¡SENADORES DE MORENA VOTEN EN CONTRA! El Intento de Roosevelt de Destruir la Corte y cómo los Salvaron los Senadores de su Partido

Bernardo León-Olea
@bernardomariale

En las elecciones de 1936 Franklin D. Roosevelt y el partido demócrata ganaron la mayoría calificada en el Congreso de Estados Unidos. En la Cámara de Representantes los demócratas tenían el 75.8% de los votos y en el Senado el 77.1%. Además, tenían 40 de 48 gobernadores y la mayoría en 34 de las 48 legislaturas estatales. Todo lo necesario para cambiar la Constitución.

Desde 1933, la Suprema Corte había declarado inconstitucional una gran cantidad de leyes y proyectos que Roosevelt había propuesto para acabar con la brutal crisis económica de los años treinta conocida como “La Gran Depresión”, la Corte echó para abajo diversos programas de recuperación económica, salario mínimo, apoyo a la agricultura y un largo etcétera, casi en todos los casos, la razón era que la legislación le daba poderes metaconstitucionales al presidente, sin discutir realmente la pertinencia o importancia de los programas y las leyes que los respaldaban.

Roosevelt estaba realmente enojado y cuando en 1937 ganó esa enorme mayoría calificada en todo el país (61% del voto), estaba listo para cambiar a una Suprema Corte que le había sido adversa durante sus primeros cuatro años de gobierno. En burla les decía a los Ministros de la Corte “los nueve hombres en Kimonos”.

El número de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos no está especificado en la Constitución, sino en la Ley Judicial (Juditiary Act) y durante el siglo XIX varió el número de Ministros desde seis hasta 10, pero en 1869 se fijó en nueve Ministros (un presidente y ocho asociados) y así ha quedado desde entonces.

Los Ministros son propuestos por el Presidente de la República y después de un severo proceso de revisión, comparecencias y dictaminasión son aprobados o rechazados por el Senado y una vez nombrados duran de por vida. 

En 1937, con su enorme mayoría, Roosevelt estaba listo para quitarle la mayoría a los Ministros de la Corte que declaraban inconstitucionales sus propuestas legislativas y la manera de hacerlo era modificando la Ley Judicial para aumentar de 9 a 15 el número de Ministros de la Corte (le llamaron “Court Packing”), lo que le permitiría nombrar a él solo, seis Ministros que serían afines a sus ideas y que impedirían que las leyes que le aprobaba su enorme mayoría no fueran declaradas inconstitucionales lo que al mismo tiempo le daría un enorme poder porque controlaría el ejecutivo, el legislativo, ¡el judicial! Y la mayoría de los estados.

El 5 de febrero de 1937 Roosevelt hizo su propuesta de reforma con mucho optimismo “el pueblo está conmigo” le dijo a uno de sus más cercanos asesores y en realidad así era, pero cuando los legisladores se dieron cuenta que esa reforma implicaba un cambio muy profundo en los equilibrios constitucionales, el apoyo empezó a flaquear…¡en el Partido Demócrata! Su partido.

Los argumentos de Roosevelt eran muy “populistas” alegaba que los Ministros eran muy viejos y no entendían los nuevos tiempos (aunque el Ministro más viejo que tenía 80 años era el único que apoyaba la reforma), que iban muy atrasados en sus sentencias, de 803 casos en que se había solicitado la intervención de la Corte, solo habían aceptado 108, lo cual por cierto no era poco, dicho sea de paso en 2000 la SCJN de Estados Unidos solamente resolvió 87 casos, el caso es que muchos diputados demócratas estaban “sentidos” porque ni siquiera los habían consultado. Roosevelt supuso que aprobarían con los ojos cerrados su reforma. ¡sólo por ser del mismo partido!

No fue así, en el Senado había división al interior de la supermayoría demócrata, el Presidente del Comité de Justicia Henry Ashurst dijo que aumentar el número de Ministros era “el preludio de la tiranía”, pero muchos senadores se debatían, por un lado entre su respeto a la Constitución y a la división de poderes y por el otro, en su lealtad a Roosevelt.

Sin embargo, darle tanto poder al presidente, provocó que los senadores tuvieran más lealtad a la Constitución y sus equilibrios que al presidente. George Norris Senador republicano por Nebraska se manifestó en contra; Hiram Johnson de California se preguntaba si el Congreso debería aprobar una ley que haría de la Suprema Corte una institución subordinada al presidente; Burton K. Wheeler, uno de los demócratas más cercanos a Roosevelt, señaló “la Reforma Judicial no es liberal y no debe ampliarse el número de Ministros”.

La clave entre los senadores defensores de la Constitución y los equilibrios de poder, tanto demócratas como republicanos fue que decidieron que la Reforma Judicial no sería un tema partidista, por ello decidieron atrasar el dictamen y votación de la iniciativa, al mismo tiempo que la Barra de Abogados se manifestó en contra y los Senadores recibieron muchísimas cartas de sus estados exigiéndoles que no aprobaran esa reforma y la prensa (incluso la más liberal) se manifestaba en contra del proyecto.

Un periodista escribió: “El mandato de Roosevelt fue para ser presidente no Fürer” acusaron al plan de fascista y advirtieron: Si cae la Suprema Corte todas las demás instituciones caerán”. 

Roosevelt por su parte hizo una gran campaña para que se aprobara la reforma, empezaron las audiencias en el Senado, el Presidente de la Corte mandó una carta a la Comisión de Justicia donde refutaba uno a uno los argumentos de Roosevelt, esto fue un caso muy raro porque desde 1819 ningún Ministro de la Corte se había metido en una controversia pública.

El 18 de mayo de 1937 la Comisión de Justicia (de mayoría demócrata) votó en contra 10 contra 8 para que fuera desechada la iniciativa, pero Roosevelt no se dejó intimidar, citó a los lideres de las cámaras (ambos demócratas) y les pidió que consiguieran las firmas de 218 legisladores para poder meter la iniciativa directamente al pleno, pero ellos se negaron.

Los líderes de ambas cámaras estaban bajo mucha presión tanto del presidente como de sus compañeros legisladores. El líder de la mayoría en el Senado Joe Robinson intentó mantener la unidad en favor de la reforma, pero fue inútil, la defensa de la Constitución y del equilibrio de poderes prevaleció, el 14 de julio encontraron a Robinson muerto de un infarto en su departamento.

Roosevelt no fue al funeral del Senador, estaba enojado porque no logró que pasara su reforma y los Senadores demócratas y republicanos fueron muy críticos de la inasistencia de Roosevelt sobre todo porque Robinson murió por la presión que le generó tratar de pasar una reforma en la que no creía.¿

El 22 de Julio de 1937 el Senado con supermayoría demócrata votó en contra; 20 a favor 70 en contra (de los propios demócratas) y mató la iniciativa.

Posteriormente, Roosevelt pudo cambiar a nueve Ministros de la Corte durante su mandato que duró 12 años y algunos historiadores dicen que por ello perdió esa batalla pero ganó la guerra, lo cual es cierto. Sin embargo, le quedó claro a todo mundo que el problema de fondo no fue que estuvieran en contra de las políticas de Roosevelt, sino en contra de destruir a la Constitución, la división de poderes y la independencia judicial.

Senadores de MORENA miren el ejemplo de los Senadores demócratas de 1937, voten en contra de la Reforma Judicial, no será una derrota para ustedes, será una victoria del país. Millones de empleos dependen de que esa reforma no se apruebe, pero sobre todo la vigencia de la Constitución, el equilibrio de poderes, la independencia judicial y las libertades de los mexicanos. Más adelante con esa legitimidad que les dará su independencia podrán discutir y aprobar la Reforma de Justicia que el país necesita. Quizás perderán una batalla, pero ganaran la guerra (por decirlo así) y el pueblo y la historia se los va a reconocer de muchas maneras.

No destruyan el sexenio de Claudia Sheinbaum antes de que empiece. 

Bibliografía: Shesol, Jeff . Supreme Power: Franklin Roosevelt vs The Supreme Court. Ed. W. W. Norton And Company Nueva York. 2010.

Smith, Jean Edward. FDR. Random House, Nueva York, 2007.

Un Fiscal para Guanajuato y una Policía para Harfuch

Por Bernardo León-Olea
@bernardomariale

Si algo se hizo evidente en las pasadas elecciones federales es que ni la crisis de seguridad pública, ni la inoperancia de la justicia penal determinan el voto de los mexicanos. Aunque en la última Encuesta de Victimización el 60.5% de los mexicanos señaló a la inseguridad como el principal problema que los aqueja y el 74.6% en promedio afirmó sentirse inseguro en la entidad federativa donde viven, la mayoría de los mexicanos con su voto ratificaron las políticas de seguridad del actual gobierno.

De la misma manera en Guanajuato ratificaron al partido gobernante a pesar de que el 82.9% de los ciudadanos afirmó que la entidad era insegura.

Quizás pesaron más en los electores los programas sociales, la relativa estabilidad económica o el discurso del partido gobernante, pero es difícil saber a ciencia cierta. Sin embargo, aunque la criminalidad – por lo visto – no determina el voto de los ciudadanos, ni genera más o menos popularidad, los gobiernos federal y estatales tendrán que resolverlo porque seguirá siendo una enorme exigencia social y un elemento fundamental de gobernabilidad y de justicia.

