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De la misma manera en Guanajuato ratificaron al partido gobernante a pesar de que el 82.9% de los ciudadanos afirmó que la entidad era insegura.
Quizás pesaron más en los electores los programas sociales, la relativa estabilidad económica o el discurso del partido gobernante, pero es difícil saber a ciencia cierta. Sin embargo, aunque la criminalidad – por lo visto – no determina el voto de los ciudadanos, ni genera más o menos popularidad, los gobiernos federal y estatales tendrán que resolverlo porque seguirá siendo una enorme exigencia social y un elemento fundamental de gobernabilidad y de justicia.
Bajo esta premisa, a partir del próximo 26 de septiembre la gobernadora electa de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo necesitará un nuevo Fiscal General del Estado porque Carlos Zamarripa renunciará al cargo, y a partir del primero de octubre Omar García Harfuch nuevo secretario de seguridad pública federal necesitará un cuerpo de policía federal, porque el único que hay ahorita es la Guardia Nacional y está y estará bajo el control del ejército.
Tanto a nivel nacional como en Guanajuato el nuevo Secretario y la gobernadora tendrán herramientas limitadas para enfrentar el problema porque el Secretario no controla, ni controlará la Guardia Nacional ni las facultades de investigación de la Fiscalía General de la República y la gobernadora porque además de sustituir a un secretario que lleva 12 años en el cargo y a un fiscal autónomo que lleva 16, enfrentarán las limitaciones legales que tienen todas las entidades federativas y todas las policías para combatir la delincuencia organizada por estar sancionada por una ley federal.
Antes de que se sancionara la Constitución en 1917, todas las policías tenían la facultad de investigar los delitos. Los códigos de procedimientos penales de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, establecían que la investigación de los delitos correspondía a la policía judicial que NO era un cuerpo de policía, sino una FUNCIÓN de todas las policías que había en el país.
Sin embargo, a partir de 1917, el artículo 21 Constitucional estableció que la investigación sería monopolio del Ministerio Público (integrado en lo que hoy llamamos fiscalías) auxiliado de un cuerpo de policía ministerial que dependería del propio ministerio público, mientras que el resto de las policías (municipales, estatales y federal) se transformaría en policías preventivas, es decir, que no pueden investigar los delitos.
Esto no sólo limitó la investigación de los delitos y la formación de detectives en las policías sino permitió y permite una enorme impunidad superior al 99% de los delitos. En todo el país, se cometen en promedio 29 millones de delitos al año (en Guanajuato 1.3 millones) pero para atender esta enorme cantidad de delitos hay en total 17,832 ministerios públicos federales y estatales y 20,784 policías ministeriales federales y estatales.
Frente a este problema, en 2008, se reformó la Constitución para que las policías “preventivas” pudieran investigar los delitos, desde la denuncia hasta la integración de toda la investigación, siempre y cuando lo hicieran bajo la conducción y mando del Ministerio Público, sin embargo, los absurdos celos de las fiscalías y la falta de claridad legal para determinar que significa “conducción y mando” en la práctica ha impedido que las policías “preventivas” investiguen.
El resultado es – como se ha mencionado – una impunidad superior al 99% y en ese sentido un crecimiento de la cantidad y la gravedad de los delitos que se cometen.
Por otro lado, en México hay 482,228 policías “preventivas” entre municipales, estatales y Guardia Nacional que podrían aumentar exponencialmente la capacidad de investigación del delito y reducir la impunidad, sin embargo, la famosa “conducción y mando” es el gran “cuello de botella” que tendrán tanto el nuevo secretario como la gobernadora para resolver el grave problema de la impunidad y por lo tanto de la criminalidad.
Delincuencia Organizada y el Monopolio de la FGR
Hasta 2008 la criminalidad en Guanajuato no parecía ser un problema prioritario, la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2008 reportaba que, en dicha entidad con una población de 3.2 millones de personas mayores de 18 años, apenas el 11.2.% había sido víctima de un delito, y de esos sólo 15% fueron con arma de fuego y sólo 34% se sentían inseguros en la entidad; el segundo estado con menor percepción de inseguridad a nivel nacional en ese año.
Del mismo modo, entre 2000 y 2007 tanto el número de homicidios como la tasa por cada 100 mil habitantes, se mantuvo estable en niveles nunca superiores a 4.7 homicidios por cada 100 mil habitantes incluso en 2004, la tasa fue de 3.6 por cada 100 mil habitantes.
Fuente: Elaboración Propia con datos de INEGI https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=
Sin embargo, a partir de 2008 todo cambió, de ser un estado muy pacífico, se transformó en el teatro de operaciones de la “guerra” entre diversos cárteles del crimen organizado y entre éstos y las policías municipales, estatal, federal y el ejército.
