preocupación no sólo de lo poco ético de la práctica, sino del efecto negativo que tendría en el mercado y los negocios el hecho de que empresas obtuvieran contratos millonarios, no por su competitividad o por la excelencia de sus servicios o productos, sino por su capacidad de corromper a funcionarios extranjeros, lo que dañaría la calidad de las empresas estadounidenses.

Con base en los resultados de esa investigación, el Congreso promulgó una ley en 1977 que se denominó “Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero” que le da facultades a la Comisión de Valores y al Departamento de Justicia para investigar y perseguir a funcionarios de empresas y a las propias corporaciones por corromper funcionarios públicos en el extranjero.

Desde 1977 esta Ley ha obligado a compañías corruptas a pagar 20 mil millones de dólares en multas por obtener beneficios a través de sobornos, y ha condenado a empresarios como Joel Esquenazi (ejecutivo de una empresa de telecomunicaciones llamada Terra) a 15 años de prisión, por haber pagado entre 2001 y 2005, casi 1 millón de dólares en sobornos a funcionarios de la empresa estatal de comunicaciones de Haití, a cambio de tarifas mas bajas para sus clientes.

Muchas empresas estadounidenses han sido sancionadas por casos comprobados de sobornos a funcionarios mexicanos, particularmente de PEMEX (https://www.sec.gov/enforce/sec-enforcement-actions-fcpa-cases).

En días pasados una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la agencia Latinus, así como de la periodista Peniley Ramírez en Reforma, reveló que la empresa del ramo petrolero Baker Hughes recibió contratos de Pemex por 194 millones de dólares sin licitación. La cuestión es que Keith Schilling, alto ejecutivo de esa empresa le rentó por mas de dos años su casa en Houston a la esposa del hijo del Presidente López Obrador apenas un mes después de que se firmará el primer contrato con PEMEX en 2019.

Adicionalmente, Carolyn Adams, esposa del hijo del Presidente, trabajó en una empresa denominada Cava Energy, que al parecer es “parte de un fondo fondo financiero especializado en construcción de gasoductos que es proveedora de Petróleos Mexicanos”.

Con base en estas revelaciones y en la famosa Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Senadora Xóchitl Gálvez hizo una denuncia ante la Comisión de Valores y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que en función de esa ley, se haga una investigación que permita conocer si hubo alguna mala práctica o solo han sido una serie de coincidencias desafortunadas.

Sin hacer conclusiones, el asunto es por lo menos sospechoso y los elementos del caso merecen una investigación; no una acusación, ni una sentencia, por lo pronto solo una investigación independiente. 

Dice Xóchitl Gálvez que: “… en Estados Unidos están prácticas si se castigan.” ¿Y en México?