Bajo esta premisa, a partir del próximo 26 de septiembre la gobernadora electa de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo necesitará un nuevo Fiscal General del Estado porque Carlos Zamarripa renunciará al cargo, y a partir del primero de octubre Omar García Harfuch nuevo secretario de seguridad pública federal necesitará un cuerpo de policía federal, porque el único que hay ahorita es la Guardia Nacional y está y estará bajo el control del ejército.

Tanto a nivel nacional como en Guanajuato el nuevo Secretario y la gobernadora tendrán herramientas limitadas para enfrentar el problema porque el Secretario no controla, ni controlará la Guardia Nacional ni las facultades de investigación de la Fiscalía General de la República y la gobernadora porque además de sustituir a un secretario que lleva 12 años en el cargo y a un fiscal autónomo que lleva 16, enfrentarán las limitaciones legales que tienen todas las entidades federativas y todas las policías para combatir la delincuencia organizada por estar sancionada por una ley federal.

Antes de que se sancionara la Constitución en 1917, todas las policías tenían la facultad de investigar los delitos. Los códigos de procedimientos penales de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, establecían que la investigación de los delitos correspondía a la policía judicial que NO era un cuerpo de policía, sino una FUNCIÓN de todas las policías que había en el país.

Sin embargo, a partir de 1917, el artículo 21 Constitucional estableció que la investigación sería monopolio del Ministerio Público (integrado en lo que hoy llamamos fiscalías) auxiliado de un cuerpo de policía ministerial que dependería del propio ministerio público, mientras que el resto de las policías (municipales, estatales y federal) se transformaría en policías preventivas, es decir, que no pueden investigar los delitos.

Esto no sólo limitó la investigación de los delitos y la formación de detectives en las policías sino permitió y permite una enorme impunidad superior al 99% de los delitos. En todo el país, se cometen en promedio 29 millones de delitos al año (en Guanajuato 1.3 millones) pero para atender esta enorme cantidad de delitos hay en total 17,832 ministerios públicos federales y estatales y 20,784 policías ministeriales federales y estatales. 

Frente a este problema, en 2008, se reformó la Constitución para que las policías “preventivas” pudieran investigar los delitos, desde la denuncia hasta la integración de toda la investigación, siempre y cuando lo hicieran bajo la conducción y mando del Ministerio Público, sin embargo, los absurdos celos de las fiscalías y la falta de claridad legal para determinar que significa “conducción y mando” en la práctica ha impedido que las policías “preventivas” investiguen. 

El resultado es – como se ha mencionado – una impunidad superior al 99% y en ese sentido un crecimiento de la cantidad y la gravedad de los delitos que se cometen.

Por otro lado, en México hay 482,228 policías “preventivas” entre municipales, estatales y Guardia Nacional que podrían aumentar exponencialmente la capacidad de investigación del delito y reducir la impunidad, sin embargo, la famosa “conducción y mando” es el gran “cuello de botella” que tendrán tanto el nuevo secretario como la gobernadora para resolver el grave problema de la impunidad y por lo tanto de la criminalidad.

Delincuencia Organizada y el Monopolio de la FGR

Hasta 2008 la criminalidad en Guanajuato no parecía ser un problema prioritario, la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2008 reportaba que, en dicha entidad con una población de 3.2 millones de personas mayores de 18 años, apenas el 11.2.% había sido víctima de un delito, y de esos sólo 15% fueron con arma de fuego y sólo 34% se sentían inseguros en la entidad; el segundo estado con menor percepción de inseguridad a nivel nacional en ese año.

Del mismo modo, entre 2000 y 2007 tanto el número de homicidios como la tasa por cada 100 mil habitantes, se mantuvo estable en niveles nunca superiores a 4.7 homicidios por cada 100 mil habitantes incluso en 2004, la tasa fue de 3.6 por cada 100 mil habitantes.

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de INEGI https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=

Sin embargo, a partir de 2008 todo cambió, de ser un estado muy pacífico, se transformó en el teatro de operaciones de la “guerra” entre diversos cárteles del crimen organizado y entre éstos y las policías municipales, estatal, federal y el ejército.

Este enfrentamiento provocó que entre 2007 y 2009 aparecieran con frecuencia cuerpos decapitados con letreros de La Familia y de Los Zetas, que hubiera “levantones” y que se desarrollara, en algunos municipios, como Cuerámaro, Celaya, Salvatierra, Apaseo el Alto, Uriangato, Villagrán, Acámbaro, Jerécuaro, Tarimoro, Yuriria, León, Valle de Santiago, Silao y San Francisco del Rincón, la industria de la extorción(1). 

Al parecer, Guanajuato era sede de algunos líderes del Cártel de Juárez y algunas reuniones de “capos” se realizaban en el estado(2). De ahí, cuando estos grupos rompieron su alianza empezaron las ejecuciones entre ellos y aumentó el número de homicidios. La pugna era por el control del mercado de narcomenudeo y las rutas de trasiego.

Además de la importancia del mercado del narcomenudeo(3) y de la extorción, en Guanajuato se desarrolló el enorme negocio criminal del robo de hidrocarburos, denominado Huachicol. Aunque desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari(4), se detectó el problema a través de un proyecto denominado “Proyecto Piloto Santa Catarina” que evidenció la magnitud del problema, pero los auditores fueron despedidos o transferidos a otras áreas(5) y el asunto no pasó a mayores.

En Guanajuato el robo de hidrocarburos inicialmente era un negocio de algunos trabajadores, que actuaban en la Refinería de Salamanca, sin embargo, considerando su magnitud, se convirtió en un negocio apetecido por el crimen organizado y la pugna entre organizaciones criminales no se redujo al narcomenudeo o al trasiego de drogas por el territorio, sino también al huachicoleo.

El Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) explotó esta actividad criminal y según un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) denominado “Análisis Estructural del caso Thor” filtrado por el llamado grupo “Guacamaya” sólo en 2020 el CSRL extraía unos 200 mil litros diarios de combustible a 9.00 (nueve pesos 00/100 MN) el litro (menos del 50% de su costo en el mercado) y calculaba que generaban 1.8 millones de pesos al día con eso pagaban armas, equipos tácticos y funcionarios corruptos que los ayudaban o solapaban sus actividades(6). 

Al parecer – según el documento – participaban funcionarios de PEMEX, pero también algunos elementos de la Guardia Nacional, de la Marina y empresarios de Estados Unidos, incluso se menciona que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, tenía relación con un Alberto Hammer “… a quien identifican como el encargado de la cooptación de autoridades para que participen en el negocio.”(7)  

Al inició de la presente administración federal, el Presidente de la República ordenó el cierre de oleoductos que salen de la Refinería de Salamanca y que abastecen a Guanajuato, con el fin de detener el robo del hidrocarburo e intentó sustituir el transporte vía tuberías por medio de pipas(8). Sin embargo, apenas 15 días después los reabrieron, porque el transporte vías pipas era insuficiente para cubrir la demanda(9), aunque – al menos momentáneamente – sí afectó el negocio de las organizaciones criminales, pero no la violencia, ni la criminalidad en general.

La detención del líder del CSRL Antonio Yépez Ortiz alias “El Marro”, el 2 de agosto de 2020, no implicó una reducción en el robo de huachicol ni la violencia. El 18 de febrero de 2023, el periódico am de León, publicó que se encontraron 590 tomas de huachicol en Guanajuato (10).

Entre 2008 y 2024 se presupuestaron $49,896,824,940 pesos a la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato y $39,466,334,897 a la fiscalía General del Estado de Guanajuato (antes procuraduría) sin embargo, Guanajuato sigue siendo uno de los estados más inseguros del país (11).

Frente a este problema la gobernadora podrá escoger uno de dos caminos; a) argumentar como se ha hecho hasta ahora que el narcomenudeo (masivo), la extorción, el huachicol y el homicidio (en forma de ejecución) son delitos de delincuencia organizada y no son de su competencia sino de la federación y plantear una cuasi imposible “coordinación” o, b) asumir el problema y plantear una política criminal que permita su abatimiento a través de la investigación, persecución y sanción de estos delitos desde el estado.

En el primer caso, el Secretario Harfuch estará sin duda en una encrucijada mayor, los estados le exigirán el combate a los delitos federales y éste no tendrá las herramientas para combatirlos. La Guardia Nacional estará bajo el control y siguiendo las prioridades de los militares y la Agencia (federal) de Investigación Criminal en manos y bajo las prioridades de la FGR. 

En el segundo, la gobernadora tendrá que asumir una estrategia mucho más agresiva, para asumir facultades y reorganizar la estructura para ofrecer con todos los elementos una reducción sustancial de la criminalidad en el estado y mejorar así, la percepción de seguridad.

