lunes, 9 de noviembre de 2009

Derribar Nuestros Propios Muros

Bernardo María León

El 9 de noviembre de 1989, estaba en la universidad. La noche anterior y en los noticieros de en la mañana me había enterado de la apertura de fronteras entre la Alemania del Este y del Oeste y de que estaban derribando el Muro de Berlín, me sentía eufórico, pensaba que no habría clases y que el rector de la universidad invitaría a los alumnos al patio central para dirigir unas palabras a la comunidad en celebración de ese momento histórico. Me imaginaba en gran fiesta con mis compañeros de la carrera festejando el fin de la guerra fría y la paz. Todos los temores de una guerra nuclear con la que habíamos vivido los de mi generación, como una amenaza latente más o menos real, se estaban disipando, porque además era muy significativo que el Muro de Berlín era derribado, derivado de la Perestroika y la Glasnot que había iniciado Gorvachov en la antigua URSS.

Cuando llegué a la universidad, no pasó nada, la mayoría de los alumnos y profesores no parecían estar enterados de la situación o simplemente no les causaba una emoción especial. El rector no suspendió clases, ni hubo una ceremonia en el patio central de la universidad, ni fiesta con mis compañeros. Un poco decepcionado, entré a mis clases normales y sentí que tal vez en ese México encerrado en si mismo, tendríamos que derribar nuestros propios muros, que nos mantenían aislados del mundo.

México se encontraba en transición (derribando sus propios muros), apenas el año anterior (1988) las elecciones presidenciales habían sido ganadas por Carlos Salinas de Gortari, a través de un espectacular fraude electoral, pero la oposición había conquistado espacios insospechados tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. El 1 de noviembre de 1989 (apenas unos días antes de la Caída del Muro) Ernesto Ruffo Appel había tomado posesión como el primer gobernador emanado de un partido diferente al PRI, en la historia postrevolucionaria y el Presidente Salinas, no obstante su origen electoral, anunciaba reformas a la estructura económica que giraban en torno de la apertura y liberalización de la economía e incipiente y restringidamente de la política.

El despotismo ilustrado de Salinas, permitió que durante su sexenio, México abriera sus puertas al mundo y que su partido se pudiera sostener un sexenio más en el poder. Sin embargo, el costo de ese despotismo regresó a México a sus estadios políticos más primitivos que le costaron la vida a Colosio, a Ruiz Massieu y a algunas otras personas.

Entre 1997 y el año 2000 llegó la Caída de nuestro propio Muro, cuando el sistema Priísta perdió la Presidencia (eje de su sistema político) y aparentemente México pasaba de la etapa de la Transición Democrática a la Instauración Democrática, es decir, a la etapa donde derrotado el viejo régimen, se crean nuevas instituciones adecuadas a un sistema democrático.

Sin embargo, el Presidente Fox, a pesar de la enorme legitimidad de su triunfo y del poder que éste le confería, creyó que (mutatis mutandis) podría ser Felipe González o José María Aznar, sin tener que pasar por Adolfo Suárez, es decir, quería el crecimiento y la expansión económica de México (lo cual era un objetivo noble e importante), pero sin considerar que en ese momento la Instauración de la Democracia (el nuevo sistema político) era el cimiento más fuerte para el futuro de México, por lo que se perdió el tiempo en intentos de reforma fiscal, energética o laboral, que no tuvieron éxito, que mermaron el poder del presidente y que aplazaron indefinidamente la Instauración Democrática. Los Muros a medio derribar.

El sistema político priísta, que era claramente autoritario, se sostenía en la ejecución puntual de tres procesos poco estudiados por los investigadores pero fundamentales para el mantenimiento del sistema, a saber;

a) La no reelección inmediata de legisladores y de alcaldes y la posterior apertura de los espacios plurinominales.

b) La ausencia de un servicio civil de carrera que transformó al sector público en el lugar donde parafraseando a Porfirio Díaz, se hacía “mucha política y poca administración” y;

c) El control ejecutivo del Ministerio Público y por tanto del ejercicio o no de la acción penal mas la eliminación de los juicios por jurado.

Cada uno de estos procesos, hacían evidente las ventajas de pertenecer al sistema, ya que el control del patronazgo (la posibilidad de dar chambas y/o contratos para todos…los cuates) y el control del Ministerio Público garantizaban beneficios económicos e impunidad, lo que abría posibilidades casi ilimitadas a los que se disciplinaban a este sistema.