Este enfrentamiento provocó que entre 2007 y 2009 aparecieran con frecuencia cuerpos decapitados con letreros de La Familia y de Los Zetas, que hubiera “levantones” y que se desarrollara, en algunos municipios, como Cuerámaro, Celaya, Salvatierra, Apaseo el Alto, Uriangato, Villagrán, Acámbaro, Jerécuaro, Tarimoro, Yuriria, León, Valle de Santiago, Silao y San Francisco del Rincón, la industria de la extorción(1).
Al parecer, Guanajuato era sede de algunos líderes del Cártel de Juárez y algunas reuniones de “capos” se realizaban en el estado(2). De ahí, cuando estos grupos rompieron su alianza empezaron las ejecuciones entre ellos y aumentó el número de homicidios. La pugna era por el control del mercado de narcomenudeo y las rutas de trasiego.
Además de la importancia del mercado del narcomenudeo(3) y de la extorción, en Guanajuato se desarrolló el enorme negocio criminal del robo de hidrocarburos, denominado Huachicol. Aunque desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari(4), se detectó el problema a través de un proyecto denominado “Proyecto Piloto Santa Catarina” que evidenció la magnitud del problema, pero los auditores fueron despedidos o transferidos a otras áreas(5) y el asunto no pasó a mayores.
En Guanajuato el robo de hidrocarburos inicialmente era un negocio de algunos trabajadores, que actuaban en la Refinería de Salamanca, sin embargo, considerando su magnitud, se convirtió en un negocio apetecido por el crimen organizado y la pugna entre organizaciones criminales no se redujo al narcomenudeo o al trasiego de drogas por el territorio, sino también al huachicoleo.
El Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) explotó esta actividad criminal y según un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) denominado “Análisis Estructural del caso Thor” filtrado por el llamado grupo “Guacamaya” sólo en 2020 el CSRL extraía unos 200 mil litros diarios de combustible a 9.00 (nueve pesos 00/100 MN) el litro (menos del 50% de su costo en el mercado) y calculaba que generaban 1.8 millones de pesos al día con eso pagaban armas, equipos tácticos y funcionarios corruptos que los ayudaban o solapaban sus actividades(6).
Al parecer – según el documento – participaban funcionarios de PEMEX, pero también algunos elementos de la Guardia Nacional, de la Marina y empresarios de Estados Unidos, incluso se menciona que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, tenía relación con un Alberto Hammer “… a quien identifican como el encargado de la cooptación de autoridades para que participen en el negocio.”(7)
Al inició de la presente administración federal, el Presidente de la República ordenó el cierre de oleoductos que salen de la Refinería de Salamanca y que abastecen a Guanajuato, con el fin de detener el robo del hidrocarburo e intentó sustituir el transporte vía tuberías por medio de pipas(8). Sin embargo, apenas 15 días después los reabrieron, porque el transporte vías pipas era insuficiente para cubrir la demanda(9), aunque – al menos momentáneamente – sí afectó el negocio de las organizaciones criminales, pero no la violencia, ni la criminalidad en general.
La detención del líder del CSRL Antonio Yépez Ortiz alias “El Marro”, el 2 de agosto de 2020, no implicó una reducción en el robo de huachicol ni la violencia. El 18 de febrero de 2023, el periódico am de León, publicó que se encontraron 590 tomas de huachicol en Guanajuato (10).
Entre 2008 y 2024 se presupuestaron $49,896,824,940 pesos a la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato y $39,466,334,897 a la fiscalía General del Estado de Guanajuato (antes procuraduría) sin embargo, Guanajuato sigue siendo uno de los estados más inseguros del país (11).
Frente a este problema la gobernadora podrá escoger uno de dos caminos; a) argumentar como se ha hecho hasta ahora que el narcomenudeo (masivo), la extorción, el huachicol y el homicidio (en forma de ejecución) son delitos de delincuencia organizada y no son de su competencia sino de la federación y plantear una cuasi imposible “coordinación” o, b) asumir el problema y plantear una política criminal que permita su abatimiento a través de la investigación, persecución y sanción de estos delitos desde el estado.
En el primer caso, el Secretario Harfuch estará sin duda en una encrucijada mayor, los estados le exigirán el combate a los delitos federales y éste no tendrá las herramientas para combatirlos. La Guardia Nacional estará bajo el control y siguiendo las prioridades de los militares y la Agencia (federal) de Investigación Criminal en manos y bajo las prioridades de la FGR.
En el segundo, la gobernadora tendrá que asumir una estrategia mucho más agresiva, para asumir facultades y reorganizar la estructura para ofrecer con todos los elementos una reducción sustancial de la criminalidad en el estado y mejorar así, la percepción de seguridad.