La Estructura es la Estrategia

En el Arte de la Guerra el Tzun Tzu explica que “la estructura es la estrategia” porque en la estructura es donde se define en qué parte de una organización está el poder y eso determina más allá de planes y programas cuál será la estrategia. (Uno de mis libros se llama así La Estructura es la Estrategia para explicar los problemas del sistema de justicia penal)

En ese sentido, serán muy importantes las decisiones estructurales que tomen si quieren tener resultados distintos.

 A nivel federal, la única salida para Harfuch (considerando que no tendrá a la Guardia Nacional) es hacer una reforma a la Ley Organica de la FGR, para que le transfieran la A(f)IC a Seguridad Pública y a partir de ahí ampliar la dimensión y el alcance de esa agencia. Puede parecer complejo, pero si logran reformar la constitución para que los jueces sean electos y la Guardia Nacional pase al ejército, transferir la A(f)IC a seguridad parece una cosa menor.

Eso permitiría a Harfuch tener una herramienta para realmente combatir los delitos federales, no con la fuerza bruta, sino con inteligencia e investigación como él mismo ha mencionado. Esta Agencia (federal) de Investigación Criminal que ha estado medio abandonada por mucho tiempo tiene 3,582 policías para todos los delitos federales, pero con la influencia de Harfuch puede aumentar su tamaño y capacidad.

La facultad de formular “la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones” no será más que una entelequía inútil si no tienen una policía de investigación que lo respalde. 

Además, tendrá que reformarse la Constitución para eliminar la inefable “conducción y mando” y permitir que las policías “preventivas” tanto federales como estatales y municipales investiguen los delitos de pleno derecho para que el combate al delito se haga con la máxima eficacia y no llena de “cuellos de botella” que entorpecen las investigaciones, las burocratizan y favorecen la impunidad.

Eso sería un gran avance, pero no será suficiente; el artículo 16 constitucional define a la Delincuencia Organizada como “una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.” Al mismo tiempo, “la ley en la materia” es decir, La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que además de que TRES o más personas se organicen para delinquir, para que sea delincuencia organizada tienen que cometer alguno de los delitos que enumera el artículo 2 de esa Ley, delitos contra la salud, lavado de dinero, acopio y tráfico de armas, narcomenudeo, corrupción de menores, trata de personas, secuestro y robo de hidrocarburos entre otros.

En su artículo 8 de dicha ley se establece que  “La Fiscalía General de la República deberá contar con una unidad especializada en la investigación y procesamiento de delitos cometidos por personas que formen parte de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público de la Federación, quienes tendrán bajo su mando y conducción a policías y peritos.” La famosa Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada o FEMDO.

En este sentido, es importante notar dos cosas; la primera que en Guanajuato y en los estados de la federación hay muchas organizaciones de más de tres personas organizadas para delinquir y, dos que cometen los delitos establecidos en el artículo 2 de la Ley, y la segunda que la FEMDO no tiene la capacidad (ni de lejos) para investigar la enorme cantidad de delitos de delincuencia organizada que se cometen por lo que es necesario y urgente que las policías estatales y municipales tengan facultades plenas para investigar estos delitos, simplemente graduando su tamaño y capacidad.

Así, en la misma lógica en la que el Secretario Harfuch debe conseguir que le transfieran la A(f)IC a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, para poder investigar los delitos federales (La Estructura es la Estrategia) en Guanajuato la gobernadora tiene que hacer y promover una profunda reestructura de la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y de las policías municipales para que las dos últimas se enfoquen a investigar los delitos y literalmente a reunir las pruebas necesarias para “sacar de circulación” a los criminales llevándolos a juicio y guardándolos por largo tiempo en los penales del estado.

A su vez la fiscalía tiene que cambiar su enfoque para concentrarse en la litigación de la cada vez mayor cantidad de investigaciones que le llevaran las policías. Si se estableciera una meta de bajar la impunidad un 10, 15 o 25%, el número de asuntos que se litigarían sería mucho mayor y las famosas “salidas alternas” mucho menor, así que el litigio penal de la fiscalía se incrementaría sustancialmente.

El sexenio que entra el problema de la criminalidad, los homicidios, el huachicoleo, el narcomenudeo, el lavado de dinero, etc., tendrán que reducirse sustancialmente, con las estructuras que heredará Harfuch a nivel federal y la gobernadora en el estado, sus políticas solo serán variaciones de la misma estrategia fracasada, pero si se dan cuenta que La Estructura es la Estrategia y se enfocan en “sacar de circulación” a ese grupo de gente que está cometiendo delitos, llevarlos a juicio y conseguir largas condenas, por el daño que le han hecho a la sociedad mexicana en general y guanajuatense en particular entonces bajará la criminalidad, crecerá la confianza en las instituciones y la percepción de seguridad aumentará.

Lo que se necesita es una agencia de investigación para Harfuch y policías municipales y estatales investigadoras y un fiscal litigante para la gobernadora. 

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  1 Rodriguez Castañeda Rafael, México Narco, Ed Planeta, 2009 pp.105, 106. 

  2 Rodriguez Castañeda Rafael, México Narco, Ed Planeta, 2009 pp.107

  3 https://www.sinembargo.mx/18-11-2019/3681077 

  4 Pérez, Ana Lilia, Huachicoleo a escala Millonaria:Dentro de Pemex toda una “industria paralela” Proceso 30 de diciembre de 2018.

  5 https://www.jornada.com.mx/2008/09/20/index.php?section=politica&article=010n1pol

  6 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/16/a-cuanto-ascendian-las-millonarias-ganancias-del-csrl-por-actividades-de-huachicol-en-guanajuato/ 

  7 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/10/14/huachicol-involucraria-a-adan-augusto-guardia-nacional-y-a-ip-de-estados-unidos/ 

  8 https://manufactura.mx/energia/2019/01/07/intervencion-en-refineria-provoco-la-escasez-de-combustible 

  9 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Reabren-poliducto-Salamanca-Guadalajara-20190116-0012.html 

  10 https://www.am.com.mx/guanajuato/2023/2/18/hallan-590-tomas-de-huachicol-de-guanajuato-647978.html 

11 https://docs.mexico.justia.com/estatales/guanajuato/ley-del-presupuesto-general-de-egresos-del-estado-de-guanajuato-para-el-ejercicio-fiscal-de-2008.pdf 

https://bj.scjn.gob.mx/doc/legislacion/vNPg9HMB1tiV43eLDzyQ/%22Interpretaci%C3%B3n%20de%20la%20ley%22

https://docs.mexico.justia.com/estatales/guanajuato/ley-del-presupuesto-general-de-egresos-del-estado-de-guanajuato-para-el-ejercicio-fiscal-de-2010.pdf

file:///Users/blo/Downloads/ley_del_presupuesto_general_de_egresos_del_estado_de_guanajuato_para_el_ejercicio_fiscal_de_2011.pdf

file:///Users/blo/Downloads/ley_del_presupuesto_general_de_egresos_del_estado_de_guanajuato_para_el_ejercicio_fiscal_de_2012.pdf

https://finanzas.guanajuato.gob.mx/doc/mrf/08LeydelPresupuestoGeneraldeEgresosdelEstadodeGuanajuatoparaelEjercicioFiscalde2013.pdf

https://finanzas.guanajuato.gob.mx/doc/mrf/06Ley_del_Presupuesto_General_de_Egresos_del_Estado_de_Gto._para_el_ejercicio_fiscal_de_an_o_2014.pdf

https://finanzas.guanajuato.gob.mx/doc/mrf/06%20Ley_Presupuesto_Egresos_Guanajuato_Ejercicio%20Fiscal_2015.pdf

https://finanzas.guanajuato.gob.mx/doc/mrf/06%20Ley_Presupuesto_Egresos_Guanajuato_Ejercicio%20Fiscal_2016.pdf

https://s3.amazonaws.com/congreso-gto/armonizacion/2017_Reportes_Anuales/5.3PresupuestoDeEgresos_17.pdf

https://finanzas.guanajuato.gob.mx/doc/mrf/LEY_DEL_PRESUPUESTO_GENERAL_DE_EGRESOS_DEL_E_DE_G_PARA_EL_EF_2018_FedeE25ene2018.pdf

https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/reforma/pdf/3174/Ley_del_Presupuesto_General_de_Egresos_2019_FedE_5feb19_NO_VIGENTE.pdf

https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_legislacion/doc/leyes_estatales/ley_de_pge_del_estado_de_guanajuato_p_el_ejerc2020.pdf

https://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/Ley%20del%20Presupuesto%20General%20de%20Egresos%20de%20Guanajuato%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202021%20%2030%20dic%2020.pdf

https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/reforma/pdf/3441/LPGEPEF_2022_REF_19Dic2022.pdf

https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/reforma/pdf/3448/LPGE_2023_No_vigente.pdf

https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/reforma/pdf/3544/LPGE_2024.pdf

Maximato y Plan C: Un dialogo entre José López Portillo y Claudia Sheinbaum

Por Bernardo León-Olea

“El oficio de Presidente se aprende sólo siendo Presidente. Puede uno llegar con preparación y proyectos al ejercicio del poder. Pero muy pronto la riqueza de la realidad desborda todos los esquemas.”