En efecto, aunque el texto original de la Constitución de 1917 no impedía la reelección inmediata de legisladores, ni de alcaldes (ni de gobernadores), el 29 de abril de 1933, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto que reformaba varios artículos constitucionales, especialmente el 59 y el 115, que impedía que los senadores y diputados federales, así como los diputados locales y los alcaldes, síndicos y regidores de los ayuntamientos fueran reelectos para el periodo inmediato.

La versión oficial del entonces PNR fue que con esa medida se buscaba que muchos ciudadanos alejados hasta entonces de la política, pudieran participar ya que habría un reciclaje total de las cámaras del Congreso, de las legislaturas locales y de los ayuntamientos, sin embargo, al parecer la reforma buscaba, eliminar a los revolucionarios que se habían reelecto en las cámaras, para que el grupo de Plutarco Elías Calles (y luego del Presidente en turno y luego de la burocracia partidaria en turno) las controlara porque como Jefe Máximo nombraría a todos los diputados y senadores cada tres y seis años y por lo mismo TODOS le serían afectos y disciplinados. En voz de uno de los protagonistas de la época, el cacique Gonzalo N. Santos explicaba en sus Memorias (1) la reforma y sus consecuencias:

“Esto es claro, los hijos del general Calles han querido dominar las Cámara de Diputados y nunca han podido… y al prohibir la no reelección en las Cámaras, diputados y senadores van a ser nombrados con el dedo”

Y añadía:

…me opuse a la reforma…argumentando que las carreras políticas se habían hecho en las Cámaras, sobre todo en la de Diputados y que era la única escuela política verdadera que tenía el pueblo y la clase media y cité entre otros ejemplos: a García Vigil, a Mújica, a José Alvarez, a Portes Gil, a Carlos Riva Palacio, a Carillo Puerto, a Luís León y a mí mismo. Dije que si en las Cámaras se les arrebataba el derecho de reelegirse, en lo sucesivo, en lugar de diputados y senadores serían majadas de borregos y que ningún representante tendrían valor de enfrentarse a un poderoso, no digo poderoso solamente como presidente, sino a cualquier ministro, pues sus días como senador o como diputado estarían de antemano contados y que entonces la política nacional vendría a parar en manos de puros universitarios, los que, con honrosas excepciones, nunca se han acercado al pueblo.”

Finalmente, según Santos, fue a ver a Calles (promotor de la reforma) a su casa de Cuernavaca, para disciplinarse con la medida, pero antes le dijo:

“… creo que es un error muy grande la no reelección de las Cámaras… y los diputados y los senadores sin reelección van a ser simples empleados…”

En estas condiciones habría que ampliar el dicho de que “los niños y los borrachos siempre dicen la verdad”, para incluir a los cínicos.

En efecto, la no reelección de legisladores y alcaldes, transformó las cámaras del Congreso de contrapeso del poder ejecutivo a su caja de resonancia ya que, como se ve en el Cuadro mientras las cámaras legislativas tuvieron reelección, aún cuando fuesen adictas al régimen o a alguno de los caudillos, tenían mayor independencia, sin embargo, una vez que se eliminó la reelección inmediata la sumisión del Poder Legislativo fue casi total. Entre 1917 y 1946, el Congreso pasó de aprobar el 17.7% de las iniciativas del Presidente en la XXIX Legislatura (1920-1922) al 97.4% en la XXXVIII Legislatura (1940-1943). [2]

En este mismo sentido, la debilidad de la Cámaras, derivada de la no reelección inmediata, transformó a la administración pública (y en menor medida a la burocracia del PRI) en el campo de acción de los políticos (ahí no estaba prohibida la reelección) ya que podían alternar “chambas” y cargos de alto nivel, siempre que estuvieran en el equipo del “bueno”, por lo que la legislación que creaba al servicio civil de carrera, cuyo objeto era profesionalizar la función pública y despolitizarla y despartidizarla (acabar con el amiguismo y el compadrazgo), no se pudo concretar en todo el periodo revolucionario, debido a que, por efectos de la no reelección inmediata, la política se trasladó de las cámaras del Congreso a la administración pública porque ahí los políticos podían permanecer indefinidamente, en demérito de la eficacia del gobierno. Es importante notar que los últimos cuatro presidentes priístas NUNCA tuvieron un cargo de elección popular y a diferencia de otras democracias, los presidentes de México siempre salían del gabinete presidencial, que es de funcionarios designados.