La Estructura es la Estrategia
En el Arte de la Guerra el Tzun Tzu explica que “la estructura es la estrategia” porque en la estructura es donde se define en qué parte de una organización está el poder y eso determina más allá de planes y programas cuál será la estrategia. (Uno de mis libros se llama así La Estructura es la Estrategia para explicar los problemas del sistema de justicia penal)
En ese sentido, serán muy importantes las decisiones estructurales que tomen si quieren tener resultados distintos.
A nivel federal, la única salida para Harfuch (considerando que no tendrá a la Guardia Nacional) es hacer una reforma a la Ley Organica de la FGR, para que le transfieran la A(f)IC a Seguridad Pública y a partir de ahí ampliar la dimensión y el alcance de esa agencia. Puede parecer complejo, pero si logran reformar la constitución para que los jueces sean electos y la Guardia Nacional pase al ejército, transferir la A(f)IC a seguridad parece una cosa menor.
Eso permitiría a Harfuch tener una herramienta para realmente combatir los delitos federales, no con la fuerza bruta, sino con inteligencia e investigación como él mismo ha mencionado. Esta Agencia (federal) de Investigación Criminal que ha estado medio abandonada por mucho tiempo tiene 3,582 policías para todos los delitos federales, pero con la influencia de Harfuch puede aumentar su tamaño y capacidad.
La facultad de formular “la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones” no será más que una entelequía inútil si no tienen una policía de investigación que lo respalde.
Además, tendrá que reformarse la Constitución para eliminar la inefable “conducción y mando” y permitir que las policías “preventivas” tanto federales como estatales y municipales investiguen los delitos de pleno derecho para que el combate al delito se haga con la máxima eficacia y no llena de “cuellos de botella” que entorpecen las investigaciones, las burocratizan y favorecen la impunidad.
Eso sería un gran avance, pero no será suficiente; el artículo 16 constitucional define a la Delincuencia Organizada como “una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.” Al mismo tiempo, “la ley en la materia” es decir, La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que además de que TRES o más personas se organicen para delinquir, para que sea delincuencia organizada tienen que cometer alguno de los delitos que enumera el artículo 2 de esa Ley, delitos contra la salud, lavado de dinero, acopio y tráfico de armas, narcomenudeo, corrupción de menores, trata de personas, secuestro y robo de hidrocarburos entre otros.
En su artículo 8 de dicha ley se establece que “La Fiscalía General de la República deberá contar con una unidad especializada en la investigación y procesamiento de delitos cometidos por personas que formen parte de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público de la Federación, quienes tendrán bajo su mando y conducción a policías y peritos.” La famosa Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada o FEMDO.
En este sentido, es importante notar dos cosas; la primera que en Guanajuato y en los estados de la federación hay muchas organizaciones de más de tres personas organizadas para delinquir y, dos que cometen los delitos establecidos en el artículo 2 de la Ley, y la segunda que la FEMDO no tiene la capacidad (ni de lejos) para investigar la enorme cantidad de delitos de delincuencia organizada que se cometen por lo que es necesario y urgente que las policías estatales y municipales tengan facultades plenas para investigar estos delitos, simplemente graduando su tamaño y capacidad.
Así, en la misma lógica en la que el Secretario Harfuch debe conseguir que le transfieran la A(f)IC a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, para poder investigar los delitos federales (La Estructura es la Estrategia) en Guanajuato la gobernadora tiene que hacer y promover una profunda reestructura de la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y de las policías municipales para que las dos últimas se enfoquen a investigar los delitos y literalmente a reunir las pruebas necesarias para “sacar de circulación” a los criminales llevándolos a juicio y guardándolos por largo tiempo en los penales del estado.
A su vez la fiscalía tiene que cambiar su enfoque para concentrarse en la litigación de la cada vez mayor cantidad de investigaciones que le llevaran las policías. Si se estableciera una meta de bajar la impunidad un 10, 15 o 25%, el número de asuntos que se litigarían sería mucho mayor y las famosas “salidas alternas” mucho menor, así que el litigio penal de la fiscalía se incrementaría sustancialmente.
El sexenio que entra el problema de la criminalidad, los homicidios, el huachicoleo, el narcomenudeo, el lavado de dinero, etc., tendrán que reducirse sustancialmente, con las estructuras que heredará Harfuch a nivel federal y la gobernadora en el estado, sus políticas solo serán variaciones de la misma estrategia fracasada, pero si se dan cuenta que La Estructura es la Estrategia y se enfocan en “sacar de circulación” a ese grupo de gente que está cometiendo delitos, llevarlos a juicio y conseguir largas condenas, por el daño que le han hecho a la sociedad mexicana en general y guanajuatense en particular entonces bajará la criminalidad, crecerá la confianza en las instituciones y la percepción de seguridad aumentará.
Lo que se necesita es una agencia de investigación para Harfuch y policías municipales y estatales investigadoras y un fiscal litigante para la gobernadora.
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