José López Portillo

Un 17 de septiembre de 1975 el presidente Luis Echeverría llamó a acuerdo a su secretario de Hacienda y gran amigo de toda su vida José López Portillo, estaba cerca la revisión de la cuenta pública y la presentación del presupuesto, así que López Portillo pensó que el acuerdo sería para eso y se llevó todos los documentos del tema, que por su volumen tuvo que acomodar en un montacargas.

La reunión sería muy especial, unos días antes, sin previo aviso el presidente Echeverría le había enviado a su responsable de Información y Relaciones Públicas Fausto Zapata para que se encargara de los procesos de comunicación de la Secretaría de Hacienda, López Portillo intuyó que eso significaba que él sería el elegido para ser el candidato del PRI y próximo presidente de la República.

Sentados en la oficina presidencial, los grandes amigos, tocaron brevemente el tema de la cuenta pública y al final Echeverría hizo una pausa se paró de su asiento e invitó a López Portillo para que se sentaran en forma más familiar en otro sillón de su oficina, ahí frente a frente el presidente señalando la bandera que estaba en un vitrina le dijo: “Señor licenciado López Portillo, el Partido me ha encomendado preguntarle si aceptaría usted la responsabilidad de todo esto”, haciendo un gesto que parecía envolver todo lo que implicaba el poder ejecutivo federal. “Si, señor Presidente. Acepto”(i).

“Bien”, le contestó. “Entonces prepárese usted, pero no se lo diga a nadie, ni a su esposa ni a sus hijos. Ya lo llamaremos, cuando el Partido concluya la organización y los sectores se pronuncien públicamente.” Según sus memorias se despidió con un “fuerte apretón de manos de mi viejo amigo…” (ii)

A diferencia de Echeverría que tenía una larga carrera política recorriendo todos los escalones del poder de esa época, López Portillo por su parte había llegado tarde al gobierno y de la mano de su gran amigo había llegado a ser director de la Comisión Federal de Electricidad y luego Secretario de Hacienda, en más de un sentido, además de la amistad que los unía, su crecimiento político se lo debía todo a Echeverría.

Considerando su corta carrera López Portillo no tenía luz propia, sino que claramente, su poder derivaba de su cercanía con el presidente. Por ello, cuando lo destapó como candidato del PRI a la presidencia, mucha gente pensó que era una forma en la que Echeverría podría mantenerse en el poder seis años más, en una especie de nuevo “maximato”.

Apenas destapado López Portillo, Echeverría le nombró a Porfirio Muñoz Ledo y a Augusto Gómez Villanueva (gente muy cercana a él) como presidente y secretario general del PRI quienes conducirían su campaña. En una entrevista que le hizo Jorge Castañeda le preguntó: “¿Usted no sintió un empeño de Echeverría por conservar parte del poder?” a lo que contestó “Bueno, de alguna manera cuando, me designa al presidente, al secretario y al presidente del DF de mi partido… […] En su política el aconsejaba de una cierta manera, y yo aceptaba, ya en su momento vería la oportunidad y establecería la mía.”(iii) 

López Portillo negaba que Echeverría quisiera seguir ejerciendo el poder a través de él y no hizo nada al respecto, pero, en la entrevista con Castañeda señalaba que “conforme pasó el tiempo me di cuenta de que el presidencialismo tenía una regla implícita: romper para estabilizar…” (iv)

Aquí es importante recordar tres cosas: a) que desde 1929 echando mano de las diversas formas de fraude electoral, los candidatos del PRI habían ganado las elecciones presidenciales, de senadores, gobernadores y prácticamente todas las de diputados federales y locales y presidentes municipales; b) Que López Portillo había sido candidato único a la presidencia sin ninguna oposición, lo que por un lado le facilitó la victoria pero también deslegitimó su triunfo porque evidenció la simulación democrática que había en México; y c) que el movimiento estudiantil de 1968 y su posterior represión estaban llevando a muchos activistas a proponer y practicar la vía armada como respuesta a la cerrazón del régimen amenazando la estabilidad social y política.

Consciente de ello, López Portillo nombró a Jesús Reyes Heroles como Secretario de Gobernación y le encomendó la reforma política que abriría el sistema a los partidos de oposición, como válvula de escape de la presión política que había.

Reyes Heroles además de conducir la reforma política le informaba al presidente de las actividades del expresidente Echeverría (que había fundado un Centro de Estudios del Tercer Mundo como plataforma de su trabajo como expresidente) que actuaba como si siguiera en el poder y a través de Porfirio Muñoz Ledo que había sido nombrado Secretario de Educación y de Augusto Gómez Villanueva que era diputado federal, operaban políticamente para el expresidente. En sus memorias López Portillo escribió: “Empieza un foquito ámbar con Luis Echeverría. Lo lamento mucho. No desearía que pasara a mayores. Ojalá él entienda que ya no es responsable de este país. Reyes Heroles me informa muy negativamente. Se queja de Muñoz Ledo y de Gómez Villanueva.” (v)

Sin embargo, el asunto del “Maximato” rondaba en la opinión pública lo que preocupó a López Portillo porque sentía que lo debilitaba y lo enfrentaba con su amigo y mentor el expresidente Luis Echeverría: “Eran constantes y copiosos los informes negativos que me pasaba Reyes Heroles, con lo que se iba formando un área de desconfianza muy desagradable… […] La regla fatal del Sistema que llevaba al enfrentamiento con el ex, empezaba a funcionar. Mucha gente se movía en torno a Echeverría, mucha gente que hablaba e intrigaba y que pregonaba tener línea para inconformarse. Empezaba a tomar cuerpo el cuento del “Maximato”. “Como quiera que sea, empezaba a crearse una apariencia política estorbosa para el óptimo manejo de la imagen presidencial y de ello era yo consciente.” (vi)

¿Cómo podía un presidente con el estigma de ser solamente el títere de su antecesor llevar a cabo la trascendente reforma política que se había planteado? No debe olvidarse que Echeverría era Secretario de Gobernación cuando fue la represión de Tlatelolco y eso podía deslegitimarlo como interlocutor del diálogo con el Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda. Tanto López Portillo como Reyes Heroles necesitaban legitimidad para negociar. 

El 1 de abril de 1977, apenas cinco meses después de entrar en funciones el nuevo gobierno, López Portillo autoriza a Reyes Heroles a iniciar la Reforma Política con un discurso pronunciado en Chilpancingo donde propuso “que el Estado ensanche las posibilidades de representación política” captando “en los órganos de representación nacional el complicado mosaico ideológico nacional…” (vii)

El 8 abril López Portillo haciendo un esfuerzo sicológico personal se decide a hablar con Echeverría “Tuve que vencer mi propia naturaleza para hablar con mi amigo.” Y le propuso que se fuera de México, en la entrevista que le hizo Jorge Castañeda recuerda lo que le dijo a Echeverría “Mi hermano, por razones esta y estas te voy a pedir que salgas del país a donde quieras. Ayúdame, ayúdame porque es un factor de ingobernabilidad con el que me vas a ayudar; tu personalidad, tu inercia, el movimiento de tu gente está haciendo que se me dificulte la gobernación de este país.” (viii)

En sus memorias López Portillo también recuerda: “… mi inexperiencia en la política pura a la mexicana, ha proyectado […] la imagen de su influencia: nombramientos de gente suya, parientes; asunto del “Maximato”; por las actividades del Centro de Estudios del Tercer Mundo, y la insidia, la idea de que interviene. En razón de que debo tomar decisiones radicales, necesito tomar el poder y ello no solo real, sino aun el de apariencia, por lo que es mi obligación tomar todas las medidas.”(ix)  Más adelante escribe Él se disciplina […] el régimen presidencialista de México es interesantísimo.” Y cierra “Esta conversación con Luis, fue un manejo puramente político, básicamente en razón de apariencias.” (x)

El 14 de abril, Echeverría le anunció que se iba de México “Desagradable decisión la de pedirle su ausencia.” Ese mismo día López Portillo anunció las primeras liberaciones de presos políticos y lanza la reforma política. Entre el 28 de abril y el 21 de julio se llevaban a cabo 12 audiencias públicas donde partidos organizaciones, funcionarios, etc., expresan sus opiniones sobre la lo que se necesita reformar, destacadamente Heberto Castillo del Partido Mexicano de los Trabajadores pidió establecer la representación proporcional en la Cámara de Diputados para que “el número de diputados de representación proporcional de un partido correspondiera al porcentaje de votos obtenidos en la elección” (xi)

Finalmente, el 6 de octubre de 1977 (10 meses después de tomar posesión) el presidente López Portillo a través de su secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles presentó una iniciativa para reformar los artículos 6, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 constitucionales para implementar la Reforma Política que se considera un momento clave de la transición democrática de México y la herencia más positiva de la presidencia de José López Portillo.