Así, la ausencia de la reelección inmediata y del servicio civil de carrera, hacía que el Presidente, no sólo nombrara a SUS diputados y senadores, sino que también a través del patronazgo (posibilitado por la ausencia del servicio civil) nombrara él y su gabinete a todos los funcionarios del gobierno bajo el criterio de la lealtad y del trabajo político a favor del funcionario que quería ser presidente. La función pública como patrimonio del Presidente y herramienta de poder de su gabinete.

En tercer lugar, la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y los nuevos códigos de procedimientos penales de 1929, 1931 y 1934 a nivel del fuero común y federal, le dieron al Presidente y a los gobernadores (jefes del Ministerio Público y a través del control de Congreso Federal y locales) de la designación de los miembros de los poderes judiciales, el CONTROL DE LA IMPUNIDAD, lo que les daba herramientas fundamentales no sólo para mantener la disciplina y lealtad de los miembros del sistema, sino para establecer en la práctica cuáles era los delitos de “esa Revolución” y cuales no.

En otras palabras, iniciar una investigación criminal en contra de un político, se convirtió en una venganza de quien controlaba al Ministerio Público y la sentencia, ante un juez burocratizado (antes la sentencia la decidían los jurados criminales compuestos por ciudadanos) en su confirmación.

En suma, controlar al Congreso (federal y locales) a través de la no reelección inmediata, controlar el patronazgo en la administración pública y utilizar al Ministerio Público (por su condición de empleado del Presidente y de los gobernadores) y al Poder judicial, eran las tres herramientas más importantes del sistema priísta, porque al eliminar los contrapesos y equilibrios del Presidente y de los gobernadores, estos podían decidir sobre vidas y haciendas (y los hicieron), sobre delitos e impunidades.

En este sentido, la tarea más importante de Fox, era destruir estas herramientas de control del viejo régimen, para asegurar que, sin importar que partido ganara la Presidencia o la mayoría en los Congresos, nadie (como decía Montesquieu o John Locke) tuviera todo el poder. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de algunos legisladores (particularmente del Sen. César Jáuregui) y de la sociedad civil, fue derrotada en el Senado la iniciativa que permitía la reelección inmediata. Por otro lado, la reforma de justicia que le daba autonomía al Ministerio Público, ni siquiera se dictaminó y la Ley del Servicio Profesional de Carrera que se aprobó por unanimidad, ha sido deficientemente aplicada (con alevosía y ventaja) por las demandas de “chamba” de los aliados y “cuates” del Presidente Calderón.

Hoy, 9 de noviembre de 2009, que recordamos con optimismo la Caída del Muro de Berlín (algo que parecía imposible) sería indispensable, pensar y proponernos, derribar completamente, los muros que nos impiden a los mexicanos instaurar la democracia y consolidarla, y construir una sociedad realmente libre y de bienestar. Pero si no eliminamos la prohibición de la reelección inmediata, implantamos con todo rigor el servicio profesional de carrera y le damos autonomía al Ministerio Público, la democracia va a fracasar y la posibilidad del retroceso será (es) inminente.

Si en 2012, ganara el PRI o el PRD las elecciones presidenciales, me sentiría más tranquilo, si el Congreso fuera más profesional e independiente, porque sus integrantes le hacen más caso a sus electores que a su partido ya que de éstos últimos depende su carrera política y no de su partido o del Presidente, lo que permitiría a su vez un Poder Judicial más independiente. Me sentiría más tranquilo si los funcionarios PROFESIONALES, trascienden esta administración y le dan continuidad a la que sigue, sin que lleguen los “cuates” del siguiente Presidente a experimentar y a exprimir como “encomienda” su cargo público. Y me sentiría más tranquilo, si un Ministerio Público con autonomía, puede perseguir la corrupción de funcionarios y sus aliados de la iniciativa privada, no como vendetta política, sino como un imperativo de ley.

A eso me refiero con derribar nuestros propios muros.



1 Santos, Gonzalo N. Memorias, pp.476, 477 y 482. Ed. Grijalbo 1984.
2 Dworak, Fernando, El Legislador a Examen, pp.42. FCE, 2003.

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