Por Bernardo León-Olea
@BLeon_Olea
La propuesta del Presidente para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa (lo que implica muchos cambios constitucionales) ha acrecentado el debate sobre la militarización de las instituciones públicas del país y en particular de la seguridad pública. Sin embargo, alguien tiene que decirle al Presidente que el grave problema de la inseguridad en México no está en la adscripción de la Guardia Nacional, sino en la concepción que tiene este gobierno y de los tres sexenios anteriores sobre la función policial y lo que implica una política criminal en el orden federal.
En México mas del 95% de los delitos que se cometen corresponden al fuero común y aunque son muy pocas historias de éxito, sí hay policías municipales y estatales así como fiscalías que han demostrado - con las políticas adecuadas - que pueden reducir primero, y controlar después, la criminalidad común, sin embargo, a pesar de su buen desempeño, los delitos federales que enfrentan, particularmente de delincuencia organizada opacan los logros que tengan en el fuero común.
La queja generalizada entre los gobiernos locales siempre ha sido que ni la Policía Federal Preventiva (PFP), ni luego la Policía Federal (PF), ni la Guardia Nacional han impactado en la reducción de los delitos federales; en lugar de eso buscan sustituir la labor de las policías municipales y estatales haciendo vigilancia y patrullaje para “disuadir” la comisión del delito.
La política criminal de los gobiernos ha consistido en cuatro cosas a) Echarle la culpa a problemas sociales criminalizando la pobreza y diseñando políticas y gastando en “prevención social”; b) aumentar patrullajes, presencia policial, instalar cámaras y tecnología e “inteligencia” para “inhibir” la comisión del delito; c) reaccionar a los eventos criminales y enfrentarse a tiros con delincuentes en solitario o con miembros de las organizaciones criminales y d) Aumentar penas y endurecer la prisión preventiva para ahorrarse la chamba de investigar. El saldo ha sido francamente negativo.
Tanto la PFP, como la PF y la GN, básicamente fueron diseñadas como “policías municipalotas” es decir, la gran mayoría de su personal está desplegado territorialmente (por eso la insistencia de los cuarteles), haciendo labores de vigilancia y patrullaje buscando infructuosamente “inhibir” el delito, en el mejor de los casos "cazando la flagrancia” y en el peor reaccionando frente a alteraciones mas graves del orden público. Las políticas para fortalecer las policías locales que podrían hacer todas esas funciones, han sido marginales o de plano nulas en todos los casos.
La grave criminalidad que sufrimos los mexicanos deriva de la impunidad que protege a los delincuentes. La nula o extremadamente deficiente investigación y persecución de los delitos ha impedido que aquellas personas que los cometen sean procesadas y sentenciadas conforme a la ley. La impunidad ha permitido - como una espiral ascendente - que cometan más delitos, cada vez más graves y que más personas se incorporen a las filas del crimen por los altos rendimientos y los muy bajos costos de su actividad.
Lo que requiere el país de la política criminal del gobierno federal no es sustituir el trabajo de las policías y fiscalías locales sino intervenir donde los locales no pueden, es decir en los delitos federales y particularmente en los de delincuencia organizada.
Mucho mas que la GN, necesitamos una Agencia Federal de Investigación con una política criminal que no sea preventiva, mucho menos reactiva, sino proactiva, es decir, que inicie de OFICIO investigaciones para identificar las organizaciones criminales, sus miembros y formas de operar, obtener pruebas (con todas las herramientas tecnológicas que hay) y detener a todos o a muchos de sus miembros como en su momento lo hizo Falcone y el “Pool antimafia” en Palermo o el FBI en Estados Unidos, etc.
Podríamos partir de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR que integra la Policía Federal Ministerial, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, la Coordinación General de Servicios Periciales, así como de las áreas especializadas en delincuencia organizada (la antigua SEIDO).
Así en lugar de re-reformar la Constitución para que la GN se adscriba en la SEDENA, podríamos crear una VERDADERA Agencia Federal de Investigación Criminal (con los presupuestos y el apoyo que se ha dado a la GN) enfocada a la investigación de los delitos mas graves (que es lo que realmente se necesita) y en lugar de que el esfuerzo de reforma constitucional sea para transferir la GN a SEDENA, mejor utilizar esa energía en reformar el artículo 21 para que esta nueva AFI pudiera investigar de pleno derecho (sin la intermediación del Ministerio Público) y el artículo 16 para que la puesta a disposición de los detenidos en flagrancia sea directamente ante el juez.
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