En la exposición de motivos López Portilllo y Reyes Heroles señalaban: “La Iniciativa dispone que se elijan, además de los 300 diputados de mayoría, hasta 100 por el sistema de representación proporcional. Mediante éste último se garantiza que a la cantidad de votos obtenidos por los partidos corresponda en equitativa proporción el número de curules a que tengan derecho. Con esta fórmula se hace más adecuado el acceso de las minorías a la Cámara de Diputados y es, sin duda, más justa, objetiva y realista que el actual sistema de diputados de partido.” (xii)

Aunque López Portillo era tan cercano a Echeverría, se dió cuenta y tuvo el valor de tomar el poder y ejercerlo en su presidencia eliminando cualquier influencia de Echeverría, incluso pidiéndole que dejara el país “romper para establizar” y eso permitió que se aprobara una Reforma Política historica y trascendente para el país.

Claudia Sheinbaum 

Claudia Sheinbaum es por convicción y por lealtad fiel seguidora de López Obrador, y está siendo exageradamente consecuente con esa postura, por estrategia o por convicción está haciendo lo que López Obrador le dice sin ningún atisbo de independencia, eso la debilitará enormemente.

Las reformas del Plan C pueden ser aprobadas, si el espíritu de la Reforma Política de 1977 (y todas sus secuelas) se viola, es decir, en palabras de Heberto Castillo líder histórico de la izquierda “que el número de diputados de representación proporcional de un partido correspondiera al porcentaje de votos obtenidos en la elección”.

Pero además, esa reforma será una herencia maldita para todo el sexenio de Claudia Sheinbaum (si es que sobrevive a la revocación de mandato) porque los inmensos problemas que generará una reforma sin legitimidad de quienes la aprobaron y de quienes la implementarán y la sospecha fundada de “máximato” debilitarán su capacidad política y la gobernabilidad del país.

No debe aprobarse el Plan C antes de que Claudia Sheinbaum tome posesión como presidenta de la República, en su sexenio – como en el de López Portillo – con la legitimidad que tiene podría discutirse el Plan C y otras muchas más reformas que necesita el país, pero no como una imposición “machista” y prepotente de López Obrador a la primera mujer presidenta de México.

López Portillo tuvo el valor de deshacerse de Echeverría, ¿Sheinbaum tendrá el valor, o cuando ya quiera tomar el poder será demasiado tarde porque el Plan C estará aprobado y entorpeciendo el adecuado flujo de su sexenio? ¿Deveras querrá cargar con esa herencia?

En su primer informe de gobierno López Portillo dijo con toda claridad:

“Hace poco más de cuatro décadas, México dejó de ser país de caudillos para convertirse en nación de instituciones. Una de ellas es la Presidencia de la República. […] Como Presidente atiendo el sentir de la nación y escucho opiniones de mis colaboradores e incluso de aquellos que al gobierno se oponen. … Es más, con frecuencia las promuevo; pero como Jefe del Ejecutivo Federal no puedo aceptar presiones. … En las cuestiones de mi competencia sólo yo he decidido, decido y decidiré. … Si ha dado aciertos, ese es mi compromiso, si errores, mi responsabilidad.” (xiii)

En sus memorias recuerda ese primer informe con orgullo “Creo que salió bien” sin embargo, le desconcertó que los medios le dieran mas importancia a las cuestiones del “maximato” echeverrista pero lo entiende: “…no tiene remedio, en México y en política, como en Roma con la mujer del César, parecer es, en buena medida, ser.” (xiv)

“Romper para estabilizar”.

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  (i) López Portillo, José. Mis Tiempos: Biografía y Testimonio Político. Ed. Fernández Editores 1988 pp.399

  (ii) Op. Cit. pp. 399

  (iii) Castañeda, Jorge. La Herencia: Arqueología de la Sucesión Presidencial en México. Ed. Alfaguara 1999. pp 116.

  (iv) Op. Cit. pp. 117

  (v) López Portillo, José. Mis Tiempos: Biografía y Testimonio Político. Ed. Fernández Editores 1988 pp.540

  (vi) Op. Cit. pp. 532

  (vii) Becerra, Ricardo. Salazar, Pedro y Woldenberg, José. La Mecánica del Cambio político en México: Elecciones, Partidos y reformas. Ed. Cal y Arena.2000 pp.88

  (viii) Castañeda, Jorge. La Herencia: Arqueología de la Sucesión Presidencial en México. Ed. Alfaguara 1999. pp 118.

  (ix) López Portillo, José. Mis Tiempos: Biografía y Testimonio Político. Ed. Fernández Editores 1988 pp.566

  (x) Op. Cit. 566

  (xi) Becerra, Ricardo. Salazar, Pedro y Woldenberg, José. La Mecánica del Cambio político en México: Elecciones, Partidos y reformas. Ed. Cal y Arena.2000 pp.100,101.

  (xii) Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" en sus artículos 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74 76, 93, 97 y 115, documento que el C. Titular del Ejecutivo Federal somete a la consideración del Soberano Constituyente Permanente. https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimNPZPsNLFqe0s7fey1Fqrif+dAQCuPIWtDMIW4CFHSXZGSirF34H44Dz22WRdkDG9A==   

  (xiii) López Portillo, José. Mis Tiempos: Biografía y Testimonio Político. Ed. Fernández Editores. 1988 pp.622

  (xiv) Op. Cit. pp. 622.

Sobrerrepresentación: 70 Diputados Ilegítimos

Por Bernardo León-Olea
@bernardomariale

Foto El Universal

Una Cámara de Diputados donde más del 20% de sus diputados no fueron electos por el voto de los ciudadanos se enfrentará a un grave problema de legitimidad en sus decisiones, particularmente aquellas que necesiten de ese ilegitimo 20% para aprobar sus iniciativas.

La coalición “Sigamos Haciendo Historia” ganó 256 distritos electorales que equivale al 51.2% de los diputados, sin embargo, obtuvo el 54.1% de la votación por lo que requiere de 14 diputados de representación proporcional para que su porcentaje de votos sea igual al número de sus diputados, es decir 270. Ese número podría aumentarse si se considerará el 8% de sobrerrepresentación, que permite la constitución (aunque no lo obliga).

Eso sería constitucional y legítimo.

Por su parte la oposición en su conjunto (PAN, PRD, PRI, MC) ganó 44 distritos que equivalen apenas al 8.8% de los diputados, pero obtuvo 41.9% de la votación por lo que se le deben otorgar entre 190 y 230 diputados, para que el número de diputados sea igual a su porcentaje de votos.

Sin embargo, la sobrerrepresentación que le quieren otorgar a la coalición oficial es mayor al 20% con base en el sofisma de que la sobrerrepresentación de hasta el 8% es por partido y no por coalición, lo que equivaldría a otorgarle a “Sigamos Haciendo Historia” entre 102 y 116 diputados adicionales. En ambos casos, el gobierno tendría entre el 71 y el 74.4% de los diputados. Suficientes para aprobar cambios constitucionales.

El problema es que entre 60 y 70 diputados de la coalición serían ilegítimos porque nadie los eligió y las reformas constitucionales que pretenden aprobar, tendrían, por tanto, una enorme ilegitimidad de origen.

Obedézcase, pero no se cumpla y en cuanto se pueda desconózcase 

¿Qué efectos tiene la ilegitimidad de origen?

En 1430 en un cuaderno de peticiones y respuestas de las Cortes de Valladolid el Rey de Castilla Juan II estableció que las leyes que él hubiera mandado, pero que contradijeran el derecho natural debían ser obedecidas pero no cumplirse: “E mando que las tales cartas sean obedecidas e non cumplidas e que por las non cumplir, aunque por mi sea mandado una, dos o tres veces, non cayan en pena aquellos a quienes se dirigieren.” 

De ahí viene el “obedézcase, pero no se cumpla” lo que significa que ante una ley ilegítima no existe razón para que se acate porque viola los derechos de las personas (en este caso la democracia representativa) y en cuanto los equilibrios políticos lo permitan debe desconocerse.

En el inicio de nuestra historia, el 31 de octubre de 1822 Iturbide desconoció al legítimo Congreso constitucional que en su mayoría le era hostil y lo sustituyó por una ilegítima Junta Nacional Instituyente con diputados nombrados por él mismo, sin embargo, cesó en sus funciones apenas el 6 de marzo de 1823 un poco antes de la abdicación de del emperador y, el 21 octubre de 1823 (un año después de la disolución del Congreso) se reunió un nuevo Congreso legítimo que aprobó la Constitución de 1824.

Más recientemente en 2006, alegando un fraude electoral, López Obrador se declaró “Presidente Legítimo” y Marcelo Ebrard quien ganó la elección para Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se negó a tratar con Felipe Calderón alegando una “ilegitimidad de origen”.

Sí el INE y después la Sala Superior del TRIFE aprueban una sobrerrepresentación de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, 60 o 70 diputados serán ilegítimos y las reformas constitucionales del Plan C que aprueben, lo serán también. 

¿Hay legalidad sin legitimidad?

Amparo Directo y Federalismo Judicial: Omisión de la Reforma Judicial

Por Bernardo León-Olea
@bernardomariale

La discusión de la iniciativa de reforma judicial que se discute ahora en el Congreso de la Unión se ha centrado principalmente en la elección de los jueces y magistrados de los poderes judiciales federal y de los estados y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque cambia radicalmente la filosofía de la neutralidad técnico-jurídica de los jueces por otra donde abiertamente tendrán propuestas y tendencias políticas.

La iniciativa propone otras cosas importantes; a) que la presidenta de la Suprema Corte no sea al mismo tiempo la presidenta del Consejo de la Judicatura; b) que haya un Tribunal (muy inquisitivo) de Disciplina Judicial; c) que los amparos contra leyes no tengan (casi en ningún caso) efectos generales, ni que sean objeto de suspensión provisional o definitiva y un largo etcétera.

Sin embargo, a pesar de que la reforma obliga a los poderes judiciales de los estados a seguir los pasos de la federación (elección popular de jueces y magistrados) olvida uno de los temas más importantes y sentidos de las entidades federativas que es el centralismo judicial representado principalmente por el amparo directo.

Me explico: el artículo 160 de la Constitución de 1824 (que estableció el federalismo en México) establecía que todas las causas civiles o criminales que conozcan los tribunales de cada estado “serán fenecidas en ellos hasta su última instancia y ejecución de la última sentencia.” Dicho de otra manera, los asuntos sometidos al conocimiento de la justicia local debían, exclusivamente, resolverse localmente.

No obstante, el idealismo federalista, poco a poco los tribunales federales han intervenido de manera definitiva en la justicia local, a través del amparo directo (que es el recurso legal más poderoso contra una sentencia definitiva) y de los tribunales colegiados de circuito que lo tramitan (que son federales) que pueden modificar parcial o totalmente las sentencias de los tribunales locales por lo que la filosofía del federalismo judicial esta muerta.(1)

Muchos litigantes agotan los procedimientos locales contra las sentencias definitivas simplemente para cumplir los requisitos necesarios para poder ir al amparo directo y que un tribunal colegiado de circuito del Poder Judicial federal pueda corregir la sentencia del tribunal local debilitando el poder del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de los juzgados del fuero común y limitando el acceso a la justicia.

El muy recordado Ministro de la Corte José de Jesús Gudiño Pelayo en una conferencia que pronunció en Morelia el 20 de agosto de 2000, bajo el título de “Federalismo e Independencia Judicial” escribió: “Ahora lo que debe seguir es que los Tribunales Colegiados […] permitan a las justicias locales resolver en última instancia las controversias del fuero común para que […] asuman en forma plena su autonomía en materia de administración de justicia.”(2)

En este sentido, sería muy bueno que más allá de elegir jueces o magistrados, se devolviera el poder a los poderes judiciales locales de concluir los asuntos de su competencia hasta la última instancia y crear Tribunales Estatales de Casación equivalentes a los tribunales colegiados de circuito o incluso Supremas Cortes estatales que pudieran resolver cualquier violación a la ley, a la Constitución del Estado o derechos humanos en las sentencias definitivas de los tribunales estatales.

El espíritu federalista de 1824 (ahora que el 4 de octubre se cumplirán 200 años de su promulgación) debe regresar por el bien de la justicia.

______________________________________

1 Rodriguez Vázquez, Miguel Ángel "La Casación y el Derecho a Recurrir en el Sistema Acusatorio" UNAM, Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General del Distrito Federal, México, 2013.

2. Op. Cit.

La Reforma Judicial y la Resurrección de Andrew Jackson

Por Bernardo León-Olea
@bernardomariale 

“…quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno solo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando.

Max Weber en “La Política como Vocación” (1919)

En México cada ciudadano tiene derecho a elegir a seis funcionarios de elección popular: 1) cabildo municipal (presidente municipal, síndicos y regidores que se eligen por planilla); 2) diputados locales; 3) gobernador; 4) diputados federales, 5) senadores; y 6) al Presidente de la República.

En Estados Unidos dependiendo el estado, entre 26 y 35 funcionarios públicos son de elección popular (ver cuadro 1). Entre estos funcionarios están los jueces del fuero común, los magistrados de apelaciones y los ministros de la Suprema Corte de Justicia estatal que en un sistema donde el federalismo es muy poderoso, son muy importantes. Los ciudadanos también eligen a los comisionados electorales que se encargan de organizar las elecciones y actualizar el padrón electoral.

Como se ve en el cuadro la participación de la ciudadanía en elecciones locales y federales es muy amplía a la que se debe añadir que deben participar como jurados en juicios civiles y penales cuando sean convocados para ello.

Cuadro 1. Funcionarios de Elección Popular en Estados Unidos

MUNICIPAL

1. Alcalde

2. Regidores

3. Juez Municipal

4. Abogado Municipal

5. Auditor Municipal

CONDADO

6. Consejeros de la Junta de Supervisores del Condado (Todo Estados Unidos está dividido en condados que es un nivel de gobierno intermedio entre el estado y los municipios)

7. Fiscal del Ministerio Público del Condado (District Attorney)

8. Director del Servicio Forense

9. Director de todos los Archivos del Condado

10. Comisionados Electorales

11. Abogado del Condado (encargado de perseguir ciertos delitos en zonas rurales del condado)

12. Comisario de Policía

13. Encargado de identificar y valuar los predios para el pago del impuesto predial (Tax Assessor)

14. Al responsable de Cobrar el Impuesto Predial (Tax Collector)

ESTATAL

15. Miembros de la Junta Distrital de Educación (Hay varios distritos escolares en cada estado). 

16. Jueces de Primera Instancia

17. Magistrados de Apelaciones

18. Ministros de la Suprema Corte Estatal

19. Diputados Locales

20. Senadores Locales (la mayoría de las legislaturas locales son bicamerales).

21. Fiscal General del Estado

22. Tesorero del Estado

23. Auditor Estatal

24. Secretario de Estado (es similar al secretario de gobierno).

25. Comisionado de Reserva Territorial

26. Vicegobernador

27. Gobernador

FEDERAL

28. Diputados Federales

29. Senadores

30. Vicepresidente

31. Presidente

Fuente: Elaboración propia con datos de  https://ballotpedia.org/Main_Page 

Además, la mayoría de estos funcionarios pueden ser revocados de su mandato con un número determinado de personas que soliciten dicha revocación (ver caso de la revocación de mandato de fiscal Chesa Boudin https://bernardoleon.blogspot.com/2022/03/elegir-y-revocar-los-fiscales.html).

¿Demasiada Democracia?

Los diputados que se reunieron en Filadelfia en 1787 para hacer la Constitución de Estados Unidos no estaban muy interesados en el sufragio universal, ni en que gobernara la voluntad de la mayoría, de hecho, su preocupación más bien era como controlar la voluntad de la mayoría. 

En primer lugar, establecieron que el derecho al voto lo regularía cada estado y normalmente solo tenían ese derecho los hombres blancos que fueran propietarios de tierras, además determinaron una forma indirecta de elegir al presidente y vicepresidente a través de un colegio electoral y los senadores serían electos por las legislaturas de los estados.

Los miembros de esa Convención Constitucional tenían una filosofía política que denominaban “republicanismo”  entendido como un sistema de balances y contrapesos que asegurarían la libertad impidiendo que nadie tuviera demasiado poder pero al mismo tiempo pondría el poder en manos de las elites, elegidas exclusivamente por los propietarios de tierras y capitales y al “pueblo” en general no debía confiársele demasiado poder .

La razón es que creían que solo aquellos ciudadanos que tenían propiedades podían votar con responsabilidad porque tenían intereses que proteger, mientras que quienes no tenían independencia económica entonces podrían ser manipulados por su patrones o votar sin ninguna responsabilidad.

Esta filosofía dominó las primeras décadas del siglo XIX en Estados Unidos donde una pequeña élite en Washington DC decidía quien sería presidente, nominando a los candidatos a través de pequeños grupos de diputados y senadores denominados “King Caucus”. Durante esos años escogían a miembros del gabinete de presidentes anteriores y que provenían del estado de Virginia o Massachusetts. Una especie de “democracia aristocrática”.

En 1824 la elección presidencial fue el principio del fin de esta “democracia aristocrática”. John Quincy Adams, hijo de John Adams (uno de los constituyentes de 1787) y en ese momento Secretario de Estado del Presidente Monroe, fue presentado como candidato a la presidencia por esta élite, pero por primera vez un candidato de un origen muy popular, sin educación formal, héroe de la guerra de 1812 contra los británicos, Andrew Jackson se postuló como una alternativa apelando a los ciudadanos y no a la aristocracia republicana para conseguir su voto.

En dicha elección apenas votaron 363,577 personas el 27% de los que podían votar, pero Andrew Jackson obtuvo la mayoría con 151,309 votos frente a 122,440 de John Quincy Adams. Sin embargo, ninguno de los dos consiguió la mayoría de los votos electorales  necesarios y la elección se definió en la Cámara de Diputados que eligió a John Quincy Adams.

Jackson por su carácter y sus propuestas asustaba mucho a la aristocracia republicana, no solo porque quería ampliar el voto a los más ciudadanos posibles, sino también porque proponía que más cargos públicos fueran de elección popular y no de designación y que se eliminara el colegio electoral, le parecía muy mal que existiera el servicio civil porque lo veía como una especie de burocracia dorada no electa que mantenía el poder sin responderle al pueblo. También proponía expulsar a los indios hacia el oeste (por la buena o por la mala) para poblar la Luisiana con familias blancas, mantener la esclavitud y sobre todo evitar que la constitución y los jueces limitaran sus políticas.

John Marshall, el famoso presidente de la Suprema Corte y uno de los últimos patriarcas de la independencia, estaba muy preocupado porque Andrew Jackson llegara al poder si se postulaba nuevamente en 1828. En su opinión, la Constitución había protegido los derechos de los individuos y sus propiedades contra la tiranía de la mayoría, pero el populismo de Jackson parecía llevar a su extremo el principio de la tiranía de la mayoría.

Según Marshall desde que Jackson perdió en 1824, los demócratas iniciaron una campaña depredadora contra John Quincy Adams y su posible sucesor, lo que polarizó al país, Marshall pensaba que esta campaña era una seria amenaza y un peligro para la felicidad pública porque había enfrentado amargamente a los ciudadanos. Marshall temía que la Constitución no pudiera sobrevivir a una victoria de Jackson y que, por ello, éste último podría manejar a la Suprema Corte a su antojo . 

En este contexto, la inmigración, el desarrollo de un capitalismo agrícola de pequeños propietarios, la incipiente industrialización y el capitalismo financiero, provocaron que más ciudadanos tuvieran derecho a votar, al grado de que para 1828, muchos estados habían ampliado ese derecho a todos los hombres blancos de más de 21 años, quitando el requisito de propiedad para poder votar.

Esto permitió que Andrew Jackson se presentara de nuevo en 1828, bajo la bandera del nuevo Partido Demócrata que proponía una ampliación del derecho a voto a todos los ciudadanos y la ruptura con la idea de una “aristocracia republicana” y transitar a una democracia mucho más amplia.

El 3 de diciembre de 1828 Andrew Jackson fue electo como el 7° Presidente de Estados Unidos, en la primera campaña donde se apeló a los más de un millón de ciudadanos con derecho a votar (hombres blancos de más de 21 años) en lugar de la pequeña aristocracia de propietarios. Si en 1824 había votado el 27% de los ciudadanos en 1828 sufragó el 57%.

Con 638,348 votos y 178 votos electorales Jackson impidió la reelección de John Quincy Adams e inauguró una época de ampliación democrática que se denominó “democracia jacksoniana” y que ha sido calificada como “populista”.

Los miembros del Partido Demócrata lidereados por Jackson creían firmemente en la “regla de la mayoría” por lo que afirmaban que los cargos públicos deben ser ocupados por quien la mayoría decida y por tanto los cargos públicos más importantes debían ser de elección popular no de designación.

A partir de ahí, los estados empezaron a cambiar sus constituciones para que además de los diputados y senadores locales y el gobernador, se eligieran por voto popular a muchos más funcionarios entre ellos los ministerios públicos, los jueces, magistrados y ministros de las Suprema Corte de cada estado que eran y siguen siendo muy importantes en el marco de un federalismo muy poderoso.

En 1832 Mississippi fue el primer estado que cambió su constitución para que todos estos cargos, fueran de elección popular, en el caso de los jueces, Frederick Robinson uno de los promotores más fervientes de la “democracia jacksoniana” argumentaba que los abogados se habían apropiado de la judicatura en general a través de las designaciones y que no estaban haciendo justicia, sino que la utilizaban para proteger y promover sus propios intereses por lo que era necesario que los jueces fueran electos popularmente. Sus argumentos suenan muy actuales para el contexto mexicano:

“De todas las reformas que nos hemos propuesto llevar a cabo, la reforma del poder judicial es la más importante […] en primer lugar los jueces tienen que ser responsables ante el pueblo a través de elecciones periódicas. El alarde de que el poder judicial es independiente solo se repite para engañar al pueblo. Ninguna parte de nuestro gobierno debe ser independiente del pueblo. Aquellos que no son responsables ante nadie tampoco deben ser confiables para nadie. ¿Ante quien son responsables los jueces? La aristocracia siempre pone el poder lejos del alcance del pueblo; y hasta que podamos llenar el poder judicial con personas con buen sentido, y amplio juicio que no pertenezcan a la secreta fraternidad de la élite de abogados, todos los intentos de simplificar las leyes y la práctica de la justicia serán en vano. ¿Qué sentido tiene legislar si los jueces pueden nulificar esas leyes a su placer?”  

Sin embargo, detrás de esas proclamas democráticas, la intención era debilitar a los jueces para que no controlaran las decisiones del gobernador o de las legislaturas estatales y de las reformas populistas que proponía la “democracia jacksoniana”. Sin embargo, al parecer el efecto fue el contrario de lo esperado, los jueces electos se volvieron más independientes del poder ejecutivo y legislativo y anularon muchas más leyes que les parecían inconstitucionales de lo que lo habían hecho los jueces designados . 

Andrew Jackson no se atrevió a modificar la Constitución federal para que los jueces federales o los ministros de la Suprema Corte de la Nación fueran electos popularmente, quizás porque la forma en que se nombran los jueces, magistrados y ministros federales de acuerdo a la Constitución, le da mucho poder al Presidente en la decisión ya que solo él nomina a los candidatos a jueces, magistrados y Ministros de la Corte y el Senado los aprueba o los rechaza y normalmente son nombramiento con mucha carga política. Andrew Jackson pudo designar 23 jueces federales, entre ellos seis (de nueve) ministros de la Suprema Corte.

Lo único que mantuvo a la Constitución funcionando fue la inteligencia del Presidente de la Suprema Corte John Marshall hasta su muerte en 1835 y el hecho de que los ministros, magistrados y jueces duran de por vida (la mayoría no le debía el puesto) lo que atenuó las ansias autoritarias del presidente Jackson y sus seguidores y la institución del jurado que le quita a los jueces el poder de juzgar.

El Equilibrio de los Jurados

Alexis de Toqueville llegó a visitar Estados Unidos justo cuando empezaba la “democracia jacksoniana” y cuando observó la institución del jurado escribió en la Democracia en América:

 “… el pueblo nombra a quien hace la ley y a quien la ejecuta; él mismo forma el jurado que castiga las infracciones de la ley. No solamente las instituciones son democráticas en su principio, sino también en todo su desarrollo.”

 “La institución del jurado puede ser aristocrática o democrática, según la clase donde se tome a los jurados; pero conserva su carácter republicano, en cuanto que coloca la dirección real de la sociedad en manos de los gobernados o de una parte de ellos, y no en la de los gobernantes.”

En Estados Unidos 43 estados eligen a sus jueces por voto popular y mucha gente se pregunta ¿cómo en un sistema donde 43 estados eligen a sus jueces popularmente, se evita que estos puedan actuar parcialmente frente a los intereses de la mayoría que los eligió? 

La respuesta está lejos de ser simple porque hay jueces que actúan parcialmente, sin embargo, cuando un ciudadano desconfía de la imparcialidad del juez que lo va a juzgar tanto en materia civil como penal, puede ejercer su derecho inalienable a ser juzgado por un jurado imparcial de ciudadanos que son escogidos por las partes en conflicto y que tienen la peculiaridad de que le quitan al juez el poder de determinar el veredicto (esa es la facultad de los jurados) y así evitar que se imponga el sesgo que pueda tener el juez.

En la reforma que propone MORENA no hay jurados.

La Reforma Judicial de AMLO

Lo que propone López Obrador no es la elección de jueces y magistrados estatales y federales, ni de ministros de la Suprema Corte sino la ratificación de los nombramientos, que ya hicieron los poderes. Me explico, de acuerdo con la iniciativa y el dictamen los candidatos a ministros de la Corte, magistrados federales y estatales y a jueces federales y locales serán designados por cada uno de los tres poderes . Por ejemplo, para la Suprema Corte, el Presidente nombrará 10 candidatos, el Poder Legislativo otros 10 y el Poder judicial 10, nadie más podrá postularse, por tanto la sociedad solamente ratificará, en el restringido marco de esas opciones, a quien mejor le parezca.

En el caso de Estados Unidos, la elección popular de jueces es mucho más abierta, en algunos estados los partidos políticos celebran elecciones primarias donde se inscriben los aspirantes que cumplan los requisitos y cada partido elige a sus candidatos que a su vez serán electos en las elecciones generales y en otros estados el estado organiza una elección primaria pero los candidatos no deben manifestar su preferencia partidaria, si es que la tienen.

En todos los casos se exige que los candidatos tengan el título de abogado y hayan pasado el examen de la Barra de abogados, por ejemplo, en Wisconsin los ministros de la Suprema Corte estatal son electos por periodos de siete años, tienen que ser abogados y haber aprobado el examen de la Barra por lo menos cinco años antes de postularse. Los magistrados son igual pero sólo duran seis años al igual que los jueces y los municipales duran periodos de cuatro años. Todos pueden reelegirse.

Andrew Jackson no tuvo una educación formal, estuvo asistiendo a un abogado y esa pasantía y mucho estudio le permitió aprobar el examen de la Barra de Abogados y después litigar, ser juez y ministro de la Suprema Corte del estado de Tennessee.

¿No sería bueno aprovechar la reforma para obligar a los abogados a colegiarse obligatoriamente, a que pasen un examen de la Barra de Abogados para poder asesorar y litigar en favor de sus clientes, para que se pueda asegurar su competencia técnica y para vigilar su comportamiento ético? Así los abogados que quisieran postularse para jueces, magistrados o ministros tendrían por lo menos la competencia técnica y el control ético que requieren los miembros de la judicatura, en lugar de que los tres poderes designen por sus acuerdos políticos internos y a veces inconfesables a los candidatos que la ciudadanía va a ratificar.

Nada de eso viene en la reforma.

El Problema del Crimen Organizado y la Competencia 

Una de las principales preocupaciones sobre la elección popular de los jueces, es el posible involucramiento del crimen organizado para imponer jueces y magistrados afectos a sus intereses. Pero, considerando que los gobernadores, las legislaturas locales y los poderes judiciales locales serán quienes postulen exclusivamente a los candidatos puede atenuarse ese problema a menos que los poderes de un estado estén sometidos al crimen organizado.

 Sin embargo, la reflexión es oportuna porque la misma preocupación existe en la elección de presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores e incluso gobernadores, sin embargo, este peligro no ha derivado en proponer que estos funcionarios (presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores e incluso gobernadores) dejen de ser electos popularmente. Argumentar que los funcionarios sean electos por miedo a la infiltración del crimen cuestiona en general la elección democrática de los principales funcionarios del país, cuando lo que se debe cuestionar es la eficacia de la seguridad pública para controlar al crimen.

Evitar la infiltración del crimen organizado en la designación de funcionarios de elección popular no implica eliminar las elecciones para ciertos puestos, sino que se investigue, persiga y procese a los miembros de la delincuencia organizada. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia a través de la Sección de Integridad Pública (PIN) y el FBI investigan a los funcionarios federales, estatales y municipales sospechosos de cometer actos de corrupción y evidentemente de colaborar con el crimen organizado.

Otro problema que se ha planteado es el de la capacidad de los candidatos a ocupar los cargos de las judicaturas tanto estatales como federales, la hipótesis de que se propongan candidatos con popularidad, pero sin la capacidad técnica y que los electores tampoco puedan entender las capacidades que el juez debe tener para resolver casos complejos y hacer justicia.

Es una preocupación legitima y el hecho de que los poderes elijan a los candidatos tampoco soluciona el problema, sin embargo, ante la inminencia de la reforma, es importante observar el caso de los legisladores, que son electos por su popularidad (al menos en teoría), pero desconocen en muchos casos las materias sobre las que van a legislar. Por ello, tienen asesores (en otros países llamados letrados) que pueden sustituir las limitaciones técnicas (pero no las políticas) de los legisladores. Lo mismo tendrá que pasar con los jueces, magistrados y ministros que además de requisitos de una mínima competencia técnica, deberán tener asistentes técnicos que sustituyan sus limitaciones acerca de las complejidades del derecho moderno.

Complementar la Reforma Judicial ante su inminencia

La Reforma Judicial que propone MORENA, está enfocada sobre todo a la elección popular de los jueces, magistrados estatales y federales y los ministros de la Suprema Corte, es una reforma que parece inminente por las mayorías que tiene la coalición gobernante en el congreso y en las legislaturas locales, el llamado constituyente permanente.

Aunque es necesaria una reforma judicial profunda que en realidad tiene temas mucho más importantes que la forma de elegir a los jueces, por ejemplo, la reforma al amparo directo y la creación de los tribunales estatales de casación y en general el fortalecimiento de los poderes judiciales estatales, la realidad es que el Plan C parece tener la fuerza política para votarse y aprobarse en el corto plazo.

El populismo es un peligro permanente de las democracias Andrew Jackson es un ejemplo paradigmático de ello, sin embargo, no tiene por qué ser el fin de la democracia mexicana, debe, más bien, ante su inminencia, ser una oportunidad de cambio que amplié el acceso a la justicia y que abra el poder judicial a la ciudadanía.

Bajo esta premisa, el sesgo de los jueces electos puede tener el contrapeso de los jurados, el problema de la popularidad frente a la capacidad técnica se puede compensar con asesores, la ratificación de los candidatos ya designados por los poderes puede resolverse democráticamente abriéndolo a la sociedad y obligando a los abogados a colegiarse y garantizar así su competencia y probidad para abrir la elección a la sociedad. 

Parafraseando a Weber ni todo lo bueno que haga AMLO producirá el bien y no todo lo malo el mal, tal vez sea todo lo contrario.

¿Qué pensaría Andrew Jackson y los seguidores de la “democracia jacksoniana”?

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  Meacham, Jon.  American Lion, Andrew Jackson in the White House. Pp.43, 44. Ed.Randon House 2008.

  Meacham, Jon.  American Lion, Andrew Jackson in the White House. Pp.44. Ed.Randon House 2008.

  Cada estado de acuerdo a su población tiene derecho a un número de votos electorales y aunque el voto popular decide quien se lleva los votos electorales, a veces no coinciden y un candidato puede obtener más votos populares pero menos electorales.

  Richard Paul, Joel. Without Precedent, Chief Justice John Marshall and his Times, pp 385, 386, 387, Ed. Riverhead Books 2018.

  https://www.ushistory.org/us/23b.asp 

  Handelsman Shugerman, Jed. ECONOMIC CRISIS AND THE RISE OF JUDICIAL ELECTIONS AND JUDICIAL REVIEW, HARVARD LAW REVIEW, Vol. 123:1061 VOLUME 123 MARCH 2010 NUMBER 5

   Iniciativa del Ejecutivo federal Con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial  https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2024/feb/20240205-15.pdf 

Decálogo Ciudadano: Gobernar Participando

 Por Bernardo León-Olea

1. Gobierna Participando: La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sólo participando puedes ejercer tu derecho a gobernar desde la sociedad. El gobierno decide como se gastan 9 billones de presupuesto, dirige a millones de funcionarios públicos, maestros, policías, médicos, enfermeras, etc., debemos tener voz y voto en las decisiones que nos afectan a todos en general y a cada uno en particular.

2. Infórmate: Para gobernar participando lo primero es estar bien informado, dedícale un tiempo a informarte y obtén las noticias de medios reconocidos, al mismo tiempo verifica que la información en las redes sea de un medio o persona confiable. Es fundamental defender la libertad de expresión y la transparencia en la información siendo crítico con los medios para que publiquen la verdad. La información verídica es clave para que la participación sea efectiva. 

3. Vota e invita a votar: Para gobernar participando es fundamental ir a votar en las elecciones e invitar a votar a por lo menos cinco personas. El abstencionismo acaba por matar la democracia y deja en manos de cúpulas muy pequeñas las decisiones que nos afectan a todos. 

4. Escríbele a tu diputado: Gobernar participando implica que además de elegir a tu diputado, mantengas contacto permanente con él o ella, para exigir que cumpla lo que prometió, para que atienda tus solicitudes y para que sepa que si no cumple se va de regreso a su casa.

5. Se caritativo (Generoso): Gobernar participando implica donar un poco de tu tiempo o si se puede, de tu dinero a las causas que te parezcan importantes (organizaciones de derechos humanos, de protección al medio ambiente, etc.).

6. Tolera: Gobernar participando implica que no todos piensan igual, ni tienen los mismos intereses, pero no por eso son enemigos. Tenemos que seguir conviviendo con los que piensan igual y con los que no. Argumenta con datos y razones y no con insultos, que se note tu intención de gobernar dialogando. Escucha para ser escuchado.

7. Globalízate: para gobernar participando es importante darnos cuenta cómo influye en México todo lo que pasa en el mundo, y que el mundo sepa lo que pasa en México. Los intercambios comerciales, el cambio climático, la cultura, la migración, el problema del narcotráfico, nuestra participación siempre tiene que considerar el entorno global.

8. Exige: gobernar participando no implica sólo ir a votar el día de las elecciones por los candidatos que designaron los partidos, es importante que los ciudadanos podamos también, elegir a los candidatos de los partidos. Exigir que la democracia no esté en manos de unos cuantos líderes de partidos políticos sino de toda la sociedad es fundamental.

9. Exige tu acceso a la justicia: gobernar participando es tener acceso a la justicia para hacer efectivos tus derechos. En México 9 de cada 10 víctimas no denuncia y 99 de cada 100 delitos quedan impunes. Exigir que sea muy fácil denunciar y que haya empatía con las víctimas significa garantizar un sistema de justicia que nos iguale a todos ante la ley y haga efectivos los derechos de cada uno.

Gobernar participando no solo incluye la justicia penal, es importante que cuando tengas un problema de deudas, un divorcio, un problema con la renta de tu casa o negocio, etc., tengas acceso a la justicia. Exigir un sistema de justicia que le dé a cada uno lo que le corresponda es fundamental. Acuérdate que la justicia local es la que mayor carga tiene.

10. Se jurado: En nuestro sistema por el momento no se permiten los jurados, pero para gobernar participando es fundamental que la justicia esté en manos de los ciudadanos, es necesario que los ciudadanos no seamos espectadores pasivos en el sistema de justicia sino que tengamos derecho a participar activamente como jurados. Exigir este derecho es clave para gobernar